El Gobierno incrementa con 79.000 euros las actuaciones en accesibilidad para personas dependientes
Esta partida permitirá financiar solicitudes formuladas desde asociaciones y otras entidades con el objetivo último de la mejora de la calidad de vida
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su sesión de este lunes una modificación presupuestaria destinada a incrementar con 79.000 euros las actuaciones que desarrolla la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias para el fomento de la accesibilidad de personas dependientes.
Entre otros proyectos, esta partida permitirá financiar diversas solicitudes formuladas desde asociaciones y otras entidades dirigidas a colectivos y personas con dependencia, con el objetivo último de la mejora de la calidad de vida. La financiación de estos proyectos de inversión permitiría que las asociaciones y entidades desarrollen todas las actuaciones necesarias para la prestación de servicios de interés social, con criterios de solidaridad y autonomía, dando cumplimiento a los preceptos recogidos y establecidos en la Ley de Servicios Sociales de Canarias.
Con esta actuación, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias cumple con el objetivo de asegurar la accesibilidad universal de las personas mayores, en igualdad de condiciones, en los entornos, procesos, bienes, productos y servicios abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.
Uno de los retos prioritarios de este departamento es mejorar la atención a las personas en situación de dependencia. Para ello, entre otras medidas, se han iniciado acciones para agilizar los tiempos de tramitación que ya han empezado a dar resultado. Desde el inicio de legislatura, se ha reducido en casi seis meses el tiempo de resolución de las solicitudes, un 22,2% menos en el último año.
El Gobierno aprueba la inversión de 400.000 euros para la construcción del centro de día de mayores de Mogán
La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias quiere otorgar un mayor protagonismo a la población mayor que reside en las islas
En la sesión celebrada este lunes 23 de septiembre, el Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado autorizar la transferencia de crédito de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, destinada a la construcción del nuevo centro de día de mayores en el Ayuntamiento de Mogán.
Este nuevo centro permitirá complementar la atención que se presta en la actualidad en el centro de Arguineguín y atender mejor al resto de población mayor residente en zonas más alejadas como Mogán pueblo, Playa de Mogán y Veneguera.
Con esta actuación, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias cumple con uno de sus objetivos, como es promover la financiación de proyectos de inversión que permitan acometer obras y reformas necesarias, así como la dotación de los equipamientos precisos para asegurar la accesibilidad universal de las personas mayores, en igualdad de condiciones con las demás personas, en los entornos, procesos, bienes, productos y servicios abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales, así como ofrecer una atención “integrada”, de carácter social y sanitario.
Además, la Consejería quiere otorgar un mayor protagonismo a la población mayor que reside en las islas. Para ello, trabaja ya en la elaboración del primer programa de atención integral para las personas mayores de Canarias. Esta herramienta permitirá desarrollar un proyecto para mejorar la imagen social del envejecimiento, promover la solidaridad intergeneracional y fomentar una aproximación lúdica y socializante del envejecimiento activo a través de la actividad física.
Esta legislatura es la primera que Canarias cuenta con una dirección general específica dedicada a la población mayor. En los últimos 22 años la población de más de 65 años ha aumentado considerablemente, de forma que en el año 2000 representaba el 11,6% y en 2022 ya suponía el 17,1% de los residentes en las islas.
El Gobierno de Canarias incrementa en 1,5 millones de euros la ayuda a los consorcios insulares de bomberos
La Dirección General de Emergencias destina este año un total de 5,2 millones de euros a los cuerpos de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana una modificación presupuestaria para incrementar en 1,5 millones de euros la aportación económica a los tres consorcios insulares de bomberos en funcionamiento en el archipiélago, adscritos a los cabildos de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote.
La partida presupuestaria de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, destinada a subvencionar el funcionamiento de los consorcios de bomberos, registra así en 2024 un incremento del 7,6% con respecto al ejercicio anterior.
El objetivo de este aumento es garantizar la movilización de los recursos insulares necesarios en caso de emergencias de nivel autonómico, sin causar un perjuicio en las cuentas públicas de los respectivos consorcios participados por el Gobierno de Canarias.
El incremento de 1,5 millones de euros aprobado hoy supone igualar las cantidades que los consorcios venían recibiendo en el ejercicio pasado, a las que además se suma un aumento de 125.000 euros añadido para cada consorcio.
El Gobierno de Canarias pone en valor de esta manera la aportación que al sistema público de protección civil canario realizan cada día los cuerpos insulares de extinción de incendios y rescate, integrados en los cabildos insulares de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote.
El Gobierno canario aprueba un incremento de 24 millones de euros para la atención a menores
A través de esta partida se financiarán recursos destinados a la infancia migrante no acompañada y se aumentarán las partidas para los centros de medidas judiciales
El Consejo del Gobierno de Canarias ha autorizado hoy el incremento de crédito de diversas partidas presupuestarias de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias para hacer frente a compromisos y obligaciones relativos a gastos de menores extranjeros no acompañados y a la ejecución de medidas judiciales de menores infractores, por un total de 24.127.199,22 euros.
En concreto, el Ejecutivo canario ha autorizado 18.894.493,27 euros para cubrir los gastos derivados de la atención a los menores extranjeros no acompañados y otros 4.944.705,95 euros para el programa de ejecución de medidas judiciales de menores infractores que desarrolla la Fundación IDEO, así como para financiar los convenios con varias entidades destinados a la ejecución de las medidas judiciales impuestas por los jueces, y que a la presente fecha carece de crédito para hacer frente a los compromisos adquiridos.
Por último, se incrementa con 288.000 euros la partida destinada a gastos de la Fundación IDEO.
En la actualidad, Canarias cuenta con más de 5.500 menores extranjeros no acompañados acogidos y 81 dispositivos de emergencia. Desde agosto del año pasado está declarada la situación de emergencia para agilizar los trámites administrativos y poder atender a estos menores.
El Gobierno exige al Estado que cumpla con sus obligaciones ante la crisis migratoria que vive Canarias
En el plazo de un mes, el Ejecutivo, a través de sus servicios jurídicos, ejercerá las acciones legales y judiciales que entienda adecuadas
Se insiste en el incumplimiento en materia económica por parte del Gobierno de España derivada de su obligación de garantizar el principio de solidaridad
El Consejo de Gobierno ha aprobado realizar un requerimiento dirigido al Consejo de Ministros para que cumpla con sus obligaciones, recogidas en su protocolo marco estatal, ante la crisis migratoria que vive Canarias. En el acuerdo adoptado, el Gobierno detalla la situación actual, la acumulación de incumplimientos legales por parte del Estado en esta crisis y expone que, transcurrido el plazo de un mes, el Ejecutivo, “a través de sus servicios jurídicos, ejercerá las acciones legales y judiciales que entienda adecuadas” con el objetivo de que el Estado asuma sus competencias en relación con los menores extranjeros no acompañados, que son de su responsabilidad y de los que está obligada a ocuparse.
En el acuerdo se argumenta que la actuación en materia migratoria afecta al menos a cuatro ministerios, que son los que firmaron el protocolo marco sobre determinadas actuaciones en relación con los menores extranjeros no acompañados, y que estos tienen que ejercer las competencias sobre salvamento marítimo, migración, fronteras y relaciones exteriores. Además, insiste en el incumplimiento en materia económica derivada de su obligación de garantizar el principio de solidaridad.
Entre los motivos, se plantea el agravamiento de la crisis migratoria sumado a la ausencia de recursos para atender a las personas que siguen llegando, “la imposibilidad de habilitar nuevos dispositivos de asistencia (salvo los habilitados por emergencia en los puertos), por inexistencia material de instalaciones adecuadas, salvo las solicitadas y no cedidas por la Administración General del Estado”.
El texto recuerda que, desde los primeros momentos de la crisis migratoria, el Gobierno de Canarias “ha cumplido y gestionado todas sus obligaciones de manera responsable y cohesionada, y así continuará haciéndolo. De ese modo, siempre ha estado y continuará, priorizando el objetivo de proteger el interés superior de las niñas y niños extranjeros no acompañados, el mejor desarrollo de su personalidad y su plena integración social. Sin perjuicio de muchas otras actuaciones anteriores, el compromiso político y social resulta incuestionable”.
En cuanto a la situación específica de los migrantes menores no acompañados que siguen llegando, el acuerdo señala que “la realidad es que, desde su desembarco, se encuentran atendidos”. De acuerdo con el protocolo vigente, “tras su recogida en el mar por las autoridades competentes, una vez desembarcados, las autoridades estatales se ocupan de su guardia y custodia, además de llevar a cabo su identificación, prestándoles atención y cuidado en los recursos disponibles y habilitados específicamente para atender la emergencia en los puertos y otras instalaciones. La atención por los recursos de acogida de la Administración autonómica tiene lugar, según viene haciéndose, a partir del momento de su entrega de los grupos de menores por funcionarios la Policía Nacional con un acta de entrega que contiene una lista de nombres, en algunos casos con datos tachados o incompletos e incumpliendo el protocolo marco estatal aprobado a tal respecto en 2014. Aún así, la Comunidad Autónoma se hace cargo de los menores, asignándoles a alguno de los recursos que se encuentran disponibles”.
El Ejecutivo insiste en el hecho de que, “mientras la Comunidad Autónoma de Canarias sigue atendiendo a todos los menores no acompañados con unos medios desbordados e insuficientes para la magnitud de una migración continental, el Gobierno de España y la Administración General del Estado convierten la crisis migratoria agravada en un debate político y mediático, sin formular la menor propuesta dirigida a resolver la situación”.
En el acuerdo se recalca que el sistema de acogida y protección de menores migrantes no acompañados ha incrementado su dimensión de 29 a 81 centros de acogida en el último año, y ha recibido a muchos más menores no acompañados que las plazas previstas ya ampliadas, “en perjuicio del bienestar y seguridad de los menores”.
El documento suscrito por el Consejo de Gobierno insiste en la ausencia de actuaciones de repatriación de menores migrantes no acompañados y en el hecho de que en relación con los 6000 menores migrantes no acompañados que están acogidos en Canarias no se ha desarrollado “actuación alguna para su retorno al país de origen para integrarse con su familia”.
Asimismo, expone que el Estado infringe diferentes normas como los artículos 2 bis 3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEX) o el artículo 172 del Código Civil. Esto se debe a que el Estado equipara el lugar en que se halle el menor en desamparo con el territorio del puerto de llegada, aunque el desamparo era previo, así como por la inexistencia de situación de desamparo al proporcionar el Estado la atención inmediata precisa a los menores migrantes no acompañados que salva en el mar o recibe en frontera terrestre.
Finalmente, en el acuerdo adoptado el Ejecutivo regional reitera la “plena disposición de la Comunidad Autónoma para buscar y adoptar de común acuerdo las medidas más adecuadas para la correcta atención de los menores extranjeros no acompañados, en razón del interés superior del menor que debe guiar la correcta atención de todos los poderes públicos”.
Cabe recordar, que en la Conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia, de marzo de 2022, ya Canarias, con el gobierno de Ángel Víctor Torres, presentó un informe jurídico en el ponía en tela de juicio que la responsabilidad de los menores extranjeros no acompañados fuera competencia exclusiva de las comunidades autónomas y, tal como se especifica en el acta de la reunión, son al menos competencias concurrentes con el Estado en aplicación del art. 35 de la Ley4/2000, la cual indica que “hasta que los menores no sean documentados son responsabilidad del Estado”.
El Gobierno de Canarias, ante la imposiblidad de que el Gobierno de España tome acción en esa línea, y para ordenar esta situación, adoptó su propio protocolo territorial derivado del protocolo marco estatal, aprobado por resolución de 13 de octubre de 2014 de la subsecretaría de Presidencia, y que fue consensuado entre los ministerios con competencias en el fenómeno migratorio. En este sentido, el apartado 1 punto tres de este documento establece que “ el Protocolo marco, entendido como tipo o patrón de buenas prácticas que, independientemente de su valor vinculante para las instituciones del Estado que lo suscriban, debería ser completado con la redacción de los correspondientes protocolos territoriales para que –según sus respectivas normas estatutarias– pueda obligar a las administraciones e instituciones autonómicas respectivas”.
