El Ayuntamiento de Guía aprobará en breve las bases reguladoras para las ayudas sociales de emergencia que se tramitan desde esta administración, aquellas destinadas a ayudas puntuales para las familias sin recursos. Según informa la concejala de Política Social, Carolina Bolaños, desde el área de Servicios Sociales siguen tramitándose  las ayudas para emergencias sociales del Cabildo de Gran Canaria, las derivaciones para el reparto y tarjetas de alimentos de Cruz Roja y las derivaciones a las Ong’s para el reparto de  alimentos a las familias más vulnerables. 

Asimismo, explica la responsable municipal, la tramitación de ayudas y/o prestaciones económicas periódicas, las de la renta canaria de ciudadanía y las pensiones no contributivas, que son competencia del Gobierno de Canarias, se tramitan desde los Servicios Sociales municipales y siguen su curso normal. Además, y con el fin de agilizar el trámite de estas ayudas, este departamento se ha reforzado con dos nuevas trabajadoras sociales para agilizar toda la tramitación con lo que se ha logrado que no exista demora ni lista de espera para las ayudas periódicas. 

Carolina Bolaños ha manifestado que se está trabajando para aprobar lo antes posible las bases reguladoras para las ayudas de emergencia no periódicas ya que estas ofrecen múltiples beneficios tanto para la comunidad como para la administración pública “ya que establece un marco legal y regulatorio que define los derechos y deberes tanto de los beneficiarios como de los prestadores de servicios sociales, lo que ayuda a evitar ambigüedades y conflictos”, explicó Bolaños. En tal sentido, contar con este documento, dijo, “asegura que todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, tengan acceso a los servicios sociales de manera justa y equitativa, evitando discriminaciones”, apuntó.

Se refirió también la concejala a las ventajas de estabilidad y continuidad que estas bases facilitarán “al promover la continuidad de los servicios, independientemente de quien se encuentre al frente, además de facilitar la supervisión y el control de la gestión, lo que aumenta la transparencia, obliga a todos a rendir cuentas además de permitir una mejor organización y planificación de los recursos, lo que supone una mayor eficiencia y efectividad en la prestación de servicios”, destacó.