La prórroga del contrato abarca desde el 7 de junio de 2020 al 6 de mayo
de 2022 (23 meses) en lo que se refiere a los órganos judiciales de la provincia de Las Palmas, y desde el 11 de junio de 2020 al 10 de mayo de 2021 (11 meses) para los de la provincia de Santa Cruz de Tenerife
El Gobierno de Canarias autorizó hoy, a propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el gasto correspondiente a una segunda prórroga del servicio de vigilancia y seguridad de los órganos de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias por un importe de 6.990.449 euros, incluido el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).
En 2018 se adjudicó la contratación de este servicio a la empresa Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España, SL, en el caso del lote I, correspondiente a los órganos judiciales de la provincia de Las Palmas, por 4.720.794 (sin incluir el IGIC) y distribuidos en 1.535.527 euros para el ejercicio 2018; 2.360.397 euros para 2019, y 824.869 euros para 2020. Asimismo, también se adjudicó a la entidad mercantil Ilunion Seguridad, SA, el lote II, correspondiente a los órganos judiciales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife por 4.016.000 (sin incluir el IGIC), distribuidos en 1.284.688 euros para 2018; 2.008.000 euros para 2019, y 723.311 euros para 2020.
Los dos contratos se formalizaron en mayo de 2018, siendo el plazo de ejecución de dos años en ambos casos (el lote I, desde el 7 de mayo de 2018 al 6 de mayo de 2020, y el lote II, desde el 11 de mayo de 2018 al 10 de mayo de 2020).
La Orden Departamental nº 63 de 28 de abril de 2020 autorizó la primera prórroga del contrato para ambas provincias, siendo el plazo de la prórroga de un mes (desde el 7 de mayo al 6 de junio de 2020, en lo que se refiere al lote I, y desde el 11 de mayo al 10 de junio de 2020, en lo que se refiere al lote II).
