Coalición Canaria-PNC reclama un giro a la ley de cambio climático para “no lastrar” la transición energética en Canarias

Clavijo señala que es inaudito que “España niegue a Canarias un trato específico que sí le reconoce la UE por la lejanía y el sobrecoste de la producción energética”

El senador por la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, defenderá la próxima semana en el pleno del Senado “un trato específico” para Canarias en la ley de cambio climático con el fin de garantizar su aplicación en las Islas y “no lastrar” la transición energética en Canarias.

Fernando Clavijo abogará por introducir cambios en la última tramitación parlamentaria del texto normativo que permita “la implantación en Canarias de un modelo energético más sostenible” y reprochó al PSOE “no tener en cuenta las singularidades de las Islas y su condición de región ultraperiférica en una norma vital para Canarias, como sí hace Europa”.

En este contexto, reclamará, a través de una disposición adicional, que se incentiven “todas las actividades que se consideran en el cuerpo de la presente ley, tanto en materia de mitigación como de adaptación al cambio climático, en todos sus artículos puesto que la complejidad y singularidad de las islas deben ser amortiguadas por el Estado para no lastrar la competitividad de Canarias”.

Por este motivo, Fernando Clavijo insiste en que la próxima semana “Canarias se juega quedarse atrás o no en la apuesta por el cambio climático y la transición energética impulsada por el Estado” y todo lo que implica no solo en materia medioambiental, que es indiscutible, sino en materia económica, “ya que, dejar fuera a Canarias de la normativa pondría en riesgo la implantación de un nuevo modelo energético, camino que impulsamos en Canarias en la anterior legislatura, así como, la diversificación económica y una apuesta firme por la economía circular”.

Clavijo reprochó al Estado y calificó de inaudito que “España niegue a Canarias un trato específico que sí le reconoce la UE por la lejanía y el sobrecoste de la producción energética” y se refirió a la Directiva (UE) 2018/2001 relativa al uso de energía procedente de fuentes renovables y el reconocimiento específico a las singularidades propias de condición RUP recogidas en el artículo 349 del TFUE. “En estas regiones -apunta- el sector energético se caracteriza por el aislamiento, el suministro limitado y la dependencia de los combustibles fósiles, mientras que dichas regiones se benefician de importantes fuentes locales de energía renovable”.

De esta forma, defiende Clavijo, Canarias como región ultraperiférica podría situarse como “territorio de referencia en la puesta en marcha de tecnologías energéticas innovadoras para la Unión Europea, especialmente para territorios aislados, insulares y otras RUP”.

El senador por la Comunidad Autónoma solicitará, además, basándose en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía, que se fije “un régimen retributivo específico” con el fin de favorecer la estabilidad en los ingresos y financiación de las nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables en Canarias, así como, buscará el compromiso del Gobierno a desarrollar un segundo marco retributivo para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energías limpias.

Por último, Fernando Clavijo propondrá que el texto normativo contemple medidas para que “los planes autonómicos incluyan medidas de simplificación administrativa con el fin de facilitar la implementación de las energías renovables” y reducir los plazos, con el fin de cumplir con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

De esta forma, el senador defenderá que se salve uno de los principales escollos en la implantación de energías limpias, la excesiva burocratización, que genera “un cuello de botella para los proyectos”, derivado de la limitación de personal y de los procesos heterogéneos de las distintas Comunidades Autónomas. Fernando Clavijo pretende así que una tramitación que puede resolverse en un plazo de entre dos y cuatro años pueda resolverse en un plazo nunca superior a 6 meses, con todas las garantías y seguridad jurídica.