Coalición Canaria-PNC presentará iniciativas en el Parlamento de Canarias y en el Senado para modificar la Ley de Cadena Alimentaria y poder garantizar así mejores precios para los productos del campo y la ganadería. Así, los nacionalistas canarios demandarán que la modificación de la Ley incorpore un precio mínimo garantizado a los productores y la prohibición expresa de que se puedan vender productos, como hacen algunas grandes cadenas de productos de alimentación, por debajo del coste de producción.

Así lo anunciaron esta tarde los nacionalistas tras el encuentro mantenido con representantes de organizaciones agrarias; COAG (Rafael Hernández y Miguel López) y PALCA (Amable del Corral). En la reunión, que contó con la presencia de los parlamentarios Narvay Quintero y Rosa Dávila y del senador autonómico, Fernando Clavijo, recordaron que los grandes beneficiarios en la compraventa de productos agrícolas y ganaderos “son los intermediarios que llegan a cobrar hasta 3 ó 4 veces de lo que gana el productor”.

Quintero y Dávila recordaron que es el sector primario el que produce, el que asume los riesgos y quienes asumen la carga del trabajo y, por lo tanto, “lo lógico es que el mayor rendimiento lo puedan asumir ellos” para lo que es necesario “que se modifique la ley para que sea más justa”. Asimismo, recordaron que una de las mejores políticas que se puede llevar a cabo en la lucha contra el cambio climático “es garantizar la supervivencia de nuestro campo” y para ello “es necesario garantizar la productividad de las empresas agrícolas y ganaderas”.

En este sentido, el senador autonómico apuntó que tanto el Estado como la Unión Europea no pueden permitir que en sus acuerdos con terceros países se utilice el sector primario como moneda de cambio -como ya pasó con el tomate canario en los acuerdos con Marruecos- “y es necesario que en esos acuerdos se exija a los productores de terceros países que cumplan con la normativa en materia fitosanitaria, de protección del medio o de condiciones salariales porque sino lo que se está promoviendo es una clara competencia desleal”.

Los nacionalistas hacen suyas las propuestas de las organizaciones tanto para que se publiciten las sanciones que se impongan a las distribuidoras para que sea un elemento coercitivo y que las relaciones comerciales entre productores y distribuidores sean siempre bajo contrato, como establece la actual ley, con un precio establecido o de referencia y que el promedio de pago sea el que marca la normativa y que nunca puede superar los 30 días.

En el último año, la renta agraria bajó en España un 8%, mientras que el coste de producción, debido a las normativas comunitarias, se ha incrementado un 14% y, sin embargo, el precio del producto solo ha aumentado un 2% con lo que es evidente “el empobrecimiento de los hombres y mujeres del campo”.

Los nacionalistas recordaron el compromiso histórico de CC con la soberanía alimentaria y el consumo de kilómetro cero que en la anterior legislatura tuvo un importante avance gracias al trabajo conjunto con los productores agrícolas y ganaderos junto con las grandes cadenas de distribución y con las cadenas hoteleras con quienes se avanzó para garantizar la presencia en la restauración y en el sector turístico.