El Ejecutivo autonómico ha aprobado una nueva línea de subvenciones, a través del Servicio Canario de Empleo, por la que cada persona en ERTE por causa de la erupción volcánica recibirá un pago de 1.100 euros
La medida aprobada ahora se acordó con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, en el marco del diálogo constante del Gobierno con los agentes sociales, para analizar posibles vías de mejora para la población de la Isla
El Servicio Canario de Empleo, adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, ha aprobado una nueva línea de subvención, que tiene por objeto paliar la difícil situación económica que continúan padeciendo las personas trabajadoras por cuenta ajena de La Palma, afectadas por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo como consecuencia de la erupción volcánica en la isla.
La nueva ayuda, integrada en el Plan Extraordinario de Formación y Empleo suscrito con el Servicio Público de Empleo Estatal para La Palma, se tramitará completamente de oficio, a partir del Registro de personas afectadas por la citada erupción, por lo que las más de 1.800 personas que resultarán beneficiarias no tendrán que realizar solicitud alguna para recibir el pago.
De esta manera, el Gobierno de Canarias da un paso más en su esfuerzo por reducir el impacto económico de la catástrofe natural y, en concreto, por ayudar al mantenimiento y protección del empleo y de los derechos laborales de las personas trabajadoras afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo que, a pesar de seguir manteniendo su puesto de trabajo, han visto reducidos sus ingresos significativamente.
Esta ayuda se enmarca en el Plan Extraordinario de Formación y Empleo de la isla, suscrito con el Gobierno de España, por valor de 63 millones de euros. La partida de 2,1 millones de euros para personas en ERTE se suma así a los 50 millones de euros ya invertidos, “que han permitido contratar hasta ahora a 1.316 personas y con los que se prevé superar las 1.670 cuando esté totalmente implantado”, según explicó el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, quien destacó la labor que realizan estas personas en la retirada de ceniza y la adecuación de infraestructuras, “para recuperar la isla cuanto antes”.
La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, recordó, por su parte, que ya se ejecutó una actuación similar con todas las personas en ERTE por Covid de Canarias, que se quedaron cobrando prestaciones por debajo del SMI y para las que se consignaron “más de 31 millones de euros, que distribuimos a más de 72.500 personas”.
“Por otra parte” -señaló Máñez- “también actuamos por el lado de las empresas y a las personas autónomas y desde finales del año pasado y enero de este año ayudamos con 2,4 millones de euros a 177 empresas y personas autónomas de la isla que han visto parada su actividad y, recientemente, el Consejo de Gobierno aprobó otros 5 millones de euros ampliables para este fin”. De esta última partida, esta misma semana se han materializado 1,7 millones de euros, para 128 beneficiarios y beneficiarias, “lo que supone haber ayudado ya con sus pérdidas y deudas a 305 empresas y personas autónomas de La Palma”.
Estas medidas se suman a otras muchas que desarrolla el Gobierno de Canarias en materia de vivienda, infraestructuras y suministros eléctrico, hídrico y de todo tipo “que ya superan los 300 millones de euros y que se van a mantener de forma constante, hasta que la recuperación sea una realidad” -concluyó el presidente.
La decisión de aportar este pago adicional a las personas en ERTE de La Palma se adoptó por acuerdo con las dos centrales sindicales más representativas del Archipiélago. Manuel Navarro, secretario general de UGT en Canarias, elogió “la voluntad de mantener siempre el diálogo social para abordar todos los asuntos, incluida la reconstrucción de la isla de La Palma” y calificó la medida acordada como “un soplo de aire fresco para las personas beneficiarias, que necesitan cualquier pequeña ayuda”.
Por su parte, el secretario general de CC.OO. en las islas, Inocencio González, recordó que las beneficiarias “se han quedado cobrando el 70% de sus respectivas bases reguladoras, por lo que esta medida trabajada entre nosotros servirá será relevante para ellas, como ya sucedió con la ayuda por ERTE Covid” y apuntó que “en este caso, la fórmula de concesión directa y de oficio va a permitir agilizar mucho la tramitación”.
