La primera reunión de la recién creada Conferencia de Presidentes de Cabildos, que nace con el Estatuto de Autonomía de 2018, se salda con un balance positivo gracias a los consensos logrados para mejorar la relación entre ambas administraciones públicas
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y los presidentes de los siete cabildos insulares celebraron en el día de ayer, lunes 15 de junio, la primera reunión del órgano bilateral nacido tras la reforma del Estatuto de Autonomía que aprobó en las Cortes Generales en octubre de 2018. La cita tuvo lugar en la sede de Presidencia del Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria.
Sobre el contenido de esa primera reunión de la llamada Conferencia de Presidentes de Cabildos, Torres indicó ayer que se centró en el estudio de los dos puntos previstos en el orden del día, a saber: las relaciones bilaterales entre la Comunidad Autónoma y esas corporaciones insulares, y luego las cuestiones relacionadas con el futuro Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias, una iniciativa del propio presidente de Canarias que deriva del Pacto del mismo nombre aprobado el 30 de mayo pasado, con el respaldo mayoritario de la Cámara regional (con más del 80% de sus diputados), de las administraciones públicas insulares y locales (Fecai y Fecam) y de los agentes económicos y sociales.
Tras esa reunión interadministrativa, el presidente Torres hizo balance del trabajo desplegado en la Conferencia y detalló los asuntos que se abordaron en ella con los acuerdos alcanzados. Respecto a los consensos sellados, el titular del Ejecutivo autonómico se refirió de manera especial a los siguientes:
-La creación de una comisión técnica entre el Gobierno de Canarias y los cabildos, con inicio en fecha inmediata, para analizar el mecanismo de financiación de esas corporaciones públicas a través del Bloque de Financiación Canario, de manera que se arbitren las medidas que se consideren y exista la máxima transparencia en su funcionamiento.
-La definición de una comisión de estudio sobre la gestión y la financiación públicas de las competencias transferidas por la Comunidad Autónoma a los cabildos insulares.
-La unanimidad en el apoyo de los cabildos, a través de la Fecai, a la gestión sanitaria que se ha realizado en las Islas como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.
-La necesidad de desarrollar un plan para atajar o contrarrestar los efectos de la sequía en Canarias, con diferente incidencia según islas, para lo que se acordó la celebración de una reunión la semana próxima de los consejos insulares de agua.
-El estudio del programa de inversiones denominado Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), en cuya gestión la Comunidad Autónoma y los cabildos irán de la mano.
-El aplazamiento y/o fraccionamiento de la liquidación del año 2019 de los recursos del Bloque de Financiación Canario, que esta vez favorece a la Hacienda canaria y obliga a la devolución por parte de las corporaciones insulares de unos 49 millones de euros con cargo a ese ejercicio fiscal.
-La garantía de que el reparto de los fondos públicos llegados como consecuencia de la COVID-19 sean repartidos según las competencias asumidas por cabildos y ayuntamientos.
Otros asuntos analizados en la reunión interadministrativa
En relación con la temática incluida en el primer punto del orden del día, hay que decir que el presidente de Canarias abordó la problemática actual de la migración irregular, que ha crecido en los cinco primeros meses de este año más del 600%, y adelantó a los presentes que este mes habrá una reunión preparatoria de la Comisión Bilateral Canarias-Estado, en la que se incluirá el análisis de ese fenómeno.
Además, Ángel Víctor Torres reconoció a los cabildos las dificultades actuales para la atención de menores extranjeros no acompañados, principalmente porque las plazas habilitadas según los convenios firmados entre la Comunidad Autónoma y los cabildos (éstos con esa competencia delegada) para prestar servicio a esos menores son insuficientes. Ante este hecho, el titular del Gobierno de Canarias indicó que, reconocida la falta de espacios para la ubicación de esas personas en las Islas, que tiene que ver con la mayor presión migratoria actual, ya se trabaja con el Estado y otras administraciones públicas para habilitar nuevos recintos de acogida. También se han pedido más recursos económicos del Estado dirigidos a la atención de esta problemática humanitaria en Canarias.
Otra de las cuestiones abordadas dentro de ese primer epígrafe fue el plan de choque para la reactivación del turismo en España que este jueves presentará el Gobierno central, un programa general de ayudas de gran interés para Canarias y que será completado con otro específico, singular para las Islas, por la importancia de ese sector productivo en el Archipiélago y por la condición de región ultraperiférica de nuestra Comunidad Autónoma.
Los recursos que financiarán las medidas del plan turístico exclusivo para Canarias provendrán del fondo para la reconstrucción de la Unión Europea (UE) de 750.000 millones de euros que ya se pretende aprobar por el Consejo para paliar los efectos sanitarios, económicos y sociales derivados de la pandemia de la COVID-19. Este viernes se reúne el Consejo Europeo para seguir avanzando en la aprobación definitiva de esa partida global y para definir cómo debe redistribuirse entre los países miembros. En principio, España aspira a unos 150.000 millones de euros y el presidente de Canarias considera que deben llegar a fondo perdido, como subsidios, al menos en su mayoría, y no como préstamos. Torres también valoró que esté previsto que ese plan de la UE se financie a través de deuda mutualizada.
Controles sanitarios ante el inicio de la movilidad exterior y entre regiones
Sobre cuestiones sanitarias relacionadas con la pandemia de la COVID-19 y los controles previstos para garantizar la máxima seguridad en la movilidad de las personas, que se reinicia a partir del 21 de junio en España y entre España y los países del espacio Schengen, el presidente de Canarias incidió en que se tomarán las medidas sanitarias más exhaustivas para evitar los contagios y rebrotes por el coronavirus, tanto entre los turistas como entre los residentes canarios. Además, avanzó que será casi imposible implantar los test anti-COVID-19 en origen y advirtió de las dificultades para realizarlos de forma general a turistas nacionales e internacionales en los puertos y aeropuertos isleños, aunque el Gobierno de Canarias sigue considerando que sería lo ideal. Respecto a la progresiva reactivación del turismo, Torres afirmó que el 8 de julio habrá un hito en Canarias con la llegada del primer vuelo seguro avalado por la Organización Mundial de Turismo (OMT), una acción que tendrá gran calado promocional para las Islas.
Otra de las cuestiones analizadas en ese primer bloque de contenidos de la Conferencia de Presidentes de Cabildos fue el traslado de información acerca de la próxima visita a Canarias de los Reyes de España, que será el 23 de junio próximo, martes, y se trata de la primera región a que sus Majestades irán tras producirse el final del estado de alarma el 21 de junio próximo, domingo. Torres se mostró “muy agradecido” por la elección de don Felipe y doña Letizia, una visita que el presidente había pedido a los monarcas.
También respecto a los efectos de la COVID-19 y el camino hacia la llamada nueva normalidad, el presidente del Gobierno de Canarias informó a los cabildos de la aprobación en el Consejo de Gobierno previsto para este jueves (18 de junio) del decreto del presidente que regulará en la Comunidad Autónoma las acciones que deben regir de forma general en las Islas tras la entrada en aquella nueva fase a partir de las 00.00 del lunes 22 de junio. Ese decreto presidencial facilitará, entre otras cuestiones, la coordinación entre el Ejecutivo autonómico y las corporaciones insulares y locales en cuestiones vinculadas a los controles y protocolos a aplicar para mantener los mejores sistemas de prevención de la COVID-19.
Junto a lo expuesto, el presidente de Canarias insistió en el compromiso alcanzado con el Ministerio de Hacienda para que la merma en la recaudación tributaria propia de las Islas (unos 1.000 millones de euros), que afecta a la financiación de cabildos y ayuntamientos por reducir los recursos tributarios del Bloque de Financiación Canario (sobre todo de los tributos IGIC y AIEM), sea compensada por el Estado, y subrayó que el mecanismo que se defina para lograr ese objetivo es “importante que ya se concrete”.
Junto a este asunto, el presidente Torres avanzó que en breve se aprobarán cambios normativos, por ejemplo en la Ley del Suelo canaria, para agilizar los trámites burocráticos y así facilitar la aprobación y el desarrollo de inversiones públicas y privadas de la forma más rápida posible.