El vicepresidente expuso hoy la propuesta a la vicepresidenta de Asuntos Económicos, y las ministras de Política Territorial y Exteriores en el Pleno de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la UE

El también consejero de Hacienda reclama un trato singular para Canarias, tanto en el reparto de fondos europeos por su doble condición de destino turístico y RUP

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, defendió hoy la necesidad de establecer protocolos que garanticen la seguridad sanitaria aérea, de modo que Canarias pueda afrontar con garantías el restablecimiento de la movilidad por esta vía.

Rodríguez realizó esta petición durante la celebración del Pleno de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea, un órgano de encuentro entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España en este ámbito, en el que participó telemáticamente desde la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria. En Madrid se encontraban la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño; la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. La reunión, celebrada esta tarde, se extendió durante tres horas y media.

El vicepresidente explicó que la actividad económica en Canarias depende en gran medida del tráfico aéreo y “necesitamos que esa movilidad sea segura”.

Rodríguez abogó, en esa dirección, por la realización de test en origen, puesto que el uso de mascarillas no es suficiente y la eliminación de asientos no es viable económicamente para los operadores. “Necesitamos que la gente que se suba al avión lo haga con el menor riesgo posible de contagiar a otros o de contagiarse”, dijo.

El vicepresidente consideró que los test en origen son técnicamente posibles y, aunque ahora mismo son caros, el sector privado -hoteleros y aerolíneas- estarían interesados en buscar mecanismos de concertación con el sector público para hacerlos posible.

“Si reducimos el riesgo de contagiosidad, recuperaremos rápidamente la confianza de la gente, que es la clave para la activación de la movilidad aérea”, subrayó.

Rodríguez también demandó un tratamiento diferenciado para Canarias en la distribución de los recursos económicos procedentes de la Unión Europea, en sintonía con la “asimetría” que ha caracterizado la pandemia en los distintos territorios, a nivel sanitario y ahora en la esfera económica.

En esta línea, insistió en el elevadísimo impacto económico para el Archipiélago, no en vano la pandemia provocará una caída del PIB de entre 15 y 20 puntos, dada la elevada dependencia de las Islas del sector turístico, uno de los más afectados por el cierre de actividad.

El vicepresidente precisó que 550.000 personas que viven en Canarias y quieren trabajar, no pueden hacerlo, y que esta cifra supone “el 25 por ciento del total de la población, el 50 por ciento de la población activa y el 65 por ciento del total de ocupados registrados en Canarias en su mejor momento económico”.

Gestión descentralizada y Brexit

Rodríguez, que confió en la llegada de fondos específicos para Canarias en los programas de reconstrucción a aprobar por la Unión Europea, demandó también la participación de los gobiernos territoriales españoles en la gestión de los planes que se pongan en marcha, en línea con la descentralización que caracteriza al Estado de las Autonomías.

“En cualquier caso -añadió- no se trata solo de desconcentrar los fondos que lleguen, sino también la capacidad de endeudamiento y el déficit público”.

Por otro lado y en relación al Brexit, Rodríguez hizo mención al enorme peso del turismo británico en la economía canaria, por lo que demandó garantías de conectividad aérea fluida con el Reino Unido y el establecimiento de ayudas compensatorias al sector exportador hortofrutícola de la Islas (tomate y pepino), tras el decaimiento de las ayudas al transporte y la comercialización con la salida británica de la UE.

Respecto al Fondo de Recuperación de 750.000 millones de euros presentado por la Comisión Europea, lo valoró como una “buena noticia”, tanto por su cuantía como por no estar sujeto a los condicionantes que entrañan las medidas de liquidez en forma de préstamos.