El contrato incluye 39 sedes, oficinas y órganos judiciales de Canarias, cinco más que el actual, 16 de ellos correspondientes a la provincia
de Las Palmas y 23 a la de Santa Cruz de Tenerife
Tendrá un plazo máximo de vigencia de dos años, del 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2025, y podrá prorrogarse por tres años más
El presupuesto total se abonará en tres anualidades, correspondientes a 2023, 2024 y 2025, y se divide en dos lotes, uno por cada provincia
El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este jueves, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, autorizar el gasto correspondiente a la contratación del servicio de limpieza de las sedes, oficinas y órganos judiciales de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias, por importe de 10.031.809,58 euros, incluido el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).
El contrato incluye 39 sedes, oficinas y órganos judiciales, cinco más que el vigente, dieciséis de ellos situados en la provincia de Las Palmas y 23 en la de Santa Cruz de Tenerife. Su plazo máximo de vigencia son dos años, del 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2025, y podrá prorrogarse por tres años más.
El presupuesto total se abonará en tres anualidades, 1.671.968,26 euros entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2023; un total de 5.015.904, 79 euros entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024; y 3.343.936,53 euros entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025.
Además, el contrato está dividido en dos lotes, uno por cada provincia, ascendiendo el de Las Palmas a 6.260.259,20 euros y el de Santa Cruz de Tenerife a 3.771.550,38 euros.
Su objetivo es mantener todos los órganos, sedes y oficinas judiciales de la Comunidad Autónoma de Canarias en un estado de higiene adecuado para su correcto funcionamiento, a satisfacción de los usuarios y cumpliendo los planes de seguridad e higiene en el trabajo desarrollado en los edificios públicos.
Hay que tener en cuenta que la limpieza abarca todo el edificio, no solo las unidades judiciales, lo que incluye zonas comunes, exterior de los edificios, hasta instalaciones que no son unidades judiciales propiamente dichas, cono los institutos de medicina legal, fiscalías, decanatos.
