El decreto aprobado contempla subvenciones superiores a 150.000 euros hasta un importe total de 30 millones para la contratación por los municipios canarios de personas desempleadas en riesgo de exclusión o a causa de la pandemia
El programa especial se financia con cargo a fondos estatales del Plan de Empleo de Canarias y se enmarca en el Pacto para la Reactivación ante la COVID-19
El Consejo de Gobierno acordó aprobar este jueves, 8 de octubre, el decreto por el que se delega en la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, la competencia para autorizar la concesión de las subvenciones directas por valor superior a 150.000 euros a los municipios canarios con cargo al Programa Extraordinario de Empleo para el periodo 2020-2021, hasta un importe máximo de 30 millones.
A propuesta de la Consejería de Economía, el Gobierno aprobó la delegación de competencias tras el acuerdo marco de colaboración suscrito a mitad de septiembre entre el Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito al área dirigida por Elena Máñez, y la Federación Canaria de Municipios (Fecam), éste para el desarrollo de los planes especiales a favor de la contratación de personas paradas en riesgo de exclusión social y de aquellas desocupadas como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.
Financiadas con cargo al Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), las subvenciones autonómicas se delegaron para el próximo inicio de los proyectos municipales gracias al convenio firmado a principios de agosto, dos meses antes con respecto al pasado año, entre el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para la transferencia de los fondos estatales con el objetivo de impulsar las políticas activas ante la crisis derivada de la enfermedad por coronavirus, en cumplimiento así también del Plan para la Reactivación Social y Económica.
También cumple el decreto aprobado, mediante la delegación de competencias, con la agilización, simplificación, cooperación y coordinación administrativa, una prioridad estratégica del Pacto para la Reactivación ante la necesidad de impulsar la eficiencia y modernización del sector público en circunstancias tan excepcionales
