El expediente se abre camino en las instituciones comunitarias y avanza sin obstáculos hacia su aprobación por el Consejo y finalmente por el Parlamento canario

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos subraya que “el trabajo más complicado ya está hecho”

 La Comisión Europea ya ha asumido la propuesta de renovación del Arbitrio sobre las Importaciones y Entrega de Mercancías en Canarias (AIEM) remitida por las autoridades españolas, con lo que queda expedito el camino para su aprobación por el Consejo Europeo, que se podría producir el próximo mes de noviembre, y el definitivo cambio antes de fin de año en el Parlamento autonómico de la Ley 4/2014, de 26 de junio, por la que se modificaba el propio AIEM. El nuevo plazo del arbitrio abarcará el septenio 2021-2027.

La propuesta fue aprobada en un primer momento por el Gobierno de Canarias, después de un largo proceso de negociación –más de año y medio- con todos los operadores económicos, no solo los concernidos, que dio como resultado un texto con un nivel alto de consenso.

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, destacó hoy precisamente el amplio respaldo alcanzado para la renovación del AIEM, un tributo que refleja perfectamente las singularidades canarias en las actividades agraria, ganadera e industrial como elemento esencial del Régimen Económico y Fiscal (REF), de manera que “el trabajo más complicado ya está hecho”.

Rodríguez insistió en que el objetivo de esta figura impositiva es la razonable protección de la producción local frente a la foránea y en ningún caso el afán recaudatorio. “Los tipos del AIEM suponen una recaudación anual de unos 120 millones de euros, muy lejos de los 1.300 millones que, por ejemplo, representa el octroi de mer, impuesto equivalente al AIEM en las RUP francesas, con las mismas cifras de población”, recordó el vicepresidente.

El AIEM es, además, un tributo del bloque de financiación del REF, cuya recaudación se destina en un 58% a los cabildos insulares y ayuntamientos, y en un 42% al Gobierno de Canarias, lo que representa, por lo tanto, apenas el 0,5% de su presupuesto de ingresos.

Supone, asimismo, un porcentaje reducido de la imposición indirecta en Canarias, con un peso inferior al 5% del total. Del conjunto de la imposición directa e indirecta en Canarias significa el 2,2% del total.

La propuesta de renovación del AIEM incluye 156 productos, 21 más que en la actualidad. De ese listado, 42 productos son nuevos, mientras que decaen 20 de la nómina vigente.

De manera desagregada, el nuevo AIEM gravará la importación 67 productos de alimentación y bebidas; 13 relacionados con la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; 4, de minas y canteras; 13, de materiales de construcción; 34, de química; 12, de industrias metálicas; 1 de tabaco; 3, de textil, cuero y calzado; 6, de transformados de papel, y 3 de artes gráficas.

La propuesta mantiene inalterados los tres tramos impositivos actuales (5,10 y 15 por ciento), que en última instancia son los instrumentos que permiten la protección del sector primario y la industria locales frente a las importaciones de terceros.

La producción local de tipo industrial y agroganadera y de alimentación necesita protección a través del AIEM para poder competir en mejores condiciones con los productos competidores importados a muy bajo coste, una imposición que no influye en el precio de la cesta de la compra en las Islas.

Precisamente, el estudio de impacto económico elaborado por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo e incluido en la propuesta aprobada concluye que el IPC canario ha sido siempre inferior a la media estatal desde que se notificó por primera vez a la UE el AIEM, en el año 2002.

Y si bien el objeto del arbitrio es encarecer el precio del producto importado que compite con el local, los factores que determinan el incremento de los precios son varios, y siempre el más importante es la competencia en el mercado.

En este sentido, los precios están mucho más condicionados por factores como la escasez en la oferta de un producto; el incremento temporal de la demanda (como sucede en determinadas épocas del año, como Navidad); el monopolio de un producto de determinado distribuidor, o la influencia en cuota de mercado de algunas grandes superficies que determinan no ya el precio, sino incluso la marca del producto que se debe consumir.