Se sumarán a las 1.587 plazas de las ofertas públicas de empleo de 2022 y 2023, aún sin ejecutar
Las 2.591 plazas totales deberán distribuirse en próximas convocatorias, teniendo en cuenta que el plazo máximo de ejecución de una OPE es de tres años
El Consejo de Gobierno ha aprobado, en su reunión de este lunes, una oferta de empleo público (OPE) de personal docente no universitario para el año 2024 de 1.004 plazas de distintos cuerpos.
Las plazas se distribuirán entre los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria (Grupo A, Subgrupo A1) (483 plazas); Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas (Grupo A, Subgrupo A1) (seis); Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional (Grupo A, Subgrupo A2) (dieciocho); Profesores de Artes Plásticas y Diseño (Grupo A, Subgrupo A1) (ocho plazas); Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño (Grupo A, Subgrupo 2) (cuatro); Maestros (Grupo A, Subgrupo A2) (481 plazas) y el de Inspectores de Educación (Grupo A, Subgrupo A1) (cuatro).
El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, se ha mostrado “convencido” de que esta nueva OPE “seguirá contribuyendo a reducir la temporalidad de las y los docentes canarios”.
Esta oferta parte de 837 vacantes (una vez detraídas noventa incorporaciones de un total de 927 bajas, entre jubilaciones y fallecimientos), más el veinte por ciento que permite la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Las 1.004 plazas se sumarán, además, a las 1.587 ya aprobadas en las ofertas de 2022 y 2023, cuya ejecución se ha venido retrasando debido, precisamente, a la convocatoria y realización, en los últimos tiempos, de los procesos de estabilización, alcanzándose así las 2.591 plazas para los procesos selectivos que se convocarán en próximos ejercicios (hay que tener en cuenta que el plazo máximo de ejecución de una OPE es de tres años).
De 2022, queda por ejecutar la convocatoria de 524 plazas de Secundaria y otros cuerpos. En concreto, 488 del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (Grupo A, Subgrupo A1); 15 del Cuerpo de Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional (Grupo A, Subgrupo A2); seis del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas (Grupo A, Subgrupo A1); tres del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas (Grupo A, Subgrupo A1); once del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño (Grupo A, Subgrupo A1) y una de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño (Grupo A, Subgrupo A2).
Por su parte, de 2023, están pendiente de ejecutarse 1.063 plazas: 493 del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (Grupo A, Subgrupo A1); diez del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas (Grupo A, Subgrupo A1); catorce del Cuerpo de Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional (Grupo A, Subgrupo A2); cuatro del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas (Grupo A, Subgrupo A1); otras cuatro del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño (Grupo A, Subgrupo A1); una del Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño (Grupo A, Subgrupo A2); 533, del Cuerpo de Maestros (Grupo A, Subgrupo A2) y cuatro del Cuerpo de Inspectores de Educación (Grupo A, Subgrupo A1).
El Consejo de Gobierno aprueba la OPE del SCS para 2024 que incluye 700 plazas
La Oferta Pública de Empleo, acordada por mayoría absoluta de la mesa sectorial, incluye 183 plazas de médicos, de las que 106 son para especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria
El expediente aprobado este lunes por el Ejecutivo también incluye 214 para enfermería, 151 para personal de gestión y servicios y 112 para auxiliares de Enfermería, entre otras categorías afectadas
El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó en su reunión de este lunes, 9 de diciembre, a propuesta de la Consejería de Sanidad, el decreto que fija la Oferta de Empleo Público (OPE) del personal estatutario de los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud (SCS) para el año 2024, que contempla 700 plazas de personal estatutario de una treintena de categorías profesionales.
La oferta de empleo público para 2024 continúa la senda iniciada el año pasado para la adopción de medidas que eviten la temporalidad en el SCS. Así, las 700 plazas se distribuyen en treinta categorías profesionales, con énfasis en el personal sanitario. En concreto, la OPE contempla 183 plazas de médicos, de las que 106 son para especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, 214 para enfermería, 112 para auxiliares de Enfermería, 56 para celadores y 13 para pinches, entre otras.
En esta OPE, que previamente fue aprobada por mayoría absoluta de las fuerzas sindicales con representación en la Mesa Sectorial, se ofertan tanto las plazas que deben proveerse por personal de nuevo ingreso mediante el sistema de acceso libre, como aquellas a cubrir mediante procesos selectivos de promoción interna. De esta forma se garantiza el derecho a la promoción profesional del personal estatutario fijo al que se refiere el artículo 34 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
Asimismo, en cumplimiento de la normativa vigente de acceso de las personas con discapacidad al empleo público, se reserva un porcentaje del 7 por ciento de las plazas ofertadas, en su cuantía global, para ser cubiertas por personas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas.
Esta oferta de empleo público del SCS, se compone de plazas para una treintena de categorías profesionales.
La OPE incluye 183 plazas de médicos, de las que 106 son para especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, 214 para enfermería, 151 para personal de gestión y servicios y 112 para auxiliares de Enfermería, entre otras.
La aprobación de este decreto, que produce efectos desde el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) última el trámite y supone el requisito previo para la convocatoria de los procesos selectivos de las plazas que comprende.
Gobierno de Canarias y cabildos reclaman al Estado la negociación de un nuevo convenio de obras hidráulicas
El Consejo hace suya la propuesta de obras de los consejos insulares y solicita su declaración de interés general, tal y como recogen las leyes de aguas de Canarias y el Estado
El importe de financiación solicitado al Ejecutivo español asciende a 1.401 millones de euros y cubriría el 35% de las actuaciones previstas en el actual ciclo de planificación 2022-2027
El Consejo de Gobierno de Canarias ha respaldado hoy el acuerdo adoptado por los siete consejos insulares para requerir al Estado la declaración de interés general de 127 obras hidráulicas por importe de 1.401 millones de euros, condición indispensable para ser incluidas en el convenio de obras hidráulicas y promover su financiación con cargo de los presupuestos generales del Estado, como determina la vigente legislación hidráulica.
El listado de proyectos fue consensuado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas con los siete cabildos durante la última reunión extraordinaria de la comisión permanente del agua, celebrada el pasado 28 de noviembre. En dicho encuentro, las siete corporaciones insulares expresaron su respaldo unánime a la reivindicación de un nuevo convenio de obras con el Estado, tras el incumplimiento del acordado en 2017 por importe de 915 millones de euros.
El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, recordó que el Estatuto de Autonomía, en su artículo 152, establece como competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma la planificación y programación de las obras de interés general que se establezcan en el correspondiente convenio de colaboración. Y tanto el texto refundido de la Ley de Aguas del Estado como la Ley de Aguas de Canarias reconocen que dichas obras de interés general serán propuestas por la administración de la Comunidad Autónoma, su ejecución conveniada por la Administración General del Estado, y su financiación cubierta con los presupuestos generales.
“Los 1.400 millones que reclamamos a Madrid desde los cabildos y el Gobierno de Canarias no son sino el 35% de la inversión total que necesitan las islas para poner al día sus infraestructuras hidráulicas y garantizar el funcionamiento del ciclo integral del agua en Canarias”, aseguró el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, quien recordó que la actualización de la planificación hidrológica realizada en el último año arroja un total de 1.525 actuaciones por valor de 3.981 millones de euros.
La relación de obras que se incluirán como anexo durante la negociación de dicho convenio con el Estado abarca todos los objetivos marcados por la planificación hidrológica. Ello incluye, por ejemplo, obras que persiguen garantizar el abastecimiento tanto a la población como al sector primario. También aquellas que tienen como objetivo completar las redes de saneamiento y mejorar la depuración de aguas residuales, entre las que se encuentran las que se proyectan para dar respuesta a demandas de la Comisión Europea por incumplimientos en este sentido. Por último, cabe destacar los proyectos cuya finalidad es la protección frente a inundaciones en zonas habitadas.
Manuel Miranda ha recordado que desde hace seis años el Estado “viene incumpliendo con sus obligaciones, lo que está llevando al archipiélago a una situación crítica, con tres islas con la declaración de emergencia hídrica en vigor”. El consejero ha señalado que el protocolo firmado en diciembre de 2018 recogía una inversión para la siguiente década de 915 millones de euros, que jamás llegó a materializarse. Por esa razón, ha concluido, “cuanto antes nos sentaremos con la nueva responsable del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para iniciar la negociación de un nuevo convenio”.
El Gobierno aprueba las normas sustantivas transitorias para el saneamiento y abastecimiento de La Graciosa
La Consejería de Política Territorial suspende el planeamiento insular y municipal vigente para poder acometer las obras hidráulicas en la isla, que serán declaradas de interés regional
Manuel Miranda subraya que el acuerdo supone cumplir el compromiso adquirido con los vecinos y vecinos al principio de legislatura de desbloquear un expediente parado desde 2017
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana el proyecto de decreto por el que se da viabilidad urbanística a las obras de saneamiento y depuración en La Graciosa. El expediente, impulsado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, suspende el planeamiento vigente insular y municipal, y establece las correspondientes normas transitorias para poder desarrollar el proyecto.
El documento aprobado hoy supone la suspensión del planeamiento únicamente en el ámbito de actuación donde se desarrollará el proyecto, que consistirá en la instalación de nuevas infraestructuras públicas como la propia red de saneamiento, estaciones de bombeo, la actualización de la depuradora, depósitos para el almacenamiento y un sistema de gestión de fangos.
El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, aseguró que “este es el paso definitivo que nos va a permitir desbloquear por fin una actuación paralizada desde el año 2017, fue el compromiso que adquirimos con los vecinos y empresarios de La Graciosa al comienzo de la legislatura y estamos haciendo todo lo posible por cumplirlo, incluyendo la declaración de interés regional de las obras, que será el siguiente paso”.
La ordenación suspendida es el plan insular de ordenación de Lanzarote y las normas subsidiarias del municipio de Teguise. Al mismo tiempo, se aprueban las normas sustantivas transitorias que darán viabilidad a la ejecución del proyecto de saneamiento y depuración, cuya redacción se encuentra ahora mismo en periodo de licitación. Dichas normas categorizan el ámbito de actuación como suelo rústico de protección de infraestructura, para dar cobertura a la intervención.
Los presupuestos de la comunidad autónoma para 2025, actualmente en tramitación parlamentaria, contemplan una partida inicial de dos millones de euros para hacer frente al inicio de los trabajos. La implantación de las infraestructuras necesarias se realizará tanto en el interior como en el exterior del núcleo urbano de Caleta de Sebo. Además de las comprendidas en la zona urbana, habrá que desarrollar estos trabajos en el Llano de La Mareta, donde se ubica la estación depuradora; el camino de conexión con Caleta de Sebo, para ubicar las conducciones necesarias; y en el entorno del núcleo urbano, donde se posibilita la implantación de canalizaciones u otros elementos necesarios.
Compromiso con vecinos y empresarios
Manuel Miranda ha recordado que entre los compromisos del Gobierno de Canarias se encuentra el de financiar la limpieza de fosas sépticas y pozos filtrantes, donde se vierten las aguas residuales, hasta que esté disponible la nueva red de saneamiento y la estación depuradora. En este sentido, el pasado 11 de noviembre el Consejo de Gobierno aprobó una modificación presupuestaria para subvencionar con 200.000 euros al Ayuntamiento de Teguise y dar cobertura a una primera fase de saneamiento de estas instalaciones. Para 2025 están presupuestados otros 400.000 euros que permitirán continuar con estas campañas de limpieza.
Los responsables de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, con su máximo responsable al frente, explicaron el pasado 27 de agosto a vecinos y empresarios la hoja de ruta diseñada por el Gobierno para resolver de manera definitiva los problemas de abastecimiento, saneamiento y depuración en La Graciosa.
Ambos proyectos, paralizados desde 2017, requieren de una minuciosa tramitación que aporte seguridad jurídica a las actuaciones. El siguiente paso será la declaración de obra de interés general, en la que ya trabaja la Dirección General de Aguas. “Todo ello para que a finales de 2026 La Graciosa disponga de los citados servicios y deje atrás de manera definitiva los problemas que viene sufriendo de abastecimiento y depuración desde hace décadas”, ha concluido Miranda.
El Gobierno de Canarias aprueba la implantación de nuevos títulos oficiales en las universidades del archipiélago
La oferta académica se amplía con grados, másteres y programas de doctorado en diversas áreas
El Consejo de Gobierno de Canarias, en su reunión celebrada este lunes 9 de diciembre, ha aprobado la implantación de varias nuevas titulaciones oficiales en las universidades del archipiélago. Estas iniciativas, propuestas por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, liderada por Migdalia Machín, refuerzan la oferta educativa y amplían las oportunidades de formación en el sistema universitario canario.
En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) se impartirán el Grado en Biotecnología, el Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas (MBA) y el Máster Universitario en Estudios Africanos, que responden a la creciente demanda de formación académica en estos campos.
Además, se ha aprobado el Máster Universitario en Bioética y Bioderecho, que será desarrollado de manera conjunta por la Universidad de La Laguna (ULL), la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Este máster se suma a los esfuerzos por fomentar la colaboración interuniversitaria en titulaciones de alto nivel académico.
Asimismo, ambas universidades públicas, ULL y ULPGC, coordinarán el nuevo Programa de Doctorado en Ciencias de la Educación, destinado a la formación investigadora en el ámbito educativo.
La Universidad del Atlántico Medio ha obtenido la autorización para la implantación del Grado en Medicina, el Máster Universitario en Psicología Forense y el Máster Universitario en Terapias de Tercera Generación.
Estas titulaciones han sido evaluadas favorablemente por la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), garantizando su adecuación al marco normativo establecido en el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre.
Con esta aprobación, el Gobierno de Canarias continúa avanzando en su compromiso de ampliar y diversificar la oferta académica universitaria, reforzando las oportunidades de formación superior para el estudiantado del archipiélago.
El Gobierno de Canarias y la Comunidad de Castilla-La Mancha colaboran en materia de control interno
Ambas administraciones autonómicas compartirán herramientas tecnológicas para optimizar los recursos y simplificar la carga administrativa de la intervención pública
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, ha acordado aprobar el convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Canarias y la de Castilla-La Mancha para agilizar y perfeccionar el trabajo de control de la Intervención General.
Las intervenciones generales son los centros directivos competentes legalmente en materia de contabilidad y de control interno económico-financiero del sector público. Las nuevas atribuciones en la gestión y el gran volumen de ejecución presupuestaria sujeto a control y certificación, en particular en lo que se refiere a la gestión de fondos comunitarios, exige contar con herramientas tecnológicas integradas que contribuyan y simplifiquen el desempeño de la actividad de control que se realiza.
El convenio prevé, entre otros aspectos, la cesión del uso de la tecnología disponibles, propiedad de ambas administraciones, con el fin de optimizar los recursos dedicados al ejercicio del control interno del sector público, y simplificar la carga administrativa de dicho proceso.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cederá el uso de los aplicativos de su propio sistema de control interno (SICON) para su despliegue en la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias. De esta manera, la Intervención General de la CAC contará con una moderna herramienta que actúa como un escritorio colaborativo de trabajo, a través del que se centraliza la función interventora.
Este convenio, que firmarán los presidentes de ambas comunidades autónomas, permitirá compartir conocimientos, buenas prácticas y experiencias relacionadas con el control interno, con especial atención a sus aspectos tecnológicos.
Bienestar Social convenia con el Cabildo de Lanzarote la realización de informes para el reconocimiento del grado de discapacidad en la isla
El Ejecutivo destinará más de 32.000 euros a financiar la elaboración de informes para la realización del dictamen de reconocimiento de grado de discapacidad
El Gobierno de Canarias ha autorizado suscribir el Convenio por el que la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias encomienda al Cabildo Insular de Lanzarote la gestión de la elaboración de los informes psicológicos y sociales que sirvan de base para el dictamen del reconocimiento del grado de discapacidad, por un importe que asciende a 32.462,58 euros.
De esta manera, el Gobierno continúa fomentando herramientas que impulsen la agilización de los dictámenes del reconocimiento del grado de discapacidad, en atención al interés público y social perseguido con su desarrollo, con el fin de garantizar este importante servicio público para el colectivo en la isla de Lanzarote.
Igualmente, se incluye en el objeto del convenio la redacción de informes relacionados con la discapacidad, tales como informes técnicos para vivienda de protección oficial, ingreso en centros residenciales sociosanitarios, acceso y adecuación a puestos de trabajo y acceso a planes de ayudas de ayuntamientos, así como cualquier otro que corresponda emitir a los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad.
Dicha encomienda se llevará a cabo en coordinación con los equipos multiprofesionales, encuadrados orgánica y funcionalmente, en el Centro de Valoración de la Discapacidad de Las Palmas de Gran Canaria, centro dependiente de la Dirección General de Discapacidad de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias.
La empresa pública Gestur actuará como medio propio del ayuntamiento de La Oliva y el Cabildo de Fuerteventura
Con estas incorporaciones, son ya 46 municipios y seis cabildos los que disponen de la empresa pública para planificar y desarrollar sus proyectos urbanísticos o gestionar sus subvenciones, entre otras acciones
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy el reconocimiento de Gestur Canarias S.A. como medio propio del Ayuntamiento de La Oliva y el Cabildo Insular de Fuerteventura. Con estas dos administraciones son ya seis cabildos y 46 municipios los que disponen de esta empresa, adscrita a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas. De esta forma pueden disponer de un apoyo externo para la realización de diferentes proyectos de todo tipo, entre otras, los de planificación y desarrollo urbanístico.
El expediente aprobado hoy en Consejo de Gobierno autoriza la modificación de los estatutos de Gestur Canarias, y permite a ambas administraciones realizar encargos a la empresa pública, siempre que formen parte de sus competencias y, de manera especial, aquellos que sean urgentes o que se ordenen como consecuencia de las situaciones de emergencia que se declaren.
El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, destacó el valor de estas dos nuevas incorporaciones, promovidas dentro de la estrategia seguida por su departamento “para prestar desde el Gobierno de Canarias todo el apoyo posible a cabildos y ayuntamientos en poner al día la ordenación del territorio y seguir impulsando su planeamiento y desarrollo”.
Entre las actuaciones que tiene reconocidas Gestur Canarias en su objeto social se encuentra el impulso a trabajos relacionados con los instrumentos de ordenación y de planificación territorial, o los proyectos de urbanización, actividad urbanizadora, promoción o gestión de suelo industrial, comercial, de servicios y residencial.
Además, están contemplados los encargos relacionados con el planeamiento, proyectos urbanísticos y arquitectónicos, la preparación de pliegos, licitación, adjudicación o ejecución de obras e incluso la gestión de subvenciones.
Así tanto el Cabildo de Fuerteventura como el Ayuntamiento de La Oliva podrán recabar asistencia y asesoramiento técnico en planeamiento, gestión de suelo, obras y en procesos de adquisición o venta, valoraciones inmobiliarias, gestión de subvenciones o de explotación de fuentes de energía, en especial las energías renovables, entre otras cuestiones.
Los cabildos que tienen a Gestur Canarias como medio propio, además del recién incorporado, son los de Tenerife, La Palma, Lanzarote, La Gomera y El Hierro.
En la misma situación están los ayuntamientos de Adeje, Agulo, Alajeró, Arafo, Arico, Arrecife, Breña Alta, Candelaria, El Paso, El Pinar, El Rosario, El Sauzal, El Tanque, Fasnia, Fuencaliente, Garachico, Garafía, Guía de Isora, Hermigua, Icod de los Vinos, La Guancha, La Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo, Los Llanos de Aridane, Los Realejos, Los Silos, Puerto de la Cruz, Puntagorda, San Andrés y Sauces, San Bartolomé de Tirajana, San Cristóbal de la Laguna, San Juan de La Rambla, Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife, Santiago del Teide, San Miguel de Abona, San Sebastián de la Gomera, Santa Úrsula, Tacoronte, Tazacorte, Tegueste, Tijarafe, Valle Gran Rey, Vallehermoso, Valverde. A ellos se suma ahora La Oliva.
