El Ayuntamiento de Mogán denuncia las consecuencias que asumirán las administraciones locales que forman parte del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria por la falta de renovación de sus estatutos, que llevan sin actualizar desde 2015. La principal y más próxima en el tiempo es el incremento de casi 4 millones de euros en las aportaciones que hacen los municipios consorciados en el Presupuesto de 2025, cuota que por el contrario se reduce en la partida que abona el Cabildo de Gran Canaria. El Consistorio moganero votó en contra del Presupuesto presentado y anuncia que lo impugnará, solicitando asimismo la actualización de los estatutos conforme a las leyes estatales para establecer unos porcentajes de participación justos.
Con la entrada en vigor de las leyes de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y de 40/2015 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, quedaron derogados en 2015 los estatutos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que datan en su origen de 2011 y que legalmente tiene que ser revisados cada 5 años. No obstante, el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria es el único de España que “no hay cumplido su obligación legal y sigue teniendo unos estatutos sin actualizar”, apunta el primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, Mencey Navarro.
Esto supone que los ayuntamientos consorciados de menos de 20.000 habitantes, que son un total de 12, abonan cantidades económicas que no les corresponden, ya que, conforme a la ley, es el Cabildo de Gran Canaria el que tiene que asumir el gasto o, al menos, sufragar el mayor porcentaje. En Tenerife el Cabildo establece una cifra única para esos ayuntamientos que es repartida entre todos pagando la misma cuota. Así, por ejemplo, un municipio de 10.000 habitantes abona unos 35.000 euros, mientras que en Gran Canaria la cifra puede ascender a 200.000 euros.
Por otro lado, cabe indicar que el Cabildo congeló desde 2012 a 2024 las partidas a abonar por los ayuntamiento al Consorcio y que es ahora, en el presupuesto de 2025, cuando decide actualizar esas cuotas, que incrementan casi 4 millones de euros respecto al presente ejercicio. No obstante, el propio Ejecutivo Regional es la única administración – incluyendo al Gobierno de Canarias que también participa – que ve disminuida su cuota, que pasa de 14.229.485,36 euros en 2024 a 10.434.958,73 euros para 2025.
“Nos han intentado colar una actualización de las cuotas que cada ayuntamiento debe que abonar al Consorcio. Entorno a los 4 millones que el Cabildo deja de aportar es la cantidad de millones que pretende que los ayuntamientos sufraguen en su cuota proporcional” apunta Navarro, que denuncia que todo parece indicar se intentó ocultar esta información a los ayuntamientos ya que el Consorcio de Emergencias convocó con Comité Ejecutivo y Junta General extraordinaria para, entre otros asuntos, la aprobación del Presupuesto de 2025, avisando a los representantes públicos a pocas horas de su celebración.
En este sentido, Mogán considera que la “descongelación” de las cuotas puede estar relacionada con las sentencias que van ganando los bomberos al Cabildo y al Consorcio por no aplicar a los primeros las condiciones laborales de los funcionarios y funcionarias de la Administración Insular, tal y como recoge la ley desde 2015. En ese sentido, cuando haya que abonar el pago de esas sentencias, si los estatutos no se han actualizado el Cabildo no tendrá que asumir el mayor porcentaje a pesar de ser la Administración con las máximas competencias.
