La portavoz de Coalición Canaria subraya la necesidad de incrementar también la atención a la salud mental y mejorar instalaciones y servicios que eviten la quiebra de la convivencia en los centros penitenciarios

La alido reitera que la prisión Tenerife II debe contar con depósito de agua para garantizar su abastecimiento sin sobrecargar la red municipal

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha reclamado hoy, martes, que las instituciones penitenciarias vean “mejorados y ampliados sus recursos asistenciales” para dar mejor servicio en la custodia de internos en los centros de reclusión en el archipiélago. En este contexto, la diputada nacionalista ha subrayado la necesidad de que el Ministerio del Interior “adopte, sin más retrasos, todas la medidas que sean necesarias” para completar las plantillas de médicos y enfermeros. “Porque la falta de especialistas está provocando que aparezcan y se incrementen las situaciones de peligrosidad en los centros de reclusión”, aseguró Valido tras hacerse eco de las quejas presentadas por los representantes laborales.

Durante su intervención ante el pleno del Congreso, la portavoz de Coalición Canaria ha explicado que la situación actual en los centros penitenciarios de las islas es “bastante mejorable” y, en este sentido, ha reclamado al Gobierno de España que “adopte todas las medidas que sean necesarias” para resolver situaciones precarias como el abastecimiento de agua en la cárcel Tenerife 2 porque, arguyó Cristina Valido, “no puede continuarse en el tiempo con la actual situación en la que este importante centro penitenciario carece de un depósito propio para agua potable y siga recurriendo a recursos hídricos de la red pública de abastecimiento del municipio de El Rosario, cuando todos sabemos de la situación de crisis hídrica que atraviesa la isla de Tenerife”.

En este sentido, Cristina Valido ha confirmado el voto favorable de Coalición Canaria al reconocimiento como agentes de autoridad para los funcionarios públicos que prestan servicio en las instituciones penitenciarias, pero ha advertido que no es la única medida necesaria para el buen funcionamiento de la red de prisiones en el conjunto del Estado. “Este pleno reconocimiento laboral como agentes de la autoridad para los funcionarios y las funcionarias de cárceles y prisiones es un acto de justicia laboral y también una medida social para conseguir mejoras del servicio”, señaló la portavoz nacionalista. “Pero no nos llevemos a engaño”, precisó Valido, “es un paso importante en la política penitenciaria, pero no resuelve el 100% de la compleja situación en la que se encuentran muchos establecimientos penitenciarios del Estado”.

En este ámbito, la portavoz de Coalición Canaria se refirió a otras medidas vinculadas con la seguridad laboral de los trabajadores, la salud mental de la población interna y a su incidencia en la salud laboral de los funcionarios, así como otros aspectos básicos de los centros penitenciarios como la carestía de recursos de primera necesidad vinculados con la alimentación o el acceso a servicios médicos y sanitarios por parte de la población reclusa. “Hay una necesidad perentoria de atender, sin más dilación ni retrasos, a la situación precaria de otros servicios en los establecimientos penitenciarios vinculados con la falta de médicos y de enfermeros”, incidió la diputada nacionalista.

En el caso concreto de Canarias, Cristina Valido destacó la “realidad distinta” que se produce en los centros penitenciarios de las islas, donde “debido a su lejanía del conjunto de la red estatal deben hacer frente a realidades, a veces, muy diferentes” en lo que se refiere a la situación penal de los reclusos y a las condiciones laborales de los funcionarios. Un ejemplo significativo de la situación singular por la condición de lejanía e insularidad”, ha subrayado la portavoz de Coalición Canaria, es el centro penitenciario Tenerife 2, donde a partir de 2020 causaron baja todos los facultativos asignados a esta prisión. También destacó Valido la necesidad de acometer “reformas urgentes” en los centros penitenciarios para evitar que continúen produciéndose casos de problemas de seguridad en la convivencia entre reclusos y funcionarios.