El Gobierno declara la situación de emergencia tecnológica para reforzar la atención digital a los ciudadanos
- La medida estará en vigor desde el 1 de julio al 31 de diciembre para activar un paquete de actuaciones clave que fortalecerán el sistema informático de la Comunidad Autónoma
El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes a propuesta de la Dirección General de Transformación Digital la declaración de emergencia tecnológica en la Comunidad Autónoma de Canarias, una medida excepcional cuyo objetivo es agilizar la puesta en marcha de un conjunto de actuaciones destinadas a reforzar el sistema informático del Ejecutivo autonómico y garantizar el mejor servicio posible a la ciudadanía.
La decisión se enmarca dentro del compromiso del Gobierno canario con la modernización digital de la Administración pública, tras detectar la necesidad de dotar al sistema de mayor capacidad, resiliencia y eficiencia.
Esta declaración de emergencia coincide con el fallo de los servidores de la Comunidad Autónoma registrado la pasada semana. En este sentido, la directora general de Transformación Digital, Guadalupe González Taño apuntó “a la necesidad de adoptar medidas decididas y eficaces para dotar a nuestra Comunidad de un mayor músculo tecnológico. La declaración de emergencia nos permite avanzar con la máxima agilidad en esa dirección”.
Desde el Gobierno se subraya que esta medida refleja una vez más la capacidad de respuesta firme y valiente ante los retos tecnológicos, actuando siempre con el ciudadano en el centro de las decisiones.
“Nuestro objetivo es claro: seguir avanzando en la digitalización de los servicios públicos como herramienta clave para mejorar la vida de la gente”, añadió González Taño.
Seis meses para fortalecer el sistema
La emergencia tecnológica estará en vigor desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2025, aunque podrán ampliarse si fuese necesario Durante este periodo, el Gobierno de Canarias pondrá en marcha un paquete integral de acciones para mejorar la estructura tecnológica de la Administración pública autonómica que permitirán reforzar la seguridad, capacidad de respuesta, eficiencia operativa y calidad de la atención digital que se presta a la ciudadanía.
Entre las medidas aprobadas hoy por el Consejo de Gobierno figura la autorización al Ejecutivo para la contratación por la vía de urgencia de los servicios y recursos necesarios para el fortalecimiento del sistema, la agilización en la ejecución de contratos tecnológicos estratégicos, el refuerzo del personal técnico y la autorización de horas extraordinarias para los equipos especializados que trabajarán en la mejora y estabilización de los sistemas.
Compromiso con una administración digital fuerte
El Gobierno de Canarias reafirma su compromiso con la transformación digital como herramienta para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, reducir trámites, garantizar la equidad en el acceso a los servicios y asegurar la eficiencia del sector público.
Entre los servicios que presta el Gobierno canario y que reforzará esta declaración figura la Sede Electrónica y el Punto General de Acceso de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la que están integrados todos los departamentos del Gobierno de Canarias y los organismos públicos a excepción de la Agencia Tributaria Canaria y el Servicio Canario de Empleo. También incluye las herramientas a disposición de los empleados públicos, entre ellas, el Portafirmas electrónico, que permite la gestión centralizada de los documentos o el servicio de correo electrónico. Asimismo, gestiona los sistemas Atlante, ligado a la gestión judicial y Rescan, encargado del sistema de emergencias, que no se vieron afectados por la incidencia registrada la semana pasada.
El Gobierno aprueba el primer Instrumento de Planificación Estratégica (IPE) de Funcatra
- El documento, con vigencia hasta 2028, pretende optimizar el funcionamiento de la empresa pública, mejorando su estructura de recursos humanos y modernizando su organigrama
- A través de esta estrategia se crean seis nuevas plazas con carácter indefinido y se autoriza la convocatoria de cuatro cambios de categoría profesional
El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este lunes el primer Instrumento de Planificación Estratégica (IPE) de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (Funcatra) para el periodo 2025-2028.
Este organismo, perteneciente a la Consejería de Turismo y Empleo, y dependiente del Servicio Canario de Empleo (SCE), tiene como objetivo promover el fomento y progreso del trabajo, contribuyendo a la mejora de la empleabilidad de la ciudadanía con el fin de impulsar la generación de empleo estable y de calidad en Canarias.
La consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, afirma que Funcatra “aspira a ser un actor relevante en el desarrollo del empleo y del tejido productivo en el archipiélago, aportando valor a la sociedad, intentando hacer efectivos los principios de eficacia, eficiencia y servicio al ciudadano”. Además, “pretende ser un modelo de fundación que incorpore e integre el talento y la capacidad de su personal en la gestión de sus áreas competenciales, mediante procesos ágiles, eficientes, de calidad, innovadores y digitales”, apuntó.
Según consta en la memoria justificativa, el IPE trata de modernizar la estructura organizativa de la fundación para lograr una mayor eficacia en las actuaciones, de tal forma que se asemeje a una organización empresarial moderna, con agilidad en las decisiones internas para lograr las metas marcadas de cara a los próximos años.
Para ello, contiene la aprobación del nuevo organigrama institucional, la aprobación de seis nuevas plazas indefinidas y cuatro cambios de categorías profesionales mediante la convocatoria del proceso selectivo que corresponde legalmente, las cuales se distribuyen en Departamento Económico Administrativo; Departamento de Empleo; Departamento de Recursos Humanos; y Departamento de Observatorio Canario de Empleo (OBECAN).
Actualmente Funcatra cuenta con setenta y tres trabajadores, cincuenta como personal fijo y veintitrés de carácter eventual.
El propósito es que todos los departamentos tengan un número de trabajadores suficiente para llevar a cabo las tareas necesarias, y que estos realicen las funciones acorde a la categoría que ostentan. Asimismo, dentro de estos cambios de la organización se pretende modificar el organigrama de la fundación, dotándolo de varios pilares clave en el funcionamiento, para que Funcatra se fortalezca en su estructura y sirvan de apoyo a la gerencia en la dirección y gestión de la entidad en su día a día.
En este sentido, es fundamental modernizar y actualizar su funcionamiento, con el objeto de asemejarse más a una empresa de consultoría, dentro del Gobierno de Canarias, y servir de apoyo a cualquier Consejería u organismo en sus proyectos relacionados con la actividad.
Objetivos 2025-2028
Los objetivos estratégicos de Funcatra para el periodo 2025-2028 son promover la transformación de las políticas activas de empleo adaptadas a la estructura productiva canaria a partir de su análisis; favorecer un desarrollo económico sostenible y el fomento del empleo basado en el conocimiento y mejorar la empleabilidad de la ciudadanía a través de la capacitación y cualificación.
Además, busca lograr una fundación orientada a las personas, responsable, sostenible, proactiva y transparente; mejorar la calidad de los servicios prestados y la gestión administrativa; optimizar la coordinación y la estrategia de comunicación interna y externa y optimizar la gestión de los recursos humanos disponibles en Funcatra, así como gestionar de forma eficiente y eficaz la Tesorería, con el objeto de mantener el equilibrio financiero y la solvencia económica, e impulsar su modernización.
Este plan se encuentra alineado con la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible y con el Pacto de Reactivación Económica y Social de Canarias, entre otros, teniendo en cuenta, asimismo, las estrategias que más se relacionan con el fin de la fundación por su objeto, como puede ser la Estrategia Canaria de Apoyo Activo al Empleo (ECAE) 2021-2024.
El Gobierno invierte 12,8 millones de euros en la limpieza de los juzgados de las islas
- El plazo de ejecución será de dos años, a contar desde el 1 de enero de 2026, y el importe se distribuye en dos lotes
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha autorizado la inversión de 12.860.860 euros para la contratación del servicio de limpieza de los juzgados de las islas.
El plazo de ejecución de la contratación será de dos años, a contar desde el 1 de enero de 2026 y el importe se distribuirá en dos lotes, uno por provincia. Para Las Palmas será de 8.112.540 euros, mientras que para Santa Cruz de Tenerife la cantidad ofertada asciende a 4.748.319 euros.
La nueva contratación para la limpieza de las sedes, oficinas y órganos judiciales de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias se hará por procedimiento abierto de adjudicación y se tramitará con carácter de urgencia,
La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia asume el expediente al ser el órgano competente en la gestión y mantenimiento de infraestructuras para las sedes judiciales, así como de los restantes medios materiales que se destinan a la Administración de Justicia.
Canarias amplía su oferta académica con nuevos másteres oficiales en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
- El Consejo de Gobierno da luz verde a dos títulos centrados en el desarrollo sostenible y la tecnología digital
El Consejo de Gobierno de Canarias, celebrado este lunes 30 de junio en la sede de Presidencia en Santa Cruz de Tenerife, ha autorizado la implantación de dos nuevas titulaciones oficiales de máster en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). La iniciativa, promovida por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, que dirige Migdalia Machín, amplía las opciones de formación académica en áreas clave para el archipiélago.
Los másteres aprobados son el Máster Universitario en Turismo y Desarrollo Sostenible y el Máster Universitario en Electrónica y Tecnología Digital Aplicada, orientados a preparar perfiles profesionales altamente cualificados en sectores estratégicos para el futuro de Canarias.
Ambos programas han superado con éxito la evaluación de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), y cumplen con los requisitos establecidos en el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, sobre ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Con esta decisión, el Ejecutivo autonómico continúa avanzando en su compromiso con una formación académica de calidad, actualizada y vinculada a las necesidades reales del entorno económico y social de las Islas.
El Gobierno aprueba la legalización de una explotación ganadera en Gran Canaria
- El acuerdo del Consejo de Gobierno otorga autorización a la actividad y las edificaciones e instalaciones de la finca en el marco de un plan de regularizaciones impulsado desde la Dirección General de Ganadería
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy lunes, 30 de junio, la legalización territorial de una explotación ganadera en el municipio de Telde, Gran Canaria, dedicada a la producción de leche de caprino y ovino y la producción de carne de ovino y bovino.
Esta medida, que se enmarca en un proceso de reactivación de las regularizaciones impulsado por la Dirección General de Ganadería, supone la autorización definitiva tanto de la actividad como de las correspondientes edificaciones e instalaciones como un patio cubierto de 883,90 m², una sala de ordeño de 45,6 m², un almacén de 53,9 m², o un corral de baifos de 33,60 m², entre otros espacios, bajo el requisito del cumplimiento de las actuaciones pertinentes en materia sanitaria, ambiental, funcional, estética y de bienestar animal que deberán ejecutarse en un plazo de 18 meses.
Según consta en el expediente del Servicio de Industrias, Registros y Bienestar Animal, la explotación se encuentra en funcionamiento y en situación de alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA) desde el 17 de febrero de 2000, tal y como quedó certificado durante la inspección realizada.
Por otra parte, el estudio comparativo de fotografías realizado acreditó la ejecución de la explotación con anterioridad al 15 de mayo de 1999, fecha de la entrada en vigor de la Ley de Ordenación del Territorio en Canarias, por lo que resulta aplicable el procedimiento previsto en la Ley de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, en la redacción dada por la disposición final tercera de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Esta normativa establece que el Gobierno, a propuesta de la consejería competente en materia de ganadería, de conformidad con los departamentos con competencias en ordenación del territorio y de medio ambiente, podrá acordar la legalización territorial y ambiental de las edificaciones e instalaciones ganaderas, actualmente en explotación, que hubiesen sido ejecutadas, sin los correspondientes títulos administrativos, con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio en Canarias.
Esta medida adoptada por el Consejo de Gobierno se enmarca en un plan de regularización impulsado por la Dirección General de Ganadería para explotaciones ejecutadas antes de 1999 que hayan superado una serie de trámites dirigidos por el mencionado departamento del Ejecutivo canario. En este sentido, la tramitación implica tanto a los respectivos Cabildos como a los Ayuntamientos donde se localice la explotación, así como otros departamentos del Gobierno regional, entre ellos la Dirección General de Protección de la Naturaleza o la Dirección General de Ordenación del Territorio.
El Gobierno respalda la inversión de la RIC en inmuebles situados en Canarias y destinados al alquiler
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy, a instancia del Parlamento de Canarias, expresar su parecer favorable a la Proposición de Ley de modificación de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, para la regulación de las inversiones en elementos patrimoniales afectos a la actividad de arrendamiento de vivienda en las Islas Canarias.
Esta Proposición de Ley (PPL), aprobada por del Congreso de los Diputados, permite, entre otras cosas, que las cantidades dotadas en la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) se puedan invertir, manteniendo el beneficio fiscal, en bienes inmuebles situados en Canarias, siempre que se destinen, de modo novedoso, al arrendamiento de vivienda habitual. De esta manera se pretende ampliar la oferta de viviendas en el mercado de alquiler habitual y contribuir a paliar los problemas de escasez de vivienda en alquiler existentes en el archipiélago.
Por un lado, se incrementa la oferta de alquiler de viviendas de protección oficial para atenuar la situación de emergencia habitacional en la que se encuentran muchos canarios, que tienen mayoritariamente rentas bajas y, por tanto, son posibles demandantes de este tipo de viviendas. Además, con la eliminación de que la actividad de arrendamiento de viviendas protegidas tenga que realizarse exclusivamente por la sociedad promotora, se busca una mayor oferta de esta modalidad de arrendamiento, al permitir realizar esta actividad económica, sin perder el incentivo fiscal, a entidades que no se dediquen a la promoción de viviendas protegidas.
Y por otro lado, se incrementa también la oferta de alquiler de vivienda libre para aquellas familias que, por sus rentas, no pueden acceder a viviendas de protección oficial pero que tampoco disponen de renta suficiente para acceder a la vivienda libre, al menos mientras dure la situación de emergencia habitacional.
Con la expresión de su parecer favorable, el Consejo de Gobierno da así cumplimiento a la Mesa del Parlamento que, por acuerdo de 24 de junio, daba de plazo para remitir la postura del Gobierno hasta mañana martes, día 1 de julio.
En cualquier caso, el Gobierno ya manifestó su parecer favorable en sesión del pasado 10 de marzo de 2025, sin perjuicio de trasladar diversas correcciones técnicas, respecto del texto inicial.
El siguiente paso será la tramitación de la proposición de ley en el Senado, siendo previsible que, si se introducen enmiendas, se vuelva a solicitar el informe del Parlamento de Canarias, como paso previo a su aprobación definitiva en las Cortes. El Senado tiene de plazo para la tramitación y, en su caso, aprobación, hasta el 27 de octubre de 2025.