A través de esta financiación, se dará cobertura a la atención especializada de un total de 28 menores tutelados por el Gobierno
de Canarias con discapacidad leve, moderada, grave y/o profunda
El Gobierno de Canarias ha autorizado en Consejo de Gobierno el gasto derivado de la contratación administrativa de servicios regionales de acogimiento residencial de atención a menores con discapacidad leve, moderada, grave y/o profunda por un importe 5.457.173,40 euros.
Se trata de dar cobertura financiera, por un total de tres años prorrogables a cuatro, de recursos residenciales: dos en la provincia de Las Palmas y dos en la de Tenerife, con capacidad para 28 plazas dirigidas a la atención de menores bajo una medida de protección, guarda o desamparo, tutelados por el Gobierno de Canarias, con edades de 6 a 17 años y que cuenten con una discapacidad leve, moderada, grave y profunda.
En concreto, los servicios contemplados constan de dos servicios residenciales en cada provincia: un recurso con 6 plazas para menores con discapacidad grave y profunda y otro recurso de 8 plazas para menores con discapacidad leve y moderada, lo que hace un total de 14 plazas por provincia.
A través de estos servicios se atienden a menores cuyo diagnóstico principal sea el de discapacidad intelectual moderada, grave/profunda; trastorno del espectro autista; trastorno de la comunicación y el lenguaje; trastorno específico del aprendizaje y otros trastornos del desarrollo neurológico; discapacidad leve y/o moderada y/o profunda como diagnóstico principal en comorbilidad o no, con otra enfermedad mental como factores etiológicos y que limitan su capacidad de adaptación personal, social, familiar y escolar, así como cualquier otro que en determinadas circunstancias o patologías análogas.
Entre los servicios contratados se incluyen la cobertura y atención de necesidades básicas a los menores. Así, por ejemplo, se pretende ofrecer un ambiente adecuado en cada centro a fin de paliar y mejorar las situaciones que generaron el ingreso de los niños y niñas, garantizando la cobertura de sus necesidades físicas, psicoafectivas, intelectuales, familiares y sociales.
Y todo ello para promover su desarrollo armónico y dotarlos de las habilidades individuales para desarrollar su potencial adaptativo en un contexto lo más normalizado posible dentro de sus limitaciones cognitivas.
Además, se trata de ofrecer un diagnóstico del menor a partir de una adecuada valoración psiquiátrica, psicológica, social y educativa, elaborando un programa de actuación e intervención personalizado, materializado en la formulación de un proyecto educativo individualizado. Y, por último, este recurso proporcionará los requisitos necesarios para contribuir a su formación escolar, ocupacional y prelaboral en su caso, entre otros servicios.
