Son 32 plazas de las categorías de cocinero, ayudante de cocina, auxiliar de servicios complementarios, auxiliar educativo, auxiliar administrativo, auxiliar, subalterno, mantenimiento-guarda, servicio doméstico, titulado superior y mozo

El Consejo de Gobierno autorizó hoy la contratación de personal laboral temporal para cobertura de puestos de trabajo vacantes, dotados con fondos presupuestarios, y así atender necesidades urgentes e inaplazables en los centros educativos públicos no universitarios.

Todo ello se ha producido dentro del límite constituido por el coste económico de la plantilla presupuestaria y durante los periodos lectivos de la presente anualidad (de enero a junio de 2021, para el curso académico 2020-21, y de julio a diciembre de 2021, para el curso académico 2021-22).

Se trata de 32 plazas vacantes de las categorías de cocinero/a, ayudante de cocina, auxiliar de servicios complementarios, auxiliar educativo, auxiliar administrativo, auxiliar, subalterno, mantenimiento-guarda, servicio doméstico, titulado superior y mozo.

Asimismo, el Consejo de Gobierno convalidó la contratación laboral temporal de otras 17 personas realizada por la imperiosa necesidad de atender las situaciones que se generan en los centros educativos donde surgen dichas vacantes.

El pasado 4 de marzo, la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes remitió tanto a la Dirección General de Planificación y Presupuesto como a la Dirección General de Función Pública una memoria justificativa en la que solicitó de ambos centros directivos la elevación a Gobierno de la propuesta de autorización para la contratación de personal laboral temporal en las categorías profesionales mencionadas, para atender necesidades urgentes e inaplazables en centros educativos públicos no universitarios.

La memoria alegó la imposibilidad de asumir estas funciones por otros trabajadores de dichos centros debido a la falta de recursos humanos en el Departamento de Educación, y añadió que no era posible cubrirlas a través del mecanismo de racionalización y distribución de efectivos, mucho menos en las circunstancias excepcionales derivadas de la COVID-19.