• Julio Pérez y Lluís Serra acuerdan constituir un grupo de trabajo que examine las convocatorias más recientes para ver cómo han sido puntuados los títulos, con especial atención a los de postgrado o másteres

• El rector resalta que, en los últimos tiempos, el Gobierno de Canarias ha procurado que la mayor parte de las decisiones tengan el respaldo científico y de personas competentes y experimentadas con criterios solventes

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha mantenido esta semana un encuentro con el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra, a solicitud de éste, para poner en marcha un proceso de revisión y estudio del modo y forma en el que se valoran los distintos títulos que expiden las universidades canarias, en concreto la de Las Palmas de Gran Canaria, en el momento de convocarse procesos selectivos en las administraciones públicas.

A la hora de convocar oposiciones con una fase de concurso o concursos de traslado, entre los méritos se incluyen las titulaciones que poseen los candidatos. Desde la ULPGC entienden que no siempre los méritos correspondientes a los reconocimientos académicos están bien valorados o puntuados en los baremos correspondientes.

Por ello, ambos han acordado constituir un grupo de trabajo que examine las convocatorias más recientes de procesos selectivos, con el propósito de ver la manera en que estos títulos han sido puntuados, con especial atención a los títulos de postgrado o másteres, de los cuales hay dos categorías, los que se corresponden con enseñanzas similares a la que se imparten en el conjunto del territorio nacional y los llamados títulos propios.

Las dos tipologías han sido tenidas en cuenta en las distintas convocatorias de la Administración Pública, pero el rector ha manifestado su deseo de que se examine si la puntuación atribuida está justificada y es razonable. Por su parte, Julio Pérez ha mostrado su compromiso de estudiar la situación con la ULPGC, y también con la Universidad de La Laguna, para que se establezca un sistema que resulte adecuado a la ley y satisfactorio para ambas universidades.

En este sentido, el consejero ha hecho la apreciación de que los procesos selectivos de Sanidad y Educación se rigen por normas singulares y que, por tanto, no podría pronunciarse sobre tales procesos.

El consejero y el rector han aprovechado el encuentro para hablar de la revisión y modificación de los procesos selectivos, en general, de las oposiciones y de los concursos-oposición, para el acceso a las administraciones públicas. El titular de la Consejería de Administraciones Públicas entiende que la experiencia y el conocimiento de las universidades puede ser muy útil en este momento en el que la Consejería se plantea cambiar algunos de los elementos o mecanismos que forman ese proceso selectivo.

En la actualidad, según ha explicado Julio Pérez, los procesos selectivos están basados, esencialmente, en los conocimientos y en una comprobación que, en muchos casos, es puramente memorística. Se trata de corregir este mecanismo, como han hecho otras administraciones, estados o la Unión Europea, para que no solo se valoren los conocimientos, sino que también se evalúen las capacidades, habilidades y competencias de los candidatos, siendo objeto de revisión y escrutinio en el momento del acceso. Teniendo en cuenta que en la universidad se forma a los candidatos y se tiene experiencia en la selección de personal, el consejero ha propuesto Lluís Serra que le facilitara sugerencias y orientaciones en este proceso de modificación.

El rector aprovechó la ocasión para recordarle a Julio Pérez las necesidades presupuestarias de la Universidad. El consejero de Administraciones Públicas le replicó que, el día anterior, había hablado con la consejera de Educación, Manuela de Armas, quien era plenamente consciente de que en los próximos presupuestos debían incluirse partidas para atender las necesidades financieras de nuestras universidades.

Por último, ambos han coincidido en resaltar el hecho de que, en los últimos tiempos, el Gobierno de Canarias ha procurado que la mayor parte de las decisiones que se adoptan en distintos ámbitos vengan respaldadas por el conocimiento científico de la materia de la que se trate y por la participación en ellas de personas competentes y experimentadas que proporcionen a la Administración criterios solventes antes de tomar tales decisiones.