El presidente de Canarias acude a la cita organizada por la Confederación Canaria
de Empresarios en el auditorio Alfredo Kraus, donde pone como ejemplos lo ocurrido con la pandemia, el Plan Reactiva, la Agenda 2030 o los distintos pactos sociales

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, inauguró esta mañana el I Foro para el Impulso de la Colaboración Público-Privada en Canarias, que se celebra en el auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, organizado por la Confederación Canaria de Empresarios (CCE).

La iniciativa se concibe como un espacio de reflexión, análisis e intercambio de información y de experiencias para abordar con mayores garantías y recorrido las posibilidades de coordinación y colaboración entre el sector público y privado de las islas como referente del desarrollo económico y social. Según señaló Torres a los medios, los cuatro años de esta legislatura son un magnífico ejemplo de una buena coordinación entre esos dos ámbitos, y subrayó el papel que han jugado en esa imbricación, en los momentos más difíciles de las distintas crisis sufridas, los dos presidentes de la CCE, Agustín Manrique de Lara y Pedro Ortega, el actual.

El jefe del Ejecutivo tiene claro que la lucha contra la pandemia de la covid-19 demuestra a las claras la necesidad de la unión de lo público y lo privado para superar las adversidades. Según indicó, desde que se produjo el confinamiento (el 14 de marzo de 2020), la colaboración con el Gobierno fue total para traer material sanitario del exterior, de países como China o Brasil, para lo que se fletaron aviones desde Canarias.

Torres también resaltó que, en esos momentos difíciles, el sector privado pidió que no querían que se explicitaran los nombres de los que estaban colaborando, que no querían protagonismo, algo que considera que debe ser reconocido públicamente cuando ya se ha superado la pandemia. Además, aludió al papel que desempeñaron los agentes sociales, las patronales y los sindicatos en la elaboración y aprobación del Plan Reactiva Canarias, con reuniones desde el 16 de marzo de aquel año.

Esa colaboración se mantuvo y se intensificó con la firma de la Agenda Canaria 2030 (suscrita el 2 de diciembre de 2021 en Jameos del Agua, en Lanzarote), por lo que, según el presidente, los agentes privados han dejado su impronta para una Canarias futura más justa y con mayor igualdad entre mujeres y hombres.

Asimismo, el sector empresarial intervino en la inclusión de una disposición adicional sobre las islas en el decreto de los ERTE por la pandemia, con el fin de mantener la relación entre los trabajadores y sus empresas, aparte de ser determinante, gracias a las Cámaras de Comercio, para el exitoso reparto de los 1.144 millones de euros en apoyo a las empresas y autónomos por las consecuencias de la covid-19.

Vacunación y reforma laboral

Torres también recordó que, durante los peores meses de la pandemia, no hubo distinción entre sanidad pública y privada, y se firmó un convenio con las empresas privadas para potenciar la vacunación y lograr los datos menos desfavorables de fallecidos en el país por 100.000 habitantes. A su juicio, el papel de la patronal también ha sido clave para que se aprobara una reforma laboral junto con los sindicatos, algo “inédito”.

Por su parte, Pedro Ortega recalcó la importancia de impulsar la colaboración público-privada, de que se supere la desconfianza entre ambos sectores, porque Europa apuesta por esta coordinación, y destacó que lo ocurrido con la pandemia en las islas fue un gran ejemplo.

Esta jornada técnica de la CCE sirve para exponer distintos enfoques sobre esa colaboración y sus márgenes de expansión y diversificación, siempre con la meta de mejorar los resultados y así el desarrollo socioeconómico de las islas.

Durante la presente legislatura, además, la colaboración entre lo público y lo privado se tradujo en numerosos acuerdos entre los agentes sociales, como el de concertación social, seguridad laboral, por la igualdad salarial entre géneros, el Pacto de la Ciencia y otras iniciativas que han contado con la participación, el diálogo y el consenso entre los agentes privados de la sociedad civil y las distintas administraciones.