Román Rodríguez informó hace unas semanas al Consejo de la iniciativa, que se acometerá junto al departamento de Administraciones Públicas
La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias impulsa, junto al departamento de Administraciones Públicas, la elaboración de un decreto con un conjunto de medidas de mejora de la gestión del sector público empresarial de la Comunidad Autónoma.
La iniciativa, de la que informó hace unas semanas al Consejo de Gobierno el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, pretende homogeneizar la gestión y gobernanza de las empresas públicas, de modo que se incremente su eficacia.
Rodríguez ha precisado al respecto que, si bien el sector público empresarial disfruta de una buena situación económica financiera -porque la propia Comunidad Autónoma afronta sus eventuales pérdidas-, es necesario que las empresas públicas tiendan al equilibrio financiero con una gestión “eficaz y eficiente”.
Una exigencia que viene determinada, además, en la medida de que los resultados de estas sociedades afectan a los de la Administración General en el objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto, así como en el de cumplimiento del período medio de pago. A tal fin, en el seno de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, la coordinación del sector público empresarial está a cargo de la interventora general de la Comunidad Autónoma, Natalia de Luis, y del director general de Patrimonio y Contratación, José Julián Isturitz.
Se trata, por tanto, de establecer una estrategia en la que se aborden las siguientes líneas: buen gobierno y transparencia en la gestión; medidas en materia de gestión económica-financiera; tutela efectiva y regulación de los denominados encargos a medios propios.
Las actuaciones deberán concretarse en la homogeneidad de comportamiento de las sociedades en términos de gestión, a través de un sistema de control y coordinación del seguimiento marco del buen gobierno corporativo en el que se controle, entre otras medidas, la implicación de la Consejería que ejerce la tutela efectiva, el compromiso de los representantes del Gobierno en el devenir de la sociedad, la celebración periódica de los Consejos de Administración o la tramitación de los acuerdos societarios que tengan implicación jurídica frente a terceros.
Además, se potenciará la profesionalización del máximo órgano de gestión y equipo directivo en
materias generales aplicables al Servicio Público de Empleo (SPE), entre otras, la normativa laboral del Estatuto Básico del Empleado Público, contratación pública o prevención de delitos. Del mismo modo, se habrá de valorar la elaboración de un manual de instrucciones para los representantes en los consejos de administración.
Una atención particular merecerían los encargos y encomiendas a estas sociedades por parte de las propias administraciones públicas. En este caso, Hacienda propone el desarrollo normativo regulador de esta fórmula, que contemplaría también los efectos o responsabilidades en aquellos casos en que sea una administración local la encomendante de tareas.
Del mismo modo, habría que regular la metodología para el cálculo de las tarifas que deben aprobarse por las empresas públicas que asuman encargos propios o de otras administraciones pública y revisar la política de personal para aquellas que realizan encargos de la misma naturaleza de forma continuada en el tiempo, a los efectos de hacer más eficiente estas contrataciones y mantener el conocimiento del personal que se asocia a la ejecución de dichos encargos.
Estas medidas deberían acompañarse también de un análisis de los encargos que reciben las empresas públicas para determinar cuáles de esos encargos se refieren a competencias administrativas que deberían estarse ejerciendo por los propios departamentos, estableciéndose políticas para la reversión de estas; establecer criterios que impidan que se restrinja la competencia con el sector privado por los efectos que ello puede tener no solo en la competencia, sino de cara a la elegibilidad de gastos financiados con fondos europeos que afecten a estos encargos, o analizar
la posible reordenación de las empresas públicas como medios propios, en el sentido de determinar la posible reestructuración de éstas. Asimismo, se aprobaría mediante propuesta en el Consejo de Gobierno la determinación y modificación de retribuciones, y contratación de personal en las entidades del sector público con presupuesto esti
