Ángel Víctor Torres anuncia en Lanzarote, tras su reunión de ayer con la ministra Ribera, que esa subvención llegará de forma inmediata a las Islas
El presidente destaca que “es un derecho recogido en el REF para que los canarios no paguen más por el agua que un usuario de la Península”
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, anunció hoy en la isla de Lanzarote que este viernes, 20 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobará el Real Decreto que habilitará la subvención de 8,5 millones de euros destinada a la desalación de agua para consumo doméstico en Canarias, la correspondiente al periodo 2018-2019. Así lo conoció ayer el presidente Torres en la reunión que mantuvo en Madrid con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Torres afirmó hoy que se trata de “una feliz noticia porque llegarán esos fondos públicos de manera inmediata a las Islas y ello aliviará el coste del agua que consumimos en Canarias. Es una subvención a la que tenemos derecho por ley, ya que aquí la producción de agua es mucho más cara que en la Península”.
Esos fondos, destacó el presidente de Canarias, “son esenciales para que el usuario final pague un precio normal por el agua que consume con una producción más costosa que en la Península, porque hay que desalarla”. Esta situación, dijo Torres, afecta no solo a los ciudadanos, sino a la industria y al turismo de las islas donde están ubicadas esas plantas desaladoras, como son Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y El Hierro.
La nueva convocatoria de estos apoyos públicos había sufrido un retraso debido a la prórroga de los presupuestos estatales de 2018 y a la reestructuración ministerial, lo que obligó a traspasar la competencia en tal materia desde el Ministerio de Industria hasta el de Transición Ecológica.
Las ayudas a la producción del agua desalada en potabilizadoras de Canarias es un derecho que está recogido en el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias. Si hubiera que repercutir en el precio final del agua potable en Canarias el coste de la desalación, este sería significativamente mayor, por lo que los ciudadanos de las Islas tendrían que pagar mucho más por ese servicio básico que lo que hace un ciudadano peninsular.
