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Martes, 25 Mayo 2021 16:47

Rodríguez ve necesario un acuerdo con el Estado para aplazar la devolución de la financiación autonómica

El vicepresidente del Gobierno señala, en cualquier caso, que Canarias ha planificado el periodo 2022-2024 previendo la liquidación de lo percibido de más

 El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, aseguró hoy en el Parlamento que ya se han iniciado contactos informales entre las comunidades autónomas y el Gobierno central para el deslizamiento temporal o condonación de las devoluciones que habrán de formalizar aquellas con cargo a los adelantos de la financiación autonómica.

Rodríguez se mostró convencido de que ambas partes alcanzarán un acuerdo que evite, a escala estatal, la devolución de 16.000 ó 17.000 millones de euros por los años 2020 y 2021, y que éste podría pasar por “moratorias, fraccionamientos e, incluso, condonaciones”.

El vicepresidente recordó, en todo caso, que la financiación autonómica se rige por leyes y que se sabe que las liquidaciones de las cantidades a cuenta entregadas por el Estado se producen dos ejercicios después teniendo en cuenta la evolución económica. Si las autonomías reciben más dinero del que finalmente les hubiera correspondido, deben devolverlo. Por el contrario, si perciben menos, la Administración General del Estado transfiere la diferencia.

Rodríguez explicó que el Gobierno de Canarias ha sido plenamente consciente de esa situación al aprobar sus dos Presupuestos autonómicos y que, además, la tiene presente para el trienio 2022-2023-2024, de modo que “no nos cogería por sorpresa y podríamos afrontarla, aunque lo deseable es fraccionar la devolución”.

El vicepresidente reprochó al Grupo Popular -crítico con esas devoluciones- que pusiera el acento en las liquidaciones a cuenta que el Gobierno está en su derecho de aplicar y no en los 37.000 millones de euros que ha distribuido a fondo perdido entre las comunidades autónomas.

“Esa es precisamente -dijo- la diferencia entre un gobierno progresista que protege los servicios públicos esenciales y a los más desfavorecidos, frente a otros trumpistas que defienden los recortes y la austeridad “.