En los términos recogidos en la Ley 14/1986, General de Sanidad, de 25 de abril, y la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, las oficinas de farmacia son establecimientos sanitarios privados de interés público o, sujetos a la planificación sanitaria que establezcan las Comunidades Autónomas, en las que el farmacéutico titular-propietario de las mismas, asistido, en su caso, de adjuntos o auxiliares, deberá prestar una serie de servicios básicos a la población, entre los que se encuentran la adquisición, custodia, conservación y dispensación de los medicamentos y productos sanitarios.

Lamentablemente, de un tiempo a esta parte las oficinas de farmacia están en boca de todos como los supuestos grandes culpables, primero de la escasez y precios de las mascarillas y después por la polémica intencionadamente originada por los precios de venta de los test de antígenos.

Pero la realidad, es bien distinta: las farmacias no solo venden test, como algunos pretenden hacer ver interesadamente, sino que las oficinas de farmacia prestan un servicio sanitario mediante la labor del profesional farmacéutico.

La ciudadanía debe saber, y no olvidar, que absolutamente todas las 22.137 oficinas de farmacia de España – que tengamos presente son el establecimiento sanitario más cercano a la población, con servicio mediante guardias las 24 horas los siete días a la semana y con mayor implantación en el territorio nacional – no hacen sino brindar unos servicios sanitarios a la administración por los que no perciben emolumento alguno, ya que su ganancia es el margen comercial del producto, un margen que además muchas veces se impone sin mirar los costes reales de la mercadería.

Es lógico y comprensible que demandemos que el precio de cualquier producto sea cuanto más económico mejor, pero no por eso debemos dejar de poner en valor la profesionalidad de los farmacéuticos y tener muy presente que si alguien es el responsable de la carestía o no de los productos sanitarios lo es el Gobierno que los regula y fija por Ley.

La farmacia española debe hacer ver a la administración que los miles de farmacéuticos que en este país ejercen simplemente trabajan en una profesión de la que aspiran a vivir dignamente y por eso es de justicia que se les reconozca el derecho a percibir un emolumento por el servicio prestado como a cualquier otro profesional. Quizás por ello, en un momento de crisis sanitaria como la actual en que la Sanidad pública se queja – y con razón – de la saturación de su sistema, haya llegado el momento de concertar los servicios de las oficinas de farmacia con las administraciones como han hecho otros sectores sanitarios.

Si algo caracteriza a la profesión farmacéutica es su continua proactividad, afán de cooperación y de ofertar soluciones, siempre con la mirada puesta en colaborar para evitar el colapso del sistema sanitario y buscar la más efectiva protección de todos los ciudadanos.