En artículos anteriores he planteado que, una vez finalizado el proceso eruptivo, habría que impulsar de inmediato un Plan de Reconstrucción y Reactivación Económica de La Palma que, previo diagnóstico de los graves daños ocasionados por la erupción, debe tener entre sus objetivos:
- - La decidida reconversión de la agroindustria palmera, más acorde con la realidad del mercado actual para ser más competitivos.
- - Impulsar la reconstrucción racional de determinadas infraestructuras básicas fundamentales para determinadas zonas estratégicas de La Palma, y en general para la isla, relacionadas sobre todo con la movilidad, el ciclo del agua y el de la energía.
- - Impulsar definitivamente el desarrollo de la actividad turística, que cuenta ya con un modelo propio.
- - Reconducir determinadas dinámicas de ocupación territorial, desarrollo residencial y sus infraestructuras básicas.
- - Y, sobre todo, aprovechar la necesidad existente durante los próximos años para la creación de empleo de cierto valor añadido, impulsando la economía circular y la llamada economía azul y la apuesta por un nuevo modelo energético basado en las energías renovables, para lo que será imprescindible desarrollar cuanto antes un programa de formación específico.
La puesta en marcha de este Plan requiere de unidad de acción y de una estructura de coordinación interadministrativa, a través de una dirección ágil, que cuente con autonomía funcional, facultades ejecutivas y tenga la condición de ente administrativo con capacidad para los cometidos y funciones que se tengan que desarrollar y cuyo objeto principal debe ser llevar a cabo las actuaciones necesarias de reposición de las infraestructuras, los sistemas generales, equipamiento y dotaciones que se han visto dañadas en el Valle de Aridane, a través del Plan de Reconstrucción y de los instrumentos de ordenación, de gestión y de ejecución que sean precisos.
En mi opinión, este órgano de coordinación y gestión de las actuaciones debe ser un Consorcio Interadministrativo en el que participen los Gobiernos de España y de Canarias, junto al Cabildo Insular de La Palma y los Ayuntamientos de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, dado que esta figura consorcial permite la inclusión y coordinación de todas las administraciones con competencias territoriales o sectoriales sobre los municipios afectados por la erupción volcánica y que tenga entre sus funciones ejercer las potestades que legalmente le correspondan y le sean atribuidas por delegación de competencias de las diferentes Administraciones consorciadas.
Asimismo, se debe abordar el desarrollo de mecanismos de participación comunitaria para que en esta nueva entidad de derecho público y de acuerdo con lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público estén representados los afectados, fortaleciendo las redes comunitarias y de solidaridad que existen en la comarca, dándoles participación directa en el órgano consorcial.
Este Consorcio, como organismo idóneo de coordinación, colaboración y cooperación interadministrativa, tendría que tener competencias, como hemos dicho, para impulsar la ejecución de las infraestructuras básicas, sistemas generales, dotaciones y equipamientos que se estimen necesarios; adecuar a la nueva realidad el planeamiento territorial y urbanístico de la isla, especialmente de los municipios damnificados; expropiar o adquirir los terrenos necesarios y poner a disposición de los afectados que deseen reconstruir su vivienda o recuperar su actividad económica, con derecho preferente, el suelo residencial, agrícola, turístico e industrial que sea preciso a través de la planificación, gestión, equidistribución y adjudicación del mismo.
Las cuatro administraciones públicas (Estado, Comunidad Autonóma de Canarias, Cabildo insular de La Palma y ayuntamientos del Valle de Aridane) tienen capacidad suficiente para conveniar y crear este órgano consorcial de intervención para afrontar unidos la grave situación que atraviesa esta comarca de la isla, como organismo formado por todas ellas y en el que se integren y coordinen las políticas de reactivación económica y de carácter territorial y urbanístico.
Y por último, en mi modesta opinión, debería contar tanto con el apoyo de los entes instrumentales del Gobierno de Canarias dedicados al desarrollo de la cartografía, la gestión del planeamiento, el desarrollo urbanístico y del medio rural -GRAFCAN, GESPLAN, GESTUR y GMR-, como de los responsables de las oficinas técnicas municipales, los equipos técnicos redactores del planeamiento urbanístico y territorial, incorporando a las universidades canarias y, sin ninguna duda, contando con la participación de los afectados. Todo ello con plenas facultades para formular la nueva ordenación de los ámbitos afectados que pueda ser aprobado mediante un Decreto-Ley, para impulsar, promover y ejecutar las actuaciones urbanísticas y las obras de infraestructuras, equipamientos y dotaciones que resulten precisas
