El Ejecutivo aprueba los decretos que afectan a los últimos siete expedientes en los que se debe modificar el planeamiento general o parcial

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves, 3 de noviembre de 2022, los decretos para la ejecución de las últimas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictadas en relación con el procedimiento del artículo 17.1 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo.

Los decretos aprobados se refieren a siete expedientes relativos a 111 parcelas ubicadas en los términos municipales de Mogán y San Bartolomé de Tirajana, ambos en Gran Canaria. Las entidades implicadas, en estos casos específicos, han sido Aldiana Fuerteventura, Katanga Inversiones, Unimadoc, Hijos de Francisco López Sánchez, Satocan y Técnicos y Servicios Insulares. La cifra total que piden los demandantes para los expedientes que se tramitan hoy es de 80.593.492,5 euros.

En ellos se establece el deber de las referidas entidades locales de proceder a la modificación del planeamiento general o parcial en el que se ubican las parcelas afectadas para su reclasificación a suelo rústico común, en la subcategoría que corresponda conforme a su destino.

En este sentido, se fija un plazo de seis meses para que las corporaciones municipales adopten la modificación de la clasificación de la parcela mediante la modificación puntual del instrumento de ordenación.

Además, se advierte a los ayuntamientos de que, transcurrido el plazo así fijado sin que se hubieran iniciado o concluido los correspondientes procedimientos, la Consejería con competencias en materia de ordenación urbanística y territorial procederá a la modificación omitida.