La alcaldesa formaliza por escrito su solicitud de destitución del director gerente y del secretario de Puertos Canarios tras la sentencia del TSJC que reconoció la legitimación del Ayuntamiento de Mogán en el caso del Puerto Deportivo de Puerto Rico.
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno García, remitió el viernes, 2 de octubre, una carta al Presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y otra al Presidente de Puertos Canarios, Pablo González, solicitando el cese inmediato de José Gilberto Moreno García, director gerente de Puertos Canarios, y de Enrique Wiot Benavides, secretario del Consejo de Administración y director administrativo del ente público, a quienes atribuye una actuación sistemática contra los intereses del Ayuntamiento de Mogán en lo que respecta a las solicitudes de concesiones del Puerto Deportivo de Puerto Rico y Puerto de Mogán.
La petición formaliza la exigencia pública realizada por Bueno el pasado 25 de septiembre, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias rechazara los argumentos defendidos por Puertos Canarios para intentar excluir al Ayuntamiento de Mogán del procedimiento judicial relacionado con la concesión del Puerto Deportivo de Puerto Rico y reconociera expresamente la legitimación municipal para intervenir en el mismo.
En los escritos remitidos esta mañana, Bueno sostiene que tanto José Gilberto Moreno García como Enrique Wiot Benavides son responsables de una actuación que ha supuesto años de obstáculos al Consistorio moganero en asuntos relacionados con los puertos deportivos de Puerto Rico y Puerto de Mogán.
Puertos Canarios ha negado reiteradamente la participación municipal en expedientes que afectan directamente al municipio, dificultando el acceso a información pública y favoreciendo los intereses de las concesionarias privadas frente al interés general.
La alcaldesa recuerda que la reciente sentencia del TSJC confirmó precisamente lo que el Ayuntamiento venía defendiendo desde el inicio, y es que Mogán tiene un interés legítimo e institucional propio en todo lo relativo a la explotación del Puerto Deportivo de Puerto Rico, y por ende también en el de Puerto de Mogán, por su incidencia directa en competencias municipales como la ordenación urbanística, la movilidad, la seguridad, la actividad económica y turística, la protección ambiental y el uso público.
Para Bueno, la resolución judicial constituye una desautorización de la estrategia jurídica impulsada por José Gilberto Moreno García y Enrique Wiot Benavides. Así, en los escritos, la alcaldesa sostiene que ambos responsables han mantenido durante años una actuación dirigida a excluir al Ayuntamiento de Mogán de los procedimientos vinculados a los puertos deportivos de Puerto Rico y Puerto de Mogán, negándole su condición de interesado, dificultando el acceso a información pública y documentación de los expedientes y favoreciendo la tramitación de solicitudes promovidas por entidades privadas.
Asimismo, reprocha a Puertos Canarios la falta de actuación ante las denuncias municipales sobre presuntos incumplimientos de las concesionarias en materia de mantenimiento y conservación de las instalaciones portuarias, así como la continuidad de determinados procedimientos pese a las advertencias y requerimientos efectuados desde Gobierno de Canarias para analizar posibles irregularidades en su tramitación.
Según expone la regidora, esta forma de proceder ha derivado en situaciones irregulares desde el punto de vista administrativo, además de una estrategia jurídica que ha terminado siendo corregida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
"La Justicia ha tenido que reconocer un derecho que Puertos Canarios ha tratado de negar durante años al Ayuntamiento de Mogán. Quienes impulsaron y defendieron esa estrategia no pueden seguir ocupando responsabilidades al frente de una entidad pública", sostiene.
Por ello solicita formalmente tanto al presidente de Gobierno de Canarias y como al de Puertos Canarios la destitución inmediata de estas dos personas, al entender que han perdido la confianza política e institucional necesaria para continuar al frente del ente público.