En la tarde de ayer, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, participó como ponente en el evento digital 'Reagrupar, repensar, reaccionar: Soluciones prácticas para promover e implementar políticas migratorias basadas en los derechos humanos'. Este forma parte de la conferencia internacional 'From the Sea to the City' que aboga por un papel activo de las ciudades en las políticas migratorias de la Unión Europea. La edil trató la actual crisis migratoria que afecta a Canarias, los desafíos a los que se enfrenta el municipio en este asunto y las medidas que considera necesarias para evitar en el archipiélago una nueva Moria o Lampedusa.
Se trata del cuarto evento que se celebra mediante videoconferencia en el marco de 'From the Se to the City', conferencia que tendrá lugar próximamente en la ciudad de Palermo, Italia. En panel en el que ha participado la alcaldesa se han discutido algunas de las demandas políticas que pretende impulsar la mencionada iniciativa, incidiendo en soluciones prácticas con las que evitar la vulneración de las derechos de las personas migrantes en Europa.
Junto a Bueno han participado la periodista especialista en inmigración, Annalisa Camilli, el abogado especializado en derechos humanos e investigador sobre inmigración y miembro de Whatch the Med Alamrphone, Muhammad al-Kashef, el teniente de alcalde de Villeurbanne (Francia), Mathieu Garabedian, y la miembro del Palamento Europeo, Malin Björk.
Para la regidora moganera las condiciones que tuvieron que soportar las personas migrantes procedentes de pateras y cayucos en el campamento de emergencia instalado en el Muelle de Arguineguín no se puede volver a repetir bajo ningún concepto. “El Gobierno de España permitió una vulneración de los derechos humanos, de los derechos fundamentales y de los Tratados Internacionales por no acondicionar con antelación las instalaciones militares a pesar de que estaban al tanto de que se iba a producir un repunte importante de llegadas a Canarias por el cierre del corredor del mediterráneo”, expuso durante su intervención.
La edil destacó como uno de los desafíos en el municipio trasmitir a la población que las personas migrantes llegan al archipiélago escapando de sus países de origen, unos movidos por la extrema pobreza y el reciente parón económico derivado del COVID-19, otros huyendo de la guerra. Y que su entrada en el país sea de forma irregular nunca justifica la vulneración de sus derechos. “La inacción por parte del Estado, junto a la actual situación de crisis social y turística, ha provocado pequeños conatos de xenofobia y de racismo, algo que nunca había sucedido en Canarias porque somos una sociedad solidaria y hemos migrado a otros puntos del mundo. Nuestra tarea es mostrar a la población la verdadera realidad”, explicó Bueno, que considera para ello es imprescindible que España disponga de una política migratoria que de una respuesta eficiente y eficaz.
Otro reto que tiene por delante Mogán es la reubicación de las cerca de 3.000 personas migrantes alojadas en complejos de apartamentos y hoteles de las zonas turísticas en instalaciones militares para favorecer la recuperación del turismo en el municipio. La alcaldesa manifestó su solicitud de “traslado a instalaciones públicas y correctamente acondicionadas en las que ofrecerles un trato digno, como ya ocurrió durante la crisis migratoria de 2006. De este modo podremos a volver a poner en marcha el motor económico de Canarias, que supone un 35% del PIB del Archipiélago y de él dependen alrededor del 80% de los puestos directos e indirectos de trabajo de la población”.
Por último, respecto a evitar que Gran Canaria pueda verse en una situación de saturación en el sistema de acogida como Lampedusa o Moria, Bueno ha comentado es primordial que la “Unión Europea no tolere que España vulnere los derechos de estas personas” y “una política clara en materia migratoria. Hay que retomar los acuerdos bilaterales entre España y los países emisores. No es de recibo que Europa destine dinero pero no lleve un control de la ejecución del mismo porque, bajo mi punto de vista, gran parte de las partidas para ayuda humanitaria y cooperación internacional no llega a la población que realmente lo necesita”.
La regidora del Ejecutivo moganero propone que tanto España como el resto de países europeos puedan experimentar una apertura reglada y controlada a las personas migrantes con cualificación específica, tal y como se lleva cabo con otros países de latinoamérica. “Se puede llegar a acuerdos para que las personas con cualificación tengan en Europa una oportunidad de empleo y desarrollo, tanto profesional como personal”, indicó. Bueno considera que este tipo de medidas beneficia tanto a los países emisores como a los europeos. “Se prevé que en que en 2050 en España se reduzca el nivel de población por la escasa natalidad. Necesitaremos a la población migrante para mantener el estado de bienestar, las coberturas de pensiones, entre otros”, apuntó.
