Toledo anunció hoy la presentación de iniciativas en los 7 cabildos y 88 municipios para “hacer cumplir al Estado”
Machín alerta del impacto de la escalada de precios en las islas periféricas. “No se trata de un capricho. Los costes tipo están garantizados en un REF que el Gobierno de España incumple por sistema”
Canarias, a 19 de septiembre de 2022
Coalición Canaria ha puesto en marcha un frente institucional para lograr la modificación y actualización de los costes tipo del transporte en Canarias autorizado por la Unión Europea y recogido en el artículo 7 del Régimen Económico y Fiscal. Así lo anunció hoy el secretario nacional de Organización de CC, David Toledo, en una comparecencia en Lanzarote en la que anunció la presentación de mociones en todas las instituciones canarias con el fin de “hacer cumplir al Estado y de exigir al Gobierno de Canarias que vele por los intereses de esta tierra”.
El dirigente nacionalista insistió en que la última actualización, que se hizo en 2019, “está poniendo en riesgo el tejido económico y productivo de las Islas y encareciendo la cesta de la compra”. Así las cosas, aseguró que el impacto en los costes del transporte tras la pandemia, la invasión a Ucrania, el encarecimiento del petróleo y la escalada de la inflación es “brutal”. “Hoy el transporte de mercancías es hasta un 600 % más caro que en 2019 en el caso de islas como Lanzarote, La Graciosa, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro”, algo que calificó de “insostenible” y que pone en peligro la viabilidad de nuestra industria y del sector primario.
Toledo evidenció la delicada situación del sector ganadero, “al que en 2019 le costaba poner un contenedor de 22 toneladas de forraje en las Islas desde Cádiz en torno a 1.200 euros y que hoy tiene que abonar por el mismo contenedor 4.000 euros”. Misma situación “dramática” viven las empresas que quieran exportar los productos canarios y que “hoy no pueden competir en igualdad de condiciones precisamente por la desididia de un Gobierno de España que no actualiza las compensaciones y la subordinación y dejadez de un Gobierno de Canarias que no defiende los intereses de esta tierra”. Por este motivo, insistió en que “no podemos quedarnos de brazos cruzados y defenderemos iniciativas en los 7 Cabildos insulares y en los 88 municipios que se sumarán a las defendidas por los nacionalistas en las Cortes y en el Parlamento canario”.
Por su parte, la secretaria insular de CC en Lanzarote, Migdalia Machín, ha hecho hincapié en que "no se trata de un capricho, está en juego el futuro de muchas empresas canarias, sobre todo de islas periféricas como la nuestra donde seguimos sufriendo las consecuencias de la doble y de la triple insularidad; consecuencias que repercuten directamente en el precio de la cesta de la compra".
Machín ha insistido en que "ese futuro depende de la actualización de los costes tipo que están garantizados en un REF que el Estado incumple por sistema, con el beneplácito del Gobierno de Canarias".
Por eso, subraya la dirigente nacionalista, "no solo pedimos, sino que exigimos la revisión de los costes tipo para el transporte de mercancías y reclamamos al Gobierno de Canarias que vele por ello. No es un antojo, simplemente es justicia".
Con la iniciativa los nacionalistas canarios persiguen impulsar un “frente institucional” que obligue al Gobierno de Canarias a reclamar al Gobierno de España, por un lado, “la modificación y actualización de los costes tipo del transporte en Canarias, para garantizar a los sectores industriales y primario principalmente puedan percibir y garantizar lo establecido en la ley y así mismo puedan competir en igualdad de condiciones que en el territorio peninsular, así beneficiándose de ellos los ciudadanos Canarios”.
Y, por otro lado, “garantizar, de esta manera, el estricto cumplimiento del artículo 7 de nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, que permita compensar el 100% del coste efectivo y real del transporte marítimo y aéreo de mercancías y se determinen los costes tipo para cada trayecto con una periodicidad anual de forma transparente y mediante un procedimiento de audiencia pública, recabando la información necesaria de los operadores independientes que actúan en dichas rutas”.