El vicepresidente del Gobierno defiende en el Parlamento una respuesta de la Administración “ágil, segura, justa y transparente”

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, anunció hoy en el Parlamento que el Ejecutivo autónomo ultima un decreto-ley que creará un registro oficial único para canalizar las solicitudes de los afectados por la erupción en La Palma y que agilizará los procedimientos administrativos para la concesión de las diferentes ayudas.

Rodríguez explicó que la respuesta pública a la emergencia esta siendo rápida y sensible, pero que ahora se precisa de la máxima diligencia para que los procedimientos permitan que las ayudas lleguen lo antes posible de manera “ágil, segura, justa y transparente”.

Precisamente, ese registro oficial único será la fuente de información de la que se nutran todas las administraciones para ayudar a los damnificados “eliminando papeleo y recortando plazos”, aseguró.

El vicepresidente valoró el clima de unidad política e institucional en torno a la emergencia, “desde una sensibilidad absoluta y una generosidad sincera” pero insistió en que lo fundamental a partir de ahora es clarificar los procedimientos administrativos para que resulten eficaces.

En ese sentido, Rodríguez consideró que debe existir complementariedad de las administraciones -de manera que no haya duplicidades en las medidas a adoptar- planificación y una participación ciudadana intensa, que permita diseñar un plan “que no solo contemple una reconstrucción de los daños producidos, sino que incorpore una propuesta transformadora. “Quizás sería aconsejable -añadió- repensar el futuro de la isla”.

El vicepresidente también distinguió las dos fases en la que se debe articular la respuesta de las instituciones -primero la atención a la emergencia y luego, el plan de reconstrucción- y recordó las medidas puesta en marcha por el Gobierno, que ascienden hasta el momento a 30 millones de euros de diversos departamentos. En el caso de Hacienda, se ha promovido un decreto ley con una batería de medidas tributarias excepcionales para facilitar las obligaciones fiscales de los contribuyentes palmeros. Entre ellas se encuentra la práctica eliminación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para las viviendas nuevas que sustituyan a las destruidas por la lava. También se aplicará el tipo cero en el IGIC que grava las entregas de vivienda, de terrenos, alquileres y vehículos.

Del mismo modo, el vicepresidente indicó que el Ejecutivo incluirá la disponibilidad inicial de 100 millones de euros en los Presupuestos autonómicos de 2022 para atender las tareas de reconstrucción, una cantidad ampliable en función de las necesidades que se vayan detectando, además de promover una rebaja en el tramo autonómico del IRPF.

PIB y financiación autonómica

Rodríguez, que intervino en la Comisión de Hacienda del Parlamento, también adelantó que el próximo 8 de noviembre se celebrará la primera reunión entre el Ejecutivo autónomo y el Instituto Nacional de Estadística (INE) para plantear el cambio del sistema de cálculo del PIB que utiliza este organismo para Canarias.

El vicepresidente recordó que el INE está sobredimensionando esta magnitud, al endosar al PIB canario un peso de la imposición indirecta equivalente al IVA, en lugar del IGIC, que es claramente inferior.

Rodríguez recordó que esta situación no es nueva, sino que data de hace bastantes años y que recientemente ha sido puesta de manifiesto públicamente por el profesor universitario Domingo Luis Lorenzo -también empleado del Istac- y que ha sido refrendada por un comité de expertos constituido por la Consejería de Hacienda ex profeso para analizar el caso.

Por otra parte, el vicepresidente también defendió hoy en el Parlamento la salida de Canarias del régimen común de la financiación autonómica, “aunque la actual ley lo hace muy difícil, por lo que lo debemos combinar la negociación bilateral y la multilateral para la reforma del sistema”. En todo caso, aseguró que el nuevo sistema debe seguir desvinculado de los recursos del REF y calculado en función de la población ajustada. Y si no es así, es preferible mantener el actual status quo, “que es positivo para Canarias”.