El Gobierno de Canarias autoriza la implantación y extinción de nuevas enseñanzas universitarias oficiales
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Los acuerdos responden a los procedimientos establecidos para la ordenación de las titulaciones del sistema universitario canario
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este viernes, a propuesta de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, varios decretos relativos a la implantación y extinción de enseñanzas universitarias oficiales en Canarias.
En concreto, el Ejecutivo ha autorizado la implantación en la Universidad Tecnológica de las Islas Canarias de los grados en Economía y Turismo y de los másteres universitarios en Dirección de la Gestión Pública, Dirección y Gestión Financiera, Marketing Digital, Dirección y Gestión Sanitaria, Psicología Forense y Dirección y Gestión de Recursos Humanos.
Las titulaciones han completado los procedimientos previstos para su autorización, que incluyen la evaluación de su necesidad y viabilidad académica y social, la verificación de la calidad de los planes de estudios y la correspondiente resolución favorable del Consejo de Universidades. Según consta en los expedientes, su implantación no supone coste para la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.
El Consejo de Gobierno ha autorizado, asimismo, la extinción del Máster Universitario en Educación Bilingüe de la Universidad del Atlántico Medio, a solicitud de la propia institución universitaria debido a la insuficiente demanda registrada durante los últimos cursos académicos.
El procedimiento garantiza que el estudiantado que ya haya iniciado la titulación pueda finalizar sus estudios y establece que durante el periodo de extinción no se admitirá nuevo estudiantado.
El Gobierno de Canarias solicita al Estado que asuma el triaje de los migrantes y la figura del defensor del menor
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La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, mantendrá una reunión este lunes con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz
El Gobierno de Canarias mantendrá una reunión el próximo lunes, día 7, con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la que solicitará nuevamente que el Estado asuma el triaje de los migrantes y la figura del defensor del menor. Así lo informó este viernes el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, tras el Consejo de Gobierno. Cabello señaló además, que la consejera de Bienestar, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, se reunirá con la ministra, Elma Saiz, en un encuentro que también contará con la presencia del viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil; y la secretaria general técnica, Ángeles Bogas. Además, Delgado ha solicitado que en la reunión participe algún representante del Ministerio de Infancia y Adolescencia.
El triaje de las personas migrantes es uno de los principales temas que se abordarán en la reunión. El artículo 8 del reglamento de la Unión Europea 2024-1356 que lleva a cabo la ejecución del Pacto Europeo de Migración y Asilo establece que es una competencia exclusiva del Estado y que el mismo se puede realizar en la frontera exterior. Así lo expuso Candelaria Delgado en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada la pasada semana en Madrid, donde señaló que el triaje y dotar a los menores migrantes no acompañados de la figura de un representante del menor, tal y como se contempla en el Pacto Europeo de Migración, es una competencia estatal.
El Gobierno de Canarias también quiere que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones clarifique el alcance de las nuevas obligaciones derivadas del Pacto Europeo de Migración y Asilo y que se establezca un procedimiento homogéneo para todas las comunidades autónomas con el fin de garantizar la coordinación institucional necesaria para su correcta aplicación, tal y como lleva meses reclamando de manera expresa y por escrito a los ministerios correspondientes.
El Ejecutivo autonómico recuerda que siempre ha mostrado su máxima disposición a colaborar con el Estado en la protección de los niños, niñas y adolescentes migrantes y en la correcta aplicación de la normativa europea. En ese sentido, considera que una materia de esta trascendencia debe abordarse desde la cooperación institucional, la seguridad jurídica y el respeto al reparto competencial, y no mediante requerimientos unilaterales acompañados de advertencias sobre eventuales consecuencias jurídicas.
Durante la reunión, el Gobierno de Canarias también preguntará sobre la situación migratoria actual y la planificación ante las llegadas irregulares por vía marítima, aérea y terrestre al territorio nacional en los próximos meses. Asimismo, solicitará información sobre la implementación del Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y su impacto económico.