El Ayuntamiento de Mogán ha votado este viernes en contra de la urgencia de la Junta General extraordinaria del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria porque la documentación se remitió a los miembros consorciados con menos de 24 horas de antelación, sin tiempo suficiente para estudiarla, y se ha abstenido en la modificación de crédito de dos millones de euros para pagar las horas extraordinarias pendientes de septiembre a diciembre de 2025. El Consistorio no se opone al abono de estas cantidades –que considera que los bomberos deben percibir íntegramente–, pero cuestiona que el Consorcio siga recurriendo a las horas extraordinarias para cubrir de forma permanente la falta de personal y reclama una ampliación de la plantilla mediante la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), vigente desde 2007.
La postura de Mogán fue defendida en la Junta por la alcaldesa y concejala de Seguridad Ciudadana, Onalia Bueno, que justificó su voto en contra de la urgencia al entender que los miembros consorciados deben disponer del tiempo necesario para estudiar los expedientes que se someten a consideración. En este sentido, cuestionó que un expediente de esta relevancia se remitiera sin margen suficiente para su análisis en profundidad, una situación que, señaló, se ha repetido en otras convocatorias extraordinarias y urgentes.
En lo que respecta a la modificación de crédito aprobada, esta permitirá abonar los servicios extraordinarios pendientes correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025. Sin embargo, la alcaldesa defiende que el Consorcio debe ir más allá y regularizar también las cantidades pendientes correspondientes a 2026, ya que los bomberos continúan acumulando horas extraordinarias sin percibir la compensación económica correspondiente. “Lo que no puede seguir haciendo el Consorcio es pagar con horas extras un déficit estructural de personal”, sostiene.
La alcaldesa recuerda que la RPT del Consorcio data de 2007 y contempla 235 efectivos. Sin embargo, considera que esa planificación ha quedado desfasada tras casi dos décadas sin una actualización integral de las necesidades del servicio. Además, señala que los bomberos han obtenido sentencias judiciales firmes que les reconocen una jornada compensada por el trabajo a turnos, lo que ha supuesto una reducción de las horas efectivas de trabajo disponibles por cada profesional.
Por tanto, a su juicio, una vez conocidas estas resoluciones, el Consorcio debería haber revisado la RPT y negociado con los representantes de los trabajadores una ampliación de plantilla que permitiera mantener la operatividad de los parques sin depender de forma permanente de las horas extraordinarias. Actualmente, el parque de bomberos de Tejeda permanece cerrado.
En este sentido, las estimaciones que maneja el Ayuntamiento apuntan a que los parques de bomberos de Gran Canaria necesitarían en torno a 300 efectivos para responder a las necesidades actuales del servicio, lo que supondría incrementar la plantilla en aproximadamente 70 profesionales respecto a los contemplados actualmente en la RPT.
El Consorcio ha destinado seis millones de euros al pago de horas extraordinarias correspondientes a 2025 y, previsiblemente, tendrá que destinar otros cinco millones para abonar las de 2026, una situación que, según Bueno, "evidencia la necesidad de adoptar medidas estructurales con urgencia". No obstante, estas podrían demorarse ya que, durante la Junta, el consejero de Hacienda y Emergencias del Cabildo y presidente del Consorcio, Pedro Francisco Justo Brito, le trasladó que el organismo carece actualmente de personal técnico suficiente para impulsar la revisión de la RPT y la reorganización del servicio.
"Las horas extraordinarias deben servir para atender situaciones excepcionales, como grandes emergencias, incendios forestales o fenómenos meteorológicos adversos, no para suplir de forma permanente la falta de personal", insiste Bueno. A su juicio, la dependencia continuada de este sistema "es una muestra más de la mala gestión, incapacidad e irresponsabilidad del Cabildo de Gran Canaria de Antonio Morales, que en doce años de gobierno no ha sido capaz de adaptar la plantilla del Consorcio a las necesidades reales del servicio, optando por una solución basada en horas extraordinarias que termina resultando más costosa para las arcas públicas".