El vicepresidente del Gobierno reclama respuesta europea por la condición de RUP, y española por las singularidades reconocidas en el REF y la necesidad de planes diferenciados principalmente para el turismo

El también consejero de Hacienda insiste en el Parlamento en solicitar al Estado la restitución de los ingresos fiscales perdidos, por la vía de la transferencia o del endeudamiento y superávit

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, defendió hoy una respuesta de la UE y del Gobierno de España en forma de asignación de recursos públicos durante tres años para conseguir la completa recuperación de la actividad económica en el Archipiélago.

Rodríguez, que respondió una decena de preguntas relacionadas con la crisis del Covid-19 en la Comisión de Hacienda del Parlamento canario, consideró que la economía de las Islas tardará tres años en recuperarse del golpe encajado, por lo que las medidas deberán plantearse para ese período. “No podemos pensar únicamente en los recursos que podremos conseguir para este año, sino planificar una respuesta para el trienio 2021-2023”, dijo.

El vicepresidente explicó que la caída prevista del PIB canario no se revertirá en un solo ejercicio, y que esa misma percepción la tiene la propia Unión Europea, quien ha fijado la temporalidad del fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros para el período 2021-2024.

Rodríguez reflexionó sobre la profundidad de la crisis económica a la que se enfrenta Canarias con una disminución del PIB que, probablemente, doblará a la acumulada entre los años 2008-2014, y precisó que actualmente hay unas 550.000 personas en las Islas que quieren y no pueden trabajar.

A este respecto, insistió en la reclamación a Madrid para la restitución de los ingresos fiscales que perderán las administraciones públicas canarias por efecto de la paralización de la actividad económica, si bien diferenció el ámbito de negociación del Ejecutivo autónomo, por un lado, y de las corporaciones locales, por otro, con el Gobierno de España, planteamiento que sostiene la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El vicepresidente incidió en que los recursos económicos que precisa Canarias solo pueden venir a través de dos vías: por la de las transferencias del Estado o de la Unión Europea con cargo a su endeudamiento; o por la vía de que el Gobierno de España permita la utilización del superávit y la capacidad de la Comunidad Autónoma de endeudarse a largo plazo.

“Tenemos que ser justos y reconocer que la pérdida de ingresos afectará a todas las administraciones”, precisó Rodríguez, quien en todo caso insistió en la necesidad de relajar las reglas fiscales -suspendidas de facto por la UE- mediante la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en la Cortes, para dar garantía jurídica a ese nuevo escenario.

Rodríguez confió en que, una vez la Comisión Europea conteste al Plan de Estabilidad presentado por España el pasado 1 de mayo, se pueda certificar la relajación de las reglas fiscales y la participación de Canarias en las operaciones de endeudamiento que se autoricen para el conjunto del Estado.

“El Estado somos el Gobierno central y la Seguridad Social; las comunidades autónomas y las corporaciones locales, y todas esas administraciones deberíamos participar de la capacidad de endeudamiento”, precisó.

En todo caso, señaló que la exigencia a Madrid no implica que se deba evitar el reconocimiento a las medidas de protección económica y social puestas en marcha, como las ayudas por los ERTE o aquellas para compensar el cese de actividad de los autónomos, que cuestan 5.300 millones de euros mensuales, “medidas que compartimos y defendemos”.

En otro momento de su intervención, el vicepresidente defendió el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias firmado el pasado 30 de mayo, un documento que fortalece la posición de Canarias de cara a la negociación de sus medidas con los Gobiernos central y europeo, y del que espera el apoyo explícito del Gobierno estatal, debido a que ha sido suscrito por el 81% de los diputados del Parlamento, por los cabildos, por los ayuntamientos y por los agentes económicos y sociales del Archipiélago.