El Ejecutivo acuerda también sacar a subasta un local de su propiedad en Madrid que está en desuso
El Consejo de Gobierno autorizó hoy el gasto para el arrendamiento -durante diez años- con opción de compra del edificio Urbis, en Las Palmas de Gran Canaria, por un importe de 12,8 millones de euros.
El acuerdo se justifica en la necesidad de dar traslado a esta nueva ubicación de las dependencias de determinados centros directivos del edificio Uso Múltiples V y que no reúnen las condiciones necesarias de accesibilidad y habitabilidad.
En el edificio se encuentran actualmente los servicios del CECOES 112 y la ZEC, quienes ocupan aproximadamente un tercio de la superficie del inmueble. El resto pertenece a oficinas del sector privado, que abandonarían el edificio en caso de formalizarse la opción de compra.
Del mismo modo, se trasladará a este edificio el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) y la Audiencia de Cuentas. Esta última irá ubicada en la antigua oficina de procuradores, pero, debido a la necesidad de reforma de este, transitoriamente y hasta la finalización de las obras, se instalará allí.
Además, se instalarán la Dirección general de Promoción Económica; la Dirección General de África; la Viceconsejería de Economía y Gestion de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias.
La utilización completa del edificio permitirá también al CECOES 112 -que actualmente ocupa la planta 5ª del edificio- dar cobertura a la ampliación de personal que se prevé.
El estudio de mercado realizado por la empresa Actúa Valoraciones, SA, que fue aprobado por la Dirección General de Patrimonio y Contratación el pasado 2 de marzo, señala que el Edificio Urbis es el único que reúne las condiciones óptimas para el destino que se pretende. Fueron tomado como testigos otros seis inmuebles.
Por lo que respecta a opción de compra, la operación se cierra en trece millones quinientos mil euros 13,5 millones de euros. Si la opción se ejercita en los cinco primeros años de duración del contrato de arrendamiento, se descontará de la misma el treinta por ciento de la renta neta abonada hasta la fecha, descontándose el quince por ciento (15%) de la renta neta abonada hasta la fecha, en el supuesto de que la opción de compra se ejercite entre los años sexto a décimo de la duración del contrato de arrendamiento.
Por otra parte, el Gobierno autorizó la subasta pública, por el procedimiento abierto, de un inmueble de su propiedad ubicado en la calle Jovellanos, en Madrid, que actualmente está en desuso.
