El grupo de gobierno rechaza auditar la gestión del año 2024 en la Junta General de la Sociedad Municipal de Promoción y Desarrollo, obligada a celebrarse por orden del Juzgado
Por primera vez en la historia, un juez de lo Mercantil ha obligado a un alcalde de Guía a convocar una Junta General de la Sociedad Municipal. La sesión extraordinaria, celebrada hoy, vuelve a situar en el centro de la polémica la gestión de Alfredo Gonçalves.
La Junta General apenas duró quince minutos y, de manera insólita, se celebró en un pasillo del terrero de lucha Salustiano Álamo en lugar del salón de plenos del Ayuntamiento. La negativa de Alfredo Gonçalves a someterse a una auditoria de gestión es otra muestra de opacidad, falta de respeto institucional y desprecio hacia el derecho de los guienses a conocer cómo se usan sus impuestos.
“Lo que exigimos no es un simple formalismo contable, sino una revisión profunda de los procedimientos y del destino del dinero público”, afirmó el portavoz Pedro Rodríguez, ante la insistencia del alcalde en confundir una auditoría de cuentas con una auditoría de gestión para evitar ser fiscalizado.
El rechazo a encargar una auditoría de gestión independiente y a facilitar información sobre movimientos bancarios, contratos y subvenciones vinculadas a eventos como la Copa Princesa, la Feria de Arte y Empresarios o el Festival del Terror, evidencia, según Juntos por Guía, una intención clara de ocultar datos y dejar abiertas las sospechas de posibles irregularidades.
Como cómplices de esta estrategia, Juntos por Guía señala a los concejales Juan Jiménez, José Manuel Santana, Alejandro Rivero, Alejandra García, Ruth Martín, Julián Melián, José Estévez y Nayra Pérez, que con su voto han impedido esclarecer los hechos por los que el propio alcalde acusó públicamente al ex concejal de deportes Felipe Pérez. Una actitud que, a juicio de Juntos por Guía, refuerza las dudas sobre si las irregularidades parten de la propia gestión de Alfredo Gonçalves.
Desde su llegada a la Alcaldía hace un año, el alcalde ha negado de forma sistemática el acceso a información básica solicitada por Juntos por Guía, despreciando el deber de fiscalización y control de la oposición.
Juntos por Guía recuerda que es la ciudadanía quien exige claridad. Negarse a aprobar esta auditoría de gestión es un paso más en la pérdida de confianza de los vecinos hacia el actual grupo de gobierno.