El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se ha reunido esta mañana en la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria con los armadores que disponen de licencias de pesca en el marco del convenio con el Reino de Marruecos, cuya negociación empieza a desarrollarse estas semanas.
Acompañado por el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero, y el director general de Pesca, Orlando Umpiérrez, el presidente canario ha escuchado las propuestas de los seis operadores en la zona regulada por este convenio y ha mostrado su compromiso de trasladarlas al Gobierno de España, que a su vez las expondrá ante la Comisión Europea para dicha negociación.
Son doce los buques que pescan en esta zona merced al convenio que se firmó en 2014 y que hace unos días fue ratificado por el Tribunal de Justicia Europeo, aunque excluyendo de él las aguas próximas al Sahara Occidental. Esta sentencia condicionará la negociación del futuro acuerdo que estará vigente a partir de julio de este año, pues es en esas aguas en las que desarrollan buena parte de su actividad los buques canarios, dedicados principalmente a la pesca de túnidos y otras especies pelágicas. En este sentido, el Ejecutivo canario preguntará a la Secretaría General de Pesca del Estado que determine si los armadores canarios pueden pescar o no en las aguas del Sáhara Occidental después de la citada sentencia.
Los buques canarios suponen cerca de un 25% de las licencias de las que España ha hecho uso en este convenio (49 de un total de 126 europeas) en el periodo de vigencia del acuerdo (2014-2018), con un porcentaje de pesca para los barcos españoles del 7% (7.134 toneladas).
El Gobierno de Canarias ha trasladado a los armadores que, además de sus demandas, van a reiterar al Gobierno de España la necesidad de que las condiciones especiales del Archipiélago, por cercanía a la zona y por su condición de región ultraperiférica (RUP), sean tenidas en cuenta a la hora de negociar el futuro de este acuerdo. Estas circunstancias son recogidas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (art. 349) respecto a la negociación de acuerdos comerciales con terceros países, para paliar los efectos socio económicos que estos acuerdos pudieran provocar en el Archipiélago u otras RUP.
