El presidente Torres, junto al viceconsejero de la Presidencia, se reúne con una representación de los trabajadores, a los que traslada el máximo apoyo del Ejecutivo regional al mantenimiento de esa actividad industrial y de los puestos de trabajo
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, junto al viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, mantuvo hoy, viernes 2 de julio (en la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife), una reunión con la representación de los trabajadores de las empresas del grupo José Sánchez Peñate (JSP).
En esta cita, el Gobierno autonómico mostró su satisfacción por el pacto alcanzado hoy mismo entre las firmas de ese grupo industrial canario y los representantes sindicales para garantizar el empleo en todo el proceso que tienen por delante con el fin de consolidar el futuro empresarial. El presidente Torres también trasladó a los interlocutores de la plantilla el máximo apoyo del Gobierno de Canarias dirigido a la búsqueda de una solución duradera que garantice la viabilidad de tal actividad industrial en las Islas.
El pacto alcanzado hoy entre la representación de las empresas de ese grupo y de los trabajadores ha sido impulsado desde Presidencia del Gobierno y en la jornada de hoy se ha cerrado con éxito. El acuerdo establece que “el objetivo principal es mantener la viabilidad de la empresa José Sánchez Peñate y Celgán como una unidad empresarial, siendo el mantenimiento de los puestos de trabajo una de las máximas prioridades”.
Tal y como se indica en el documento rubricado por las partes citadas, que se registrará en el depósito de convenios colectivos y se publicará en el Boletín Oficial de Canarias a través de la Dirección General de Trabajo, la representación empresarial y la sindical en esas firmas productivas, todas integradas en el sector de la alimentación, “se comprometen a establecer una línea de negociación a través del diálogo legal y transparente en el proceso [en curso] de reestructuración financiera” de ese grupo, “con el objeto de que, tanto en el proceso concursal como en la actividad ordinaria” de las empresas, se establezca la normalidad en el funcionamiento de los órganos unitarios de representación sindical (…)”.
El mismo pacto fija que, en el supuesto caso de que “no se pudiera evitar la amortización de empleos, a las personas afectadas se les procurará una salida digna (…)”.
