La portavoz de Coalición Canaria apela al apoyo del Defensor del Pueblo para mantener las prestaciones hasta que las fincas sean productivas

Valido subraya que “no es justo ni comprensible” que la ayuda del Estado sea denegada en cuanto se siembra y no se mantenga hasta la cosecha

Madrid, 23 de abril de 2025 

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha presentado hoy, martes, una pregunta parlamentaria dirigida al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno estatal para reclamar la recuperación de la ayuda económica por cese de actividad para agricultores afectados por la erupción volcánica en la isla de La Palma. En este ámbito, Valido subraya que los profesionales agrícolas contaban con la prestación estatal por cese de actividad pero fue retirada posteriormente cuando los agricultores comenzaron a preparar sus superficies de suelo de uso agrícola, pero aún está por llegar la fase de cultivo y cosecha efectiva.

En una pregunta dirigida a la ministra titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la diputada nacionalista canaria explica que el hecho inicial de emprender las necesarias labores de acondicionamiento y siembra de las superficies agrícolas que resultaron afectadas por la erupción de 2021 no implica necesariamente que los terrenos sean ya productivos. Este hecho generó una serie de denegaciones de solicitudes de prestaciones públicas por cese de actividad al entender el Gobierno de España que, con las labores de acondicionamiento y siembra, las fincas comienzan ya a ser productivas.

“Hemos visto cómo se rechazaban unas ayudas que son necesarias para dar apoyo directo a un sector agrícola que resultó muy afectado por la erupción que destrozó muchas fincas agrícolas en los tres municipios afectados en el Valle de Aridane”, señala Cristina Valido en su iniciativa parlamentaria sobre las explotaciones agrícolas en El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte. “No es comprensible que se denieguen estas ayudas cuando lo que por ahora han podido poner en marcha los trabajadores de las explotaciones agrícolas son tareas para la adecuación de la parte de suelo que permite la resiembra y así volver a la normalidad”, indica la portavoz de Coalición Canaria, “pero esa anhelada normalidad solo se alcanzará cuando pasen unos años, es decir, por ahora no hay beneficios a corto plazo con la recuperación de las fincas”.

En la argumentación de su iniciativa parlamentaria en el Congreso, Valido incide en que “cualquiera que conozca mínimamente la actividad agrícola sabe el tiempo que lleva que un suelo destinado a la agricultura vuelva a producir, entre otros factores porque la reposición de tierras solo es posible cuando la temperatura de las lavas que arrasaron estas fincas lo permita”. En este sentido, la diputada nacionalista canaria subraya “la clara situación de desprotección que sufren los agricultores palmeros del Valle de Aridane”, donde hasta el 75% del terreno afectado continúa sepultado por las lavas.

También esgrime Cristina Valido un informe oficial del Defensor del Pueblo en el que su titular, Ángel Gabilondo, ha apoyado la solicitud de los afectados en la isla de La Palma e insiste en que la recuperación efectiva de las ayudas se lleve a cabo con carácter retroactivo y a la mayor brevedad. En ese ámbito, la diputada de Coalición Canaria eleva al Gobierno de España una serie de conclusiones del Defensor del Pueblo en las que, como recoge su informe oficial, asume que las ayudas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones son necesarias mientras las fincas afectadas no sea productivas.

De hecho, el informe del Defensor del Pueblo reconoce que, “tras un análisis efectuado respecto a la situación planteada, se concluye que, efectivamente, los sucesivos reales decretos-leyes que han ido estableciendo y prorrogando las medidas en favor de trabajadores autónomos afectados por la erupción volcánica en La Palma no han tenido en cuenta que aquellos trabajadores autónomos que han tenido que suspender temporalmente la actividad agrícola y reinician esa actividad tienen que realizar trabajos como pueden ser sembrar o plantar, que resultan necesarios para obtener la cosecha y después han de esperar a que fructifique, por lo que durante ese periodo, a pesar de realizar esa actividad, no perciben rendimientos económicos”.

Por ello, el Defensor del Pueblo considera que la situación planteada desde la isla de La Palma en relación a los trabajadores autónomos del sector de la agricultura en el Valle de Aridane “justifica la acción protectora de Seguridad Social, ya que la mejor solución sería que el real decreto que eventualmente pudiera prorrogar dicha prestación para estos trabajadores autónomos del sector agrícola de la isla incluyera una excepción indicando que el reinicio de la actividad en el año 2025 no será obstáculo para el reconocimiento de este tipo de prestación y su mantenimiento en tanto no se haya obtenido la nueva cosecha y los rendimientos económicos derivados de esas cosechas”.

El Defensor del Pueblo constata, además, que medidas de apoyo público desde el Estado como las reclamadas por la portavoz de Coalición Canaria ya han sido aprobadas y puestas en marcha en los terrenos agrícolas afectados por la dana en la Comunidad Valenciana. Por ello, valora la posibilidad de que pese al tiempo transcurrido desde la erupción volcánica “la previsión legal debería contemplar el acceso a la prestación por afectación a cualquier persona que hubiera tenido inicialmente suspendida la actividad y acredite tenerla afectada, y no únicamente a quienes el año anterior hubieran dejado de tener suspendida la actividad” en los municipios del Valle de Aridane.