Ya han corrido y correrán ríos de tinta con sesudas valoraciones jurídicas sobre la constitucionalidad o no de la amnistía exigida por el independentismo catalán a cambio de apoyar la investidura de Pedro Sánchez, pero aquí pretendo hacer una reflexión sobre las bondades que de tal amnistía nos vende el gobierno en funciones para mantenerse en él.
Vaya por delante que, particularmente, podría hasta compartir la oportunidad de modificar la Constitución para que cualquier nacionalidad de España, que no quiera pertenecer a este país, tenga el derecho a decidir por sí misma sin que se la retenga por la fuerza en un Estado del que no se sintiera parte. Otra cosa es que, teniendo el derecho de autodeterminación, defendiera la necesidad de ejercerlo y menos que, de hacerlo, deba o pueda prosperar la separación de España, ni siquiera en Cataluña a tenor de los últimos resultados electorales.
Cierto es que avanzar en el referéndum es una de las condiciones establecidas por el independentismo, sin renunciar a la unilateralidad, y así lo aprobó el propio Parlamento catalán, pero no lo es menos que el PSOE ha descartado tal pretensión, al menos de momento -que con Pedro Sánchez nunca se sabe cuándo va a “cambiar de opinión-.
Pongamos por tanto el foco en el principal argumento esgrimido para justificar la necesidad de una amnistía, por aquello de “pasar página y normalizar la situación en Cataluña, ante una situación excepcional”, dicen ahora el PSOE y Sumar, comparándola con la Ley de Amnistía de 1977.
Sin embargo, justo antes de las elecciones todo el PSOE negó la mayor con Pedro Sánchez a la cabeza, quien afirmó pública y categóricamente que “la amnistía no entra dentro de la Constitución”, en términos similares a lo dicho por múltiples miembros de su Ejecutivo y reflejado hasta en los informes jurídicos elaborados para indultar a los líderes del procés, coincidiendo entonces en que “la amnistía sí era claramente inconstitucional”.
Por contra, ahora han tocado a rebato para decir justo lo contrario ante circunstancias supuestamente excepcionales de “interés general para el Estado”.
Cabe preguntarse pues cuál es la situación excepcional, porque desde luego no estamos ante un cambio de régimen, como se vivió con la Ley de Amnistía del 77 con la que ahora pretenden compararla, y la única respuesta creíble como situación excepcional sobrevenida es la imperiosa necesidad de Sánchez de contar con el voto de los independentistas catalanes para conservar la Presidencia.
No debemos olvidar que PSOE, Coalición Canaria, PP y Ciudadanos votamos a favor de la aplicación del artículo 155 de la Constitución y, por ende, de sus consecuencias judiciales, aunque Sánchez se desdiga ahora con que “la amnistía es una forma de pasar página y superar las consecuencias judiciales de una de las peores crisis de la democracia”. Un argumento realmente delirante e insultante para el más elemental sentido común y me explico.
¿Cómo pretenden hacernos creer que se trata de pasar página –si así fuera hasta cabría el debate de su oportunidad– cuando son los propios y potenciales amnistiados que la piden, quienes están explicitando que no es así, que el Gobierno debe admitir que “fuimos” el Estado represor el que vulneró sus derechos democráticos en Cataluña, al tiempo que anuncian que lo volverán a hacer libres de pecado, sin renunciar a la unilateralidad?
Y lo peor no es que lo diga Sumar o el propio presidente Sánchez -que ya sabemos que para conservar el poder es capaz de incumplir su palabra y compromisos electorales “cambiando de opinión” cuantas veces sea menester–, lo peor es que hay un ejército de periodistas, creadores de opinión y medios de comunicación, especialmente en la televisión pública, quienes olvidando las propias premisas de Junts y ERC insisten en alimentar la idea de que se trata de “pasar página”.
Que la amnistía no serviría para pasar página no lo digo yo, ni siquiera es un pensamiento, es lo que de manera categórica niegan y advierten explícitamente quienes la exigen.
Así que a otro perro con ese hueso. Aquí se trata de votos para la investidura, ni interés general, ni superar conflictos, ni pasar página, como no sea hacia atrás.
*Pedro M. San Ginés Gutiérrez es senador por la Comunidad Autónoma de Canarias
