Se trata de una medida cuyo objetivo es apoyar la recuperación  económica de las familias más vulnerables.

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy ampliar hasta el mes de junio las medidas de exoneración del pago del alquiler de las viviendas sociales de titularidad pública, una decisión que beneficiará a 17.253 familias del Archipiélago a los que no se les cobra la mensualidad desde el pasado 1 de abril.

Se trata de una medida cuyo objetivo es apoyar y colaborar en la recuperación económica de los sectores más vulnerables de la población afectados en sus ingresos por la crisis sanitaria causada por el coronavirus de la enfermedad COVID-19, como son los adjudicatarios de viviendas protegidas (VPO).

Esta medida se aprobó hoy en el Consejo de Gobierno al considerar que aún no se dan las condiciones para una plena recuperación económica, al mantenerse el estado de alarma, la limitación de movimientos y las restricciones a determinadas actividades a causa del obligatorio distanciamiento social.

Esa medida para eximir del pago del alquiler mensual a más de 17.000 familias que viven en régimen de alquiler en una VPO del Gobierno forma parte del decreto-ley de

Medidas Extraordinarias de carácter social aprobado por el Gobierno canario el pasado mes de abril para hacer frente a las consecuencias económicas a las que se enfrenta gran parte de la ciudadanía de las Islas, al perder o ver reducido sus ingresos como consecuencia de la paralización económica que han sufrido muchos sectores a causa de la crisis sanitaria.

Se aplicará a las 12.725 viviendas protegidas de promoción pública en régimen de alquiler dependientes de Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) y a las viviendas titularidad de la sociedad pública Visocan que mantienen un convenio con el Icavi, que son un total de 4.528 viviendas.

El Icavi ha dejado de cobrar las mensualidades a estas más de 17.000 familias desde el pasado 1 de abril, ya que los inquilinos de estas viviendas protegidas del parque público regional se benefician automáticamente de la exoneración, sin tener que hacer ninguna gestión. También se impide durante ese mismo periodo resolver el contrato de arrendamiento, declarar la pérdida de derecho a la adjudicación de la vivienda o sufrir intereses por causa de impago.

El Icavi estima en cerca de 600.000 euros el impacto económico que supone la aplicación de esta medida de ampliación.