El Consejo de Gobierno autorizó hoy un gasto de 7,3 millones de euros para la contratación del servicio de vigilancia y protección de los edificios administrativos de la Comunidad Autónoma sobre los que tiene la competencia la Dirección General de Patrimonio.
El acuerdo incluye los edificios de Usos Múltiples I, II, III, Cofarca, V y la residencia oficial del presidente del Gobierno, en Las Palmas de Gran Canaria, y los edificios de usos múltiples I, II, III y Prodamer, en Santa Cruz de Tenerife.
El gasto permitirá la contratación del servicio durante los próximos cuatro años.
