Este martes se ha celebrado en Mogán una Junta Local de Seguridad Extraordinaria en la que la alcaldesa, Onalia Bueno, ha solicitado al delegado del Gobierno en Canarias que el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) número 8 de la Guardia Civil continúe en el municipio hasta que todas las personas migrantes acogidas en complejos alojativos turísticos sean reubicadas en los centros y campamentos asistenciales, con el objeto de garantizar el orden público y provocar un efecto disuasorio entre aquellos que protagonizan incidentes.

“Solo con la presencia del GRS ya se disuaden las conductas de aquellos inmigrantes que está ocasionado incidencias leves, graves y muy graves en Mogán en las últimas semanas”, ha indicado Bueno al finalizar la reunión. También ha justificado su petición de que continúen desplegados en el municipio –se incorporaron la semana pasada a solicitud de la propia alcaldesa y de de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) – mientras haya personas migrantes en los hoteles y complejos de apartamentos de las zonas turísticas para “junto a la Policía Local de Mogán y la Guardia Civil para mantener la situación bajo control”.

Sin embargo, Bueno ha señalado que estas incidencias “dejarían de suceder si se derivaran ya a los campamentos la gran mayoría de los migrantes”. En Mogán permanecen en 10 complejos alojativos turísticos 2.800 personas en situación irregular y alrededor de 600 menores extranjeros no acompañados. “Somos el municipio con mayor número de personas migrantes irregulares de Canarias”, ha apuntado.

En este sentido, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha asegurado que desde la Administración que preside se seguirá reforzando la presencia de la Guardia Civil “de unos recursos u otros y en la medida que se vaya precisando”. De igual modo, en la Junta ha anunciado que en las próximas dos semanas estarán listos las instalaciones alojativas para la asistencia de los migrantes llegados a las costas canarias y que, a partir de entonces, se llevará a cabo su traslado a estas de forma escalonada.

En el municipio, el primer hotel del que se reubicarán las personas migrantes hacia los campamentos es el Arguineguín Park ya que, como ha indicado la alcaldesa, no cuenta siquiera con licencia de primera apertura.

Otra de las peticiones de Bueno al delegado Pestana ha sido que la información del número de personas migrantes que se encuentran en los complejos turísticos circule de forma fluida y transparente entre todas las administraciones implicadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Finalmente, se ha acordado la celebración de reuniones cada diez días para que esto sea posible y que así exista una coordinación real que permita actuar, en consecuencia, de manera efectiva.

Pestana, que ha reconocido “un repunte de incidentes que hacen que la percepción ciudadana sea de inseguridad”, ha expresado que además de evaluar las necesidades para reforzar la presencia de agentes de la autoridad en caso de ser necesario, se están “coordinando algunas cuestiones, como son las instrucciones de los recursos, para que haya posibilidad de aplicar otros mecanismos y de esta forma para las personas que se portan mal se pueda solicitar su ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros y proceder a su expulsión”.

En ello confía también el magistrado de la Instancia Nº8 del Juzgado de Las Palmas con competencias en el CIE de Barranco Seco, Arcadio Díaz Tejera, que ha sido muy tajante al afirmar “que a las personas conflictivas y agresivas tienen que ser expulsadas”, también recalcando en que no se puede generalizar afirmado que todos los migrantes son conflictivos y agresivos, sino que se trata de unas personas en concreto, un número reducido.

La alcaldesa Bueno, tras ser preguntada por los medios de comunicación sobre si considera sincera la preocupación de la delegación del Gobierno y los Cuerpos de Seguridad del Estado por lo que ocurre en el término municipal, ha respondido que sí y ha declarado que hoy ha “echado de menos por el motivo importante de la Junta a la Consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias”.

En la Junta Local de Seguridad Extraordinaria de Mogán, además de las autoridades ya mencionadas, ha participado el general jefe de la Guardia Civil en Canarias, el coronel jefe de la Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas, el capitán jefe de la Guardia Civil de la Compañía de Vecindario, el comisario jefe de la Policía Canaria, el comisario provincial de la Policía Canaria en Las Palmas, el subinspector Jefe de la Policía Local de Mogán, Jorge Alemán, el Jefe de Servicio de Menores e Infancia del Gobierno de Canarias, José Pereira, y el presidente de la Asamblea Comarcal Sur de Gran Canaria de Cruz Roja Española, Gerardo Santana.