En la Comisión Insular de Gran Canaria de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) celebrada el lunes, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, solicitó la colaboración de todos los municipios para la inhumación de los cadáveres de las personas que han llegado de forma irregular a las costas del archipiélago, y en concreto al Puerto de Arguineguín. La petición de Bueno viene motivada por la falta de nichos libres en el cementerio municipal de Mogán. Los representantes municipales han aceptado ayudar, aunque todos han acordado trasladar a la Delegación del Gobierno la necesidad de que ésta asuma los gastos derivados de este tipo de procedimientos ya que es el Estado el que ostenta las competencias en gestión migratoria.

La semana pasada Bueno se dirigió mediante escrito al resto de alcaldes de la isla y en la presente les expuso por videoconferencia la problemática en la que se encuentra Mogán al no disponer de espacio para la inhumación de 24 cuerpos de migrantes que han llegado a las costas del municipio en embarcaciones irregulares entre finales de 2020 y lo que ha transcurrido de este año.

Mogán es uno de los municipios que más peso ha soportado en lo referente a la crisis migratoria que se disparó en verano del año pasado y que todavía hoy continúa latente. Sin ir más lejos, el sábado día 27 Salvamento Marítimo rescató y trasladó al Muelle de Arguineguín a 81 personas. Sin embargo, travesías como estas también dejan fallecidos, tal es el caso que esa noche fueron recatados dos cuerpos y se declararon desaparecidas otras dos personas.

Ante la solicitud, los alcaldes y concejales presentes en la reunión se mostraron dispuestos a ayudar, de tal forma que cada municipio inhumará un cadáver en sus respectivos cementerios, a excepción de Telde, Santa Lucía y Las Palmas de Gran Canaria que al tener mayor capacidad han aceptado inhumar a dos cada uno. Cabe mencionar que no es posible como alternativa la incineración, dado que por ley las personas sin identificar deben ser enterradas por si algún familiar reclamara el cuerpo durante un plazo de cinco años.

El Ayuntamiento de Mogán ha puesto al tanto de la problemática de falta de espacio a los Juzgados de San Bartolomé de Tirajana. Además, ha informado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias que el Consistorio en ningún momento se ha negado cumplir con sus obligaciones legales, tal y como se dirime de una notificación de este órgano emitida el 19 de noviembre. Hasta tal fecha, el Consistorio solo tenía constancia de cuatro de los veintiocho procedimientos de diligencias previas realizadas por los correspondientes Juzgados, estando ya en marcha los trámites.

Durante el apogeo de la crisis migratoria, el Ayuntamiento de Mogán, siendo consciente de que el Muelle de Arguineguín es referente en la entrada de embarcaciones interceptadas por Salvamento Marítimo, incluso proporcionó servicios e hizo frente a determinados gastos empleando recursos municipales. Sin embargo, actualmente le resulta insostenible asumir la inhumación de todos los cadáveres que se encuentran en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria por no disponer de nichos, una circunstancia que también se manifiesta en otros municipios, donde además el cementerio puede incluso no ser municipal sino parroquial. Ante casos como ese, la alcaldesa Bueno también solicita la solidaridad del Obispado.

La primera regidora moganera ha asegurado a los municipios que solo tendrán que proporcionar un lugar de enterramiento y costear los gastos correspondientes a la sepultura, ya que los derivados de los servicios de funeraria los asume la Subdirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, órgano del Gobierno de Canarias. Sin embargo, todos han coincidido en que la decisión adoptada es una solución puntual y que hay que trabajar en una que sea definitiva. Para las autoridades locales esta pasa porque la Delegación del Gobierno en Canarias acepte la responsabilidad que le compete y financie la inhumación de las personas migrantes irregulares. El asunto será trasladado formalmente a la Delegación del Gobierno en una próxima reunión.