El presidente de Canarias considera que las cuartas cuentas aprobadas demuestranla cohesión y fortaleza del Pacto, “cuyas cuatro fuerzas han sabido dejar a un lado las diferencias y acabar juntas la legislatura, algo excepcional”
Torres destaca el aumento en 330 millones para Sanidad, la subida de 200 en Educación y el incremento del 16% en las partidas para Derechos Sociales,
con el fin de mejorar la dependencia al máximo antes de que acabe 2023
Considera que la propuesta fiscal canaria debe ser imitada por no rebajarlos impuestos a las rentas altas, por prever deducciones para las clases medias
y por aplicar los tres paquetes de reducciones a los que cobren menos de 30.000 euros
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, calificó esta mañana, durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento regional, de “magnífico” el Presupuesto regional para 2023 aprobado ayer en el Consejo del Gobierno por reforzar como nunca la apuesta que ha hecho el Ejecutivo durante esta legislatura por el estado de bienestar, pese a sufrirse crisis mundiales como la de la pandemia por la covid.
Torres considera que las nuevas cuentas, que ahora entrarán en el trámite parlamentario, “darán continuidad a la labor del Gobierno durante la próxima legislatura” y demuestran la “cohesión y fortaleza” que han caracterizado a un Ejecutivo que, pese a estar compuesto por cuatro fuerzas con muchas coincidencias, pero también con diferencias, “ha sabido dejar eso a un lado” y acabar el mandato, “algo excepcional en Canarias”, donde siempre ha habido censuras, ceses, marchas de gobiernos o crisis gubernamentales por distintos motivos.
El jefe del Ejecutivo cree que esa estabilidad aportada a la legislatura es una de las claves de estos años, pese a las dificultades enfrentadas, y ha hecho posible reforzar los servicios básicos con decisiones como que, en las cuentas de 2023, se destinen 7.500 millones a gasto social. Además, remarcó los esfuerzos en Sanidad, con 330 millones de euros más respecto a 2022; en Educación, que sube unos 200, y con el mantenimiento de los 7.000 sanitarios y los 3.000 docentes incorporados por la covid, en contraste con otras comunidades. A esto se añade el 16% de incremento en la partida de Derechos Sociales.
El presidente también resaltó el aumento de la inversión en el proyecto presupuestario, la apuesta por sectores como el primario o el turístico y el hecho de que, “aunque siempre piden más, todos los consejeros del Gobierno se han mostrado satisfechos con los recursos con los que cuentan”. Según insistió, se trata de unos Presupuestos que permitirán tener una comunidad “mucho más justa en lo económico y lo social, con mayor igualdad y con equilibrios territoriales para las ocho islas”. Asimismo, aseguró que la propuesta fiscal “debería ser imitada” por otras administraciones porque “las grandes fortunas no tendrán deducciones, mientras que las clases medias podrán acogerse a dos de los tres paquetes planteados, y las más bajas, las inferiores a 30.000 euros anuales, a las tres reducciones”.
Para Torres, lo adecuado es decirle a las rentas altas que es el momento de hacer un esfuerzo en pro de los más vulnerables y la clase media. Por eso, considera que los Presupuestos son realistas, los que precisan las Islas y dan “certidumbres dentro de las incertidumbres internacionales”.
“Vamos a continuar reforzando el estado del bienestar -recalcó-, pero hay que recordar que había 5.000 familias que recibían la PCI al llegar al Gobierno de Canarias y ahora ya son 40.000 gracias también al Ingreso Mínimo Vital”. Asimismo, subrayó que se ha doblado la financiación a los ayuntamientos para derechos sociales y que se ha pasado de 400 prestaciones por dependencia tramitadas al mes a las 1.000 actuales, “con lo que, de seguir así, y vamos a mantener esta apuesta, se habrá acabado a finales de 2023 con el limbo de la dependencia”, según dijo recientemente el presidente de los directores y gerentes de entidades que actúan en derechos sociales en España.
Un Gobierno para la mayoría social
El presidente contrastó esta apuesta fiscal con la eliminación en Madrid del impuesto sobre el patrimonio, que ha reducido los ingresos de esa comunidad en 1.500 millones. “Nosotros, por el contrario, lo mantenemos y ese dinero lo derivamos a las familias con más dificultes”. A su juicio, resulta clave decirle a la gente “claramente para quién se gobierna: unos para las rentas altas y nosotros para la mayoría social”.
Sobre el último informe Arope de pobreza, de 2021, Torres recalcó que nunca negará la existencia de una pobreza que, además, ha crecido en el mundo y España por la pandemia. Sin embargo, insistió en que, en numerosas páginas de ese trabajo, se deja claro que Canarias es de las pocas comunidades españolas que mejora diversos parámetros, que reduce el riesgo de exclusión y que se convierte en la única de la zona del sur de España con esa evolución, pese a los estragos de crisis como la pandemia. En este sentido, subrayó que 375.000 canarios no han entrado en el umbral de la pobreza por el escudo social desarrollado (con los ERTE, los créditos ICO, las ayudas a empresas y familias, y la apuesta por los servicios básicos).
Esto contrasta, en su opinión, con las etapas en las que se daban en Canarias más aportaciones básicas a las familias (que no las de servicio) por cuidar a dependientes que en la actualidad, en la que el porcentaje de pobreza era del 39,2 (ahora es del 37,8), en las que había 50.000 personas más en riesgo de pobreza o el 64% (ahora es el 59%) de personas con problemas para llegar a fin de mes, que era lo que ocurría en 2018. Además, en 2021 aumentó la renta media el 13% respecto a ese año. “Si nuestra gestión es mala -replicó a la oposición-, póngale calificativo a la de ustedes”.
En otros puntos del pleno, Torres también dejó claro que la reserva de inversiones (RI) para Baleares es muy distinta y mucho menos atractiva que la RIC, la canaria (que no tiene tope de inversión y sí permite invertir en empleo, frente a la imposibilidad balear y el máximo de 200.000 euros en tres años). Asimismo, recalcó que el Gobierno regional seguirá defendiendo en España y la UE las singularidades isleñas y la condición RUP, aparte de subrayar los avances logrados en este mandato en transparencia y participación ciudadana, con el 66% más de aportaciones de los residentes, por ejemplo, en el portal de transparencia.