Las modificaciones normativas de los últimos años, así como el avance de las tecnologías digitales, hacen necesario modificar de manera sustancial el contenido de la norma que determina la creación, organización y funcionamiento de los CEP mediante un nuevo reglamento
El Consejo de Gobierno de Canarias acordó hoy, jueves 6 de julio, a instancias de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, tomar en consideración y solicitar dictamen preceptivo al Consejo Consultivo de Canarias sobre el Proyecto de Decreto por el que se regulan los Centros del Profesorado (CEP) en las islas, que servirá para actualizar la norma actual a la realidad presente.
Estos centros surgieron en virtud del Decreto 82/1994, de 13 de mayo, por el que se reguló su creación, organización y funcionamiento. Se concibieron como núcleos de dinamización pedagógica con el objetivo de facilitar medios humanos y materiales al personal docente que busca la renovación y la actualización en métodos, estrategias y dinámicas de trabajo para conformar un nuevo perfil del profesorado.
Con el tiempo, los CEP se han convertido en referentes para la adaptación continua de la escuela a los cambios de la sociedad a la que sirve a través de la innovación, la investigación y la experimentación, al promover el desarrollo de prácticas para el cambio hacia una educación inclusiva, que responda al enfoque competencial de la enseñanza, que integre el aprendizaje de valores y que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la participación y la continuidad del alumnado. Compartir esta misión requiere de los CEP estrategias de coordinación eficaz, de trabajo en red y de formación compartida en el ejercicio de la función asesora, adoptando estilos de desempeño que permitan abordar los retos de esta nueva realidad.
Desde entonces, se han producido distintas modificaciones normativas en materia educativa, como la aprobación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), o la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, entre otras, además del avance experimentado en estos años de las tecnologías digitales, que han transformado las formas de comunicación, difusión y acceso a la información, así como la construcción del conocimiento, lo que ha hecho indispensable la adquisición de la competencia digital, entre otros aspectos.
En consecuencia, esta medida se justifica en la complejidad que encierra la labor de los equipos pedagógicos para integrar todos los requerimientos mencionados, y también en la necesidad de adaptar la normativa al nuevo panorama, que afecta a la organización y al funcionamiento de los CEP, al perfil de las personas que componen dichos equipos, a las competencias asociadas a ese perfil, a los nuevos enfoques de la labor de asesoramiento y al procedimiento de acceso a la función asesora.
Por todo ello, es preciso modificar de manera sustancial el contenido del mencionado Decreto mediante una nueva norma reglamentaria que lo sustituya y que actualice su contenido normativo.
Así, la Comisión de Coordinación Permanente reemplazará al Consejo General con la finalidad de que los centros educativos continúen contando con un espacio de participación en la toma de decisiones que les garantice la transferencia a sus comunidades educativas de información, recursos y orientaciones facilitadas por los equipos pedagógicos, así como también proponer criterios para la elaboración de la Programación Anual de actividades, trasladar al Consejo de Dirección las necesidades formativas del profesorado de sus centros o constituir comisiones de trabajo, entre otras funciones.
