La propuesta no fue aceptada por PP y PSOE pese a que la UE recomienda esos test para reforzar el control transfronterizo
El senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, Fernando Clavijo, defendió hoy en el pleno del Senado que se acepten como válidos los test de antígenos en los puertos y aeropuertos de Canarias como fórmula para garantizar la seguridad sanitaria de visitantes y canarios. La propuesta de Clavijo pretendía completar una moción para compensar a las empresas turísticas por las restricciones de apertura de establecimientos y los cierres temporales y hacerla “más efectiva para Canarias” cuyas singularidades “no son recogidas en su totalidad en una moción que busca dar respuestas homogéneas a una situación que es diferente en las islas”. Cabe recordar, además, que la Comisión Europea recomendaba hoy mismo el uso de este tipo de test a los países para facilitar el rastreo y control transfronterizo.
Así, el senador nacionalista reclamó que los test PCR obligatorios “se sustituyan por test de antígenos” mucho más baratos y con resultados mucho más rápidos “para lograr así que la obligatoriedad de esta prueba para entrar en Canarias” no se convierta “en una medida disuasoria para los turistas”. En este sentido, Clavijo recordó que “la ciencia avanza más rápido que la normativa” y para superar esta situación “se debe ser ágil para aprovechar los avances de cada momento” y cerrar las puertas “a otro tipo de test Covid que no sean las PCR” es “perder oportunidades de remontar la actual situación”.
Así, el senador explicó que los PCR tienen un coste “demasiado elevado” y pueden hacer retrotraer el turismo británico o alemán. “Un test PCR tiene un coste en Reino Unido de 250 euros” y si esa cantidad se multiplica por dos o por tres o cuatro en el caso de una familia” nos encontramos “con un coste que el turista no puede afrontar por lo que busca otro destino”.
Por ello, insistió en los test de antígenos “que pueden hacerse en el mismo puerto o aeropuerto de llegada y conocer el resultado de forma inmediata” y no se cargaría ni al turista ni a los empresarios y trabajadores turísticos con una responsabilidad “que no es de ellos, es de la administración”.
