Lunes, 15 Abril 2019 14:16

El Gobierno de Canarias aprueba la jornada laboral de 35 horas semanales en el Servicio Canario de la Salud

  • Esta medida conllevará la contratación de alrededor de 750 profesionales de todas las categorías y una inversión de unos 30 millones de euros anuales

El Consejo de Gobierno celebrado en su sesión de hoy, lunes 15 de abril, aprobó un acuerdo que permite aplicar la jornada laboral de 35 horas semanales para los trabajadores del Servicio Canario de la Salud, medida que entrará en vigor el próximo 1 de mayo. Se trata de una medida recogida en el documento del Compromiso para la Mejora de la Sanidad pública de Canarias que da respuesta a una reivindicación de las organizaciones sindicales desde que hace siete años se estableciera la jornada en 37,5 horas con motivo de la crisis económica.

La entrada en vigor de la jornada de 35 horas en el Servicio Canario de la Salud implicará la contratación de alrededor de 750 profesionales, lo que conllevará una inversión de 30.000.000 de euros anuales para hacer frente a la reestructuración en las plantillas que supondrá esta nueva normativa.

Esta medida se aplica una vez la Comunidad Autónoma de Canarias ha podido incrementar el gasto no financiero hasta el límite del equilibrio estructural sin dejar de cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y de deuda pública para 2019.

El acuerdo aprobado esta mañana contempla que la jornada ordinaria, promedio del personal adscrito a las instituciones sanitarias integradas en el Servicio Canario de Salud, sea cual sea la naturaleza de su vínculo jurídico, será de 35 horas a partir del 1 de mayo de este año. La materialización del acuerdo corresponderá al director del Servicio Canario de Salud, quien ha de dictar las instrucciones para su aplicación.

La medida responde igualmente a una iniciativa global del Ejecutivo canario que ha apostado desde el primer momento por el establecimiento de la jornada ordinaria de trabajo de 35 horas semanales en el conjunto de la Administración autonómica de promedio en cómputo anual, en línea con los acuerdos alcanzados entre la Administración del Estado y tres de las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal para la mejora del empleo público, por lo que ahora lo acuerda dentro del marco de sus competencias al considerarlo justo y necesario.