El vicepresidente envía a la ministra de Política Territorial dos propuestas de acuerdo pactadas para la celebración de sendas reuniones de la Comisión Bilateral por la ley y el real decreto-ley que modifican el régimen fiscal canario

Las propuestas se basan en el informe presentado por Román Rodríguez al Consejo de Gobierno el pasado 1 de julio

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha acordado con la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, a través de los respetivos gabinetes, el orden del día para dos reuniones de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias con la finalidad de iniciar las negociaciones para dirimir las discrepancias por la modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias mediante una ley estatal y un real decreto ley que incumplen el diferencial fiscal favorable a las deducciones por producciones audiovisuales en las Islas respecto al resto del Estado.

El vicepresidente canario ya ha firmado los órdenes del día para ambas comisiones, solo a falta de la rúbrica de la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, para que se dé por iniciado el proceso. Ambos intervienen como copresidentes de la Comisión Bilateral y conforme a lo establecido en el artículo 167 del Estatuto de Autonomía de Canarias.

La Comisión Bilateral tratará de resolver el desacuerdo entre las partes en relación con las deducciones fiscales para el sector audiovisual, incluidas en la Ley 11/2021, de 9 de julio, de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, aprobada por las Cortes, y en el Real Decreto-Ley 12/2021 sobre medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética, aprobado por el Consejo de Ministros el 24 de junio. Según ambas normas, el límite para las deducciones en Canarias queda establecido en 12,4 millones de euros, frente a los 10 millones vigentes para el resto del Estado, lo que supone un diferencial del 24%, en vez del 80% previsto en la legislación del REF.

En concreto, el orden del día acordado para la Comisión Bilateral sobre la Ley11/2021 plantea el inicio de negociaciones, la designación de un grupo de trabajo que proponga a la Comisión el acuerdo que proceda, comunicar ese acuerdo al Tribunal Constitucional, y a las Cortes Generales y al Parlamento de Canarias, según lo previsto en el artículo 167.2.c del Estatuto de Autonomía. El Gobierno canario entiende que, una vez el Parlamento emitió por unanimidad su informe preceptivo en sentido negativo el pasado 28 de junio, las Cortes Generales lo ignoraron al no activar el mecanismo previsto para ese supuesto ni suspender la modificación del REF audiovisual.

Respecto al acuerdo de orden del día para la Comisión Bilateral que ha de abordar el Real Decreto-Ley 12/2021, se indica igualmente el inicio de negociaciones, la designación de un grupo de trabajo que proponga a la Comisión el acuerdo que proceda, comunicar ese acuerdo al Tribunal Constitucional, y a las Cortes Generales y al Parlamento de Canarias, con el matiz de que esto se realice según lo previsto en el artículo 167 del Estatuto de Autonomía, dado que esta modificación se efectuó sin siquiera haber solicitado el informe preceptivo al Parlamento de Canarias como corresponde. Aunque en este caso se trate de un real decreto ley, es igualmente exigible el informe de la Cámara autonómica, precepto aplicable a toda modificación del REF cualquiera que sea su rango normativo, conforme no solo al Estatuto sino a la disposición adicional tercera de la Constitución Española.

Acuerdo de Gobierno

Las dos propuestas para sendas convocatorias de la Comisión Bilateral parten de un acuerdo del Gobierno de Canarias el pasado 1 de julio, a raíz de un informe presentado por el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos sobre las diferentes actuaciones promovidas por el Estado con respecto a las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas, que modifican la Ley 19/1994 del REF.

En ese extenso informe de argumentaciones jurídicas, el Gobierno concluye que, sobre la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el fraude fiscal, el Parlamento emitió un informe desfavorable al dictamen del Senado sobre el entonces proyecto de ley y que, a pesar de ello, la tramitación siguió su curso con normalidad hasta aprobarse la ley. El Ejecutivo entiende que el informe negativo del Parlamento -basado también en un informe de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos- no es solo preceptivo, sino también suspensivo, de manera que procedía la reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación para tratar de solventar las diferencias antes de aprobarse la modificación, según el Estatuto.

En cuanto al real decreto que redunda en la modificación del REF audiovisual para rebajar el diferencial fiscal al 24%, en vez del 80%, la modificación se ha efectuado sin el informe previo del Parlamento de Canarias, “no respetando la garantía procedimental que la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Canarias reconocen”, consta en el acuerdo del Gobierno canario.

En ese sentido, se señala que ni la Constitución ni el Estatuto de Autonomía establecen salvedad sobre el trámite preceptivo ante el Parlamento en función del rango normativo, de modo que la tramitación de un real decreto, aunque sea por urgencia, no exonera de cumplir el trámite de escuchar la opinión del Parlamento de Canarias.

En todo caso, el Gobierno recuerda que la necesidad de las medidas económicas y fiscales vinculadas al REF no están ligadas a una situación coyuntural de crisis económica, sino que responde a compensaciones por elementos estructurales tales como su carácter insular, la lejanía, las especiales condiciones geográficas, geológicas y climáticas, así como la escasez de recursos, con el objetivo de promover la expansión económica y social de Canarias y compensar las dificultades derivadas de su condición de región ultraperiférica.

Solución política

En paralelo a esta vía de resolución institucional del conflicto, el pasado 19 de julio la ministra de Hacienda se comprometió a una salida política consistente en llevar a cabo una modificación legislativa antes de final de año para establecer definitivamente el diferencial fiscal de deducciones a las producciones audiovisuales en un 80% a favor de Canarias, lo que, en función de la actual Ley sobre el Impuesto de Sociedades, significaría elevar el tope de 12,4 a 18 millones de euros. Tal compromiso lo adquirió en una reunión convocada para una negociación previa de los Presupuestos Generales del Estado con Nueva Canarias (NC) -asunto pospuesto hasta resolver el conflicto por el REF- en la que estuvieron el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres; el vicepresidente, Román Rodríguez, y el diputado Pedro Quevedo.

Rodríguez considera que ese compromiso político -aún pendiente de materializar- no es óbice a la apertura del cauce institucional que supone la Comisión Bilateral “porque así está previsto constitucional y estatutariamente, y porque no podemos crear el precedente de hacer dejación de nuestros derechos. Ha habido un incumplimiento de nuestro fuero que ha de quedar aclarado también en ese plano”.