Telde, 17 de abril de 2018.- La sala polivalente del teatro municipal Juan Ramón Jiménez acoge este miércoles, a partir de las 20.00 horas, la conferencia La prostitución: la violencia invisible, una iniciativa de la Concejalía de Solidaridad que dirige Marta Hernández y que corre a cargo de la asociación Faraxa por la Abolición da Prostitución.
La presidenta de este colectivo, Carmen Lago, será la persona encargada de impartir la charla en la que hablará sobre la experiencia de esta asociación en la lucha contra la prostitución y el apoyo que ofrecen a las personas que sufren esta forma de agresión.
Esta actividad cuenta con la colaboración del Movimiento Encuentro y Solidaridad y la asociación Frida Kahlo.
Esta petición fue uno de los acuerdos adoptados durante una reunión de los concejales de Servicios Sociales de estos cuatro municipios, Diego Ojeda, Jacinto Ortega, Óscar García y Flora Marrero, respectivamente, en la que se abordó, además, la situación de los proyectos de Bienestar Social 2018.
Los ediles explicaron que los cuatro ayuntamientos solicitarán al Gobierno de Canarias, la Fecam y las eléctricas que sean estas últimas las que faciliten la tramitación de este bono con el que las familias podrán obtener un descuento de hasta un 40% en su factura de luz, evitando así que los usuarios tengan que realizar una peregrinación por las distintas administraciones públicas para obtener las certificaciones necesarias. Asimismo, piden que sea el Gobierno de Canarias quien expida los certificados de discapacidad, víctimas de violencia de género y de familia numerosa, ya que es quien tiene asumidas estas competencias. El Estado, por su parte, debe asumir la certificación de las víctimas de terrorismo.
Telde, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna son además las localidades con el mayor número de usuarios de los servicios sociales con cifras que superan las 20.000 intervenciones anuales. Los cambios derivados del Real Decreto del Bono Social suponen para estos consistorios un aumento considerable de la carga de trabajo de la plantilla de estos departamentos, así como un probable aumento del gasto social porque se calcula que en Canarias hay 100.000 personas susceptibles de beneficiarse de este bono y la mayor parte de ellas residen en estos municipios.
Estos cambios, puntualizaron, no solo beneficiará a los cuatro ayuntamientos con más población, sino al resto de los 87 municipios canarios.
Por otro lado, solicitan una mayor flexibilidad en los plazos establecidos para ejecutar y justificar los proyectos de Bienestar Social 2018 -30 de junio y 15 de julio, repectivamente-. Según apuntaron, las administraciones locales encuentran serias dificultades para cumplir estos requisitos y temen perder la financiación que les permitirá poner en marcha proyectos y aumentar ayudas que complementen las acciones que ya se están realizando desde los distintos ayuntamientos. Así, reclaman que estos proyectos puedan ejecutarse hasta el 31 de diciembre.
