El Gobierno aprueba suspender temporalmente, a petición del interesado, las sanciones por residir en zonas turísticas

• Los ayuntamientos contarán con un plazo máximo de tres años para llevar a cabo la especialización de usos en las zonas turísticas
• Una vez entre en vigor el nuevo Decreto-ley de medidas urgentes, las personas afectadas por esta situación podrán dirigirse a la administración local solicitando el cambio de uso

El Consejo de Gobierno, reunido este lunes, ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Turismo y Empleo, el Decreto-ley de medidas urgentes relativas al deber de atenerse al uso turístico, iniciativa que responde a la necesidad de resolver la problemática de los usos residenciales en zonas turísticas como recoge la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias.

“Con los cambios aplicados”, explicó la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, “se suspende por un plazo máximo de tres años, a partir de la entrada en vigor del Decreto-ley, la tramitación de los procedimientos sancionadores en los que no hubiera recaído resolución firme y los de revisión que no pongan fin a la vía administrativa”. Para ello, agregó, “el interesado deberá solicitar el cambio de uso al ayuntamiento y deberá ser comunicado posteriormente a la Consejería”.

Por tanto, el objetivo es “otorgar este plazo adicional de tres años para que los consistorios lleven a cabo la imprescindible especialización de usos en las zonas turísticas, que es un principio básico establecido en nuestra legislación autonómica, turística, territorial y urbanística desde la Ley de Directrices de 2003; una especialización que debería de haberse realizado desde hace 22 años, pero que cobra especial relevancia desde la Ley 4/2017 del Suelo y Espacios Naturales de Canarias”, apuntó la consejera. Precisamente, “el incumplimiento de este mandato legal ha generado la apertura de numerosos expedientes sancionadores”, recordó.

“En el plazo de tres años, los ayuntamientos tendrán que efectuar la especialización de los usos y las personas afectadas por esta situación podrán disponer de más tranquilidad, de mayor seguridad jurídica y deberán dirigirse a la administración local instando a esa especialización de usos, en la misma línea que apunta el proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas”, subrayó De León.

Asimismo, otro de los objetivos que persigue la iniciativa es derogar explícitamente la sustitución del propietario que incumple el deber de atenerse al uso turístico y que directamente está infringiendo el principio de unidad de explotación, al considerarlo un mecanismo inviable por su complejidad procedimental y desproporcionado. De esta forma, la administración seguirá cumpliendo la ley y otorgará mayor seguridad jurídica al ciudadano.

La Consejería de Turismo y Empleo ha impulsado en el último año la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas para regular la actividad del alquiler vacacional e iniciado el trámite para elaborar la futura Ley de Turismo de Canarias. Además, ha avanzado en la nueva normativa que modifica el reglamento autonómico de Turismo Activo y regulará por primera vez en las islas los campings, acampadas y otros establecimientos singulares.

Luz verde al documento inicial de la Estrategia de Atención Sociosanitaria de Canarias

• El Gobierno, reunido hoy en Consejo, respalda la hoja de ruta para ofrecer respuestas integradas entre los sistemas sanitario y social para mejorar la calidad de vida y fomentar la autonomía de la población
• La estrategia incluye el uso de la RIC y del FDCAN para mejorar la oferta de plazas actuales, además de potenciar la Ley del Suelo para priorizar construcciones sociosanitarias

El Gobierno de Canarias, reunido hoy en Consejo, ha valorado positivamente el primer documento de la Estrategia de la Atención Sociosanitaria del archipiélago, presentado por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias. Esta estrategia, que estará vigente hasta 2030, incluye una batería de medidas entre las que destacan la activación de distintos instrumentos de inversión o de creación de infraestructuras que potenciarán e impulsarán el desarrollo del nuevo modelo de servicios y recursos sociosanitarios que necesita Canarias

En primer lugar, la hoja de ruta aprobada plantea la utilización del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) o la Reserva de Inversiones en Canarias (RIC) para mejorar la oferta de plazas sociosanitarias. De esta forma, tanto el Gobierno como los cabildos dispondrán de nuevos mecanismos de desarrollo para desplegar una atención integral y adaptada a la realidad insular de estos tiempos.

En segundo lugar, se potenciarán las posibilidades que ofrece la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias para, a través de la calificación de interés autonómico, priorizar la construcción de proyectos sociosanitarios.

Por último, el sector empresarial tendrá un papel fundamental en este proceso de transformación. El Ejecutivo promoverá la creación de un clúster sociosanitario en Canarias, para lo que se facilitará el acceso de empresas tecnológicas emergentes a través de beneficios fiscales, y propondrá el diseño del tercer plan de infraestructuras sociosanitarias bajo el paraguas de la colaboración público privada, de forma que se pueda activar un amplio volumen de plazas.

“Todas estas medidas que iremos articulando se unen a otras que ya hemos puesto en marcha y que van en sintonía con las estrategias europea y española, que inciden en la necesidad de trabajar la desinstitucionalización de las personas mayores y en situación de dependencia. Cuando empezó la legislatura, decidimos aprovechar los recursos que ponía a nuestro alcance Europa para avanzar en esas dos vías que necesitaba Canarias. Por ello, firmamos convenios con todos los cabildos, a través de los fondos Next Generation, e impulsamos la creación de casi 700 plazas sociosanitarias en el Archipiélago. Al mismo tiempo, pusimos en marcha actuaciones dirigidas a evitar la institucionalización de nuestra población mayor o dependiente, como el Programa de Apoyo a la Permanencia en el Hogar, que ya hemos licitado por una partida de más de 20 millones de euros y que nos ayudará a establecer como proyecto estratégico un sistema de teleasistencia avanzada”, explica la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado.

Por tanto, la Estrategia de la Atención Sociosanitaria en Canarias se enmarca en un esfuerzo integral que está haciendo el Ejecutivo para mejorar la coordinación y la eficiencia en la atención a las necesidades sociales y de salud en la población de las islas.

La Estrategia, que está siendo desarrollada por una consultora especializada, se basa en un enfoque comunitario multinivel y multifactorial de la realidad del archipiélago y propone objetivos bajo la premisa de garantizar la igualdad en el acceso, la coordinación entre instituciones, la atención integral y la adaptabilidad a las necesidades cambiantes de la población, siempre proporcionando una atención centrada en la persona.

El documento presentado incluye una serie de objetivos que las administraciones implicadas deben desarrollar y que están vinculados con la necesidad de garantizar accesibilidad a los servicios sociosanitarios independientemente de la localización geográfica; fortalecer la gobernanza y la colaboración intersectorial para garantizar una atención sociosanitaria integral, eficiente y centrada en la persona; asegurar la disponibilidad y adecuación de recursos sociosanitarios a las necesidades de la población bajo criterios de equidad y sostenibilidad; reforzar la disponibilidad, desarrollo profesional y reconocimiento de los profesionales del ámbito sociosanitario en Canarias; optimizar los procesos tanto administrativos como de atención para mejorar la efectividad, la coordinación y la accesibilidad de los servicios; implementar sistemas de información que permitan una gestión integrada de la planificación, coordinación y prestación de la atención sociosanitaria basada en datos actualizados, y fortalecer el marco normativo

La Estrategia define diez áreas clave para atender las necesidades sociosanitarias en las áreas de dependencia; discapacidad; cronicidad y fragilidad; atención paliativa y final de vida; adicciones; salud mental; atención temprana; enfermedades raras; enfermedades neurodegenerativas y demencias y personas en situación o riesgo de exclusión social.

El documento, que supone un impulso hacia la atención integrada y coordinada entre los servicios de salud y los servicios sociales, contempla el diseño de herramientas que permitan la ejecución y coordinación entre las administraciones autonómica, insular y municipal, así como armonizar las actuaciones que es necesario desarrollar en este ámbito por parte de las Consejerías y organismos de la administración competente en materia tanto social como sanitaria y que incluya otros ámbitos en materia de formación, empleo o desarrollo territorial, entre otras.

Aprobado un gasto de 498,1 millones de euros para la adquisición de medicamentos de uso humano para el SCS

• El acuerdo marco se licitará en régimen de contratación centralizada para abastecer las necesidades asistenciales de la red de hospitales del Servicio Canario de la Salud
• Los medicamentos de uso humano tipo II son suministrados por empresas farmacéuticas en exclusividad mientras dure la vigencia de la patente correspondiente para el tratamiento
• Se trata de fármacos que se utilizan para tratamientos de oncohematología, antiretrovirales, antibióticos para bacterias resistentes, dermatitis atópica, psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, asma grave, esclerosis múltiple y enfermedades raras como los trastornos hereditarios del metabolismo o la atrofia muscular espinal, entre otras patologías

El Consejo de Gobierno autorizó este lunes a la Consejería de Sanidad a realizar un gasto de 498.133.295,06 euros con destino a la contratación, mediante acuerdo marco, de un suministro de medicamentos de uso humano tipo II (exclusivos) para abastecer las necesidades asistenciales de la red de hospitales del Servicio Canario de la Salud.

Los medicamentos de uso humano tipo II se caracterizan por ser exclusivos, siendo suministrados por empresas farmacéuticas en exclusividad mientras dure la vigencia de la patente del medicamento en cuestión. Se trata de fármacos que se utilizan para tratamientos de oncohematología, antiretrovirales, antibióticos para bacterias resistentes, dermatitis atópica, psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, asma grave, esclerosis múltiple y enfermedades raras como los trastornos hereditarios del metabolismo o la atrofia muscular espinal, entre otras patologías

El expediente se licitará en régimen de contratación centralizada, procedimiento negociado sin publicidad y tramitación ordinaria, y la suscripción de los correspondientes acuerdos marco, conforme a la Orden nº 90 de la Consejería de Sanidad de 21 de febrero de 2019, relativa al aprovisionamiento centralizado de determinados bienes de naturaleza sanitaria, como los medicamentos genéricos de uso humano de gran impacto económico.

La adopción de un acuerdo marco se considera la más idónea al posibilitar un sistema flexible, ya que permite la compra de los medicamentos de forma continua en el tiempo en función de las necesidades en cada momento de las direcciones gerencias de los centros hospitalarios de referencia y de las Gerencias de Servicios Sanitarios de las Áreas de Salud del Servicio Canario de la Salud que forman parte de la licitación.

La licitación se realizará a través de procedimiento negociado sin publicidad, con un presupuesto máximo de licitación de 498.133.295,06 euros, que se ha determinado teniendo en cuenta las previsiones de consumo de estos medicamentos efectuadas por el Servicio de Uso Racional del Medicamento y Control de la Prestación sobre los nueve hospitales del SCS durante un periodo de dos años, si bien los contratos resultantes contemplarán una posible prórroga por otras dos anualidades, por mutuo acuerdo de las partes.

El gasto propuesto excede de tres millones de euros, por lo que tiene que ser autorizado por el Gobierno de Canarias, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 5/2024, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2025.

El Consejo de Gobierno autoriza un gasto de 9,4 millones de euros para la construcción del nuevo IES Las Chafiras

• Construido sobre una superficie de casi 12.000 metros cuadrados, el nuevo centro, que contará con veintidós unidades, permitirá hacer frente a la creciente demanda de plazas en el municipio tinerfeño de San Miguel de Abona y alrededores

El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto plurianual de 9.426.611,13 euros que se destinará a financiar la construcción del nuevo Instituto de Educación Secundaria (IES) En Las Chafiras, en el municipio tinerfeño de San Miguel de Abona.

Con esta inversión, el Gobierno de Canarias pretende dar respuesta a la creciente demanda de plazas tanto en el propio municipio como en sus vecinos colindantes, debido al sustancial aumento de población escolar que se ha producido en los últimos años.

De acuerdo con los informes que maneja la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, algunos centros se encuentran cerca de su capacidad máxima, por lo que la creación de un nuevo centro permitiría ampliar la oferta en la zona con la que satisfacer esa necesidad.

El nuevo centro, que estará construido en una parcela cedida por el Ayuntamiento de San Miguel de Abona al Gobierno de Canarias de casi doce mil metros cuadrados, contará con veintidós unidades, de las cuales dieciséis se destinarán a Enseñanza Secundaria Obligatoria y otras las seis restantes a Bachillerato.

La provisión de fondos, de carácter plurianual a cuatro años, se repartirá de la siguiente manera: 1.275.321,28 euros este 2025; 3.187.987,80 euros en 2026; 4.715.171,44 en 2027 y, finalmente, los 248.130,51 euros restantes se ejecutarán en 2028.

El Gobierno autoriza un gasto de cinco millones de euros para el fomento de la escolarización temprana

• La medida permitirá financiar el denominado Bono Infantil con el que ayudar a familias con niños y niñas de cero a tres años en escuelas infantiles municipales y centros privados autorizados durante el curso 2024/25

El Consejo de Gobierno ha autorizado este lunes, a propuesta de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, que dirige Poli Suárez, un gasto de cinco millones de euros para el programa de ayudas Bono Infantil para el curso 2024/25, con el que se pretende impulsar la escolarización temprana de niños y niñas de cero a tres años en la comunidad autónoma.

Esta iniciativa, enmarcada dentro del Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 del Gobierno de Canarias, permitirá a familias recibir apoyo económico con el que cubrir gastos de escolarización en 119 escuelas de Educación Infantil de titularidad municipal y centros privados de Educación Infantil autorizados en las islas, respondiendo así al compromiso del Ejecutivo regional con el acceso a la educación desde la primera infancia.

En concreto, el presupuesto de cinco millones se distribuirá en función de la edad del alumnado beneficiado: dos millones de euros para niños y niñas de cero a un año; otros dos para el tramo de uno a dos años y el millón restante para aquellos entre dos y tres años.

La concesión de esta subvención, mediante una convocatoria de régimen de concurrencia no competitiva que permitirá que todas las familias que cumplan los requisitos establecidos se beneficien de la ayuda, se tramitará a través de las propias escuelas infantiles municipales y de los centros privados autorizados, quienes actuarán como entidades colaboradoras para la gestión de la subvención.

Para acceder a las ayudas, las familias deberán cumplir ciertos criterios económicos establecidos en la convocatoria. En función del número de miembros del hogar, se han fijado unos umbrales máximos de renta anual en el ejercicio de 2023 que no deben superarse para poder optar a la subvención. Así, para una familia de dos miembros, el ingreso máximo permitido será de 30.000 euros; en el caso de tres miembros, el límite se sitúa en 33.181 euros; para cuatro miembros, en 36.362 euros; si la familia cuenta con cinco integrantes, no podrá superar los 39.543 euros; y en el caso de unidades familiares de seis o más personas, el tope será de 42.724 euros.

Las solicitudes podrán presentarse a partir del día siguiente de la publicación de la resolución correspondiente en el Boletín Oficial de Canarias en un plazo de diez días hábiles. Tras la revisión de la documentación, se elaborará un listado provisional de familias beneficiadas que, a su vez, dará paso a un periodo de alegaciones, que será la última fase antes de la resolución definitiva.

El pago de las ayudas se realizará en dos fases. La primera de ellas cubrirá el periodo comprendido entre septiembre de 2024 y marzo de 2025 y la segunda, por su parte, los meses de abril a junio de 2025. En ambos casos, los pagos se efectuarían tras la presentación de la documentación acreditativa, garantizando que los fondos se destinen exclusivamente a sufragar los costes reales de escolarización y, al mismo tiempo, propiciando un seguimiento efectivo del programa.

Con la puesta en marcha del Bono Infantil, el Gobierno de Canarias reafirma su compromiso con la educación infantil y con el impulso de medidas que favorezcan la equidad en el acceso a la enseñanza desde los primeros años de vida. La escolarización temprana es una herramienta fundamental para el desarrollo cognitivo y social de los menores, así como un factor clave para reducir desigualdades y mejorar la conciliación familiar.

Canarias ha ejecutado el 90,32 % del presupuesto de 2024 con prioridad al mantenimiento del estado de bienestar

• El grado de ejecución presupuestaria asciende al 95,02% sin contar con los fondos MMR, cuyo plazo de ejecución sobrepasa el año 2024
• La buena situación de deuda pública de la CAC puede verse sustancialmente modificada por la aplicación de la propuesta del Ministerio referida a la condonación a las comunidades autónomas

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, ha presentado en el Consejo de Gobierno celebrado en el día de hoy, un avance de la ejecución presupuestaria de 2024 en base a los datos comunicados por la Intervención General de la CAC al Ministerio de Hacienda, a falta de los ajustes definitivos en términos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC). Con la información disponible hasta esta fecha, el Gobierno de Canarias se ha ajustado a las previsiones tanto en gastos como en ingresos y resultado, lo que ha permitido aprovechar los recursos disponibles ajustándose a los objetivos fijados y la normativa aplicable.

A nivel de gastos, el nivel de ejecución se situó en un 90,32% para el total de operaciones, y en un 89,93% para el subtotal de operaciones no financieras, al haberse ejecutado o reconocido obligaciones por importe de 11.352,7 millones de euros sobre un crédito total definitivo disponible de 12.637,5 millones. Respecto a las operaciones corrientes, el porcentaje de ejecución asciende a un 97,5%. El descenso en la ejecución de las operaciones de capital, que se sitúa en 55,81%, es consecuencia de los gastos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MMR), cuyo plazo de ejecución sobrepasa el año 2024. Si no se tuviera en cuenta el efecto de los MMR, la ejecución de las operaciones no financieras se situaría en un 95,02% y en un 75,59% en el caso de las operaciones de capital.

En la comparación de estos datos con los registrados en años anteriores, destaca el incremento de las obligaciones reconocidas en las operaciones corrientes (capítulos I a IV) que alcanzan los 10.059,1 millones de euros en 2024, creciendo un 6,6% sobre las obligaciones reconocidas en 2023. Sin embargo, los datos de las obligaciones reconocidas en operaciones de capital (capítulos VI y VII) registran caídas del 16,40% y del 20,22%, respectivamente, de nuevo a causa del efecto de los MMR y que afectan en mayor medida a las inversiones reales frente a las transferencias de capital. También afectan a estas cifras los efectos de que el presupuesto 2024 sea, en la práctica, el primero de la ejecución del nuevo período de programación de los fondos europeos.

En este sentido, sin considerar el efecto de la ejecución de los fondos MRR, el nivel de ejecución del ejercicio 2024 en operaciones no financieras sería de un 95,02%, muy similar al registrado en 2023 sin el efecto MRR que fue de un 95,01%.

Las obligaciones totales reconocidas en 2024 se sitúan en 12.057,8 millones de euros, lo que implica un 1,09% más que las reconocidas en 2023. Lo mismo ocurre para las operaciones no financieras, que registran un incremento del 2,97% respecto al período anterior.

La prioridad en el mantenimiento del estado del bienestar por parte del Gobierno de Canarias, se ve reflejada en las cifras de ejecución presupuestaria y de volumen de obligaciones reconocidas de las consejerías y organismos competentes por razón de la materia. Así, a nivel de Consejerías deben destacarse la ejecución y crecimientos en las obligaciones reconocidas alcanzados por las consejerías de Educación con un 96,10% y 94 millones más de ejecución; Presidencia, Administración Pública, Justicia y Seguridad con un 96,17% y 142 millones más, y Bienestar Social con un 91,03% y 153 millones más de obligaciones reconocidas. A nivel de entes, destaca el Servicio Canario de Salud con una ejecución del 98,98%.

Ingresos

Con respecto a la previsión de ingresos en 2024 se han reconocido derechos netos por importe de 11.909,2 millones de euros en operaciones no financieras, es decir, un importe prácticamente similar a las previsiones realizadas en la Ley de Presupuestos Generales de la CAC para 2024.

Si comparamos los derechos reconocidos netos totales de los ejercicios 2023-2024 se observa que estos crecen en 513,1 millones, lo que supone un incremento de un 4,22% sobre los derechos reconocidos en el ejercicio anterior 2023. Y los derechos reconocidos netos por operaciones no financieras crecen en 689 millones, un 6,14%.El mayor incremento se concentra en el capítulo IV de transferencias corrientes.

Previsión a gasto real del presupuesto

El resultado presupuestario del ejercicio 2024, sin ajustes SEC, se situaría en un superávit de 556,5 millones de euros. Esta cifra coincide con la estimación de cierre del ejercicio 2024 realizada en el marco de la elaboración de la LGPCAC para 2025. Sin embargo, a esta cifra hay que retraerle los ajustes SEC o de la contabilidad nacional, de los que todavía no se dispone de información al depender de datos que deben aportar otras entidades o administraciones. Estos ajustes se estimaron en la LPGCAC 2025 en -340 millones y fijaban en el 0,3% del PIB la capacidad de financiación de la comunidad autónoma, lo que rebaja la cifra real del superávit a 175,4 millones de euros. Esta cifra, a su vez, supondría un saldo ajustado al ciclo y de ingresos y gastos excepcionales del 0,02% del PIB, que garantiza el equilibrio estructural y la no puesta en peligro del futuro de las finanzas públicas, de acuerdo con las recomendaciones de la AIREF, al no financiar gasto público consolidable con ingresos temporales. En este sentido, un mayor gasto podría haber supuesto un deterioro del saldo estructural de la CAC, algo que pondría en riesgo el equilibrio estructural y financiero de Canarias.

Estos datos de avance del nivel de ejecución presupuestaria alcanzado en 2024, todavía sin ajustes SEC, se han ajustado a las previsiones de ejecución realizadas por el Gobierno de Canarias a la hora de elaborar los presupuestos de 2025. Tanto a nivel de resultado presupuestario, como para la determinación del gasto computable para el ejercicio 2025, para el que se partió inicialmente de una previsión de ejecución de 2024 de 11.408,9 millones en operaciones no financieras. Los datos reales del ejercicio 2024 constatan el rigor de la previsión realizada, ya que la ejecución finalmente se ha situado en 11.352,7 millones, lo que supone una desviación de solamente 56,2 millones de euros.

Deuda pública y condonación de la deuda

En cuanto a la deuda pública, y pendientes de la publicación del dato oficial de endeudamiento de las CCAA a 31.12.24 a publicar por el Banco de España, estimamos que a cierre de 2024 los datos del endeudamiento de la Comunidad Autónoma de Canarias, se situarán en un total de 6.569,4 millones de euros, e implican una mejora en la ratio de deuda sobre PIB con respecto al cierre de 2023, de 11,9% a 11,4%, por debajo del 13% que marca como referencia la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). Lo que supondría una deuda por habitante de 2.922,4 euros, inferior a los 2.930,5 de 2023, y un porcentaje de deuda sobre los ingresos corrientes de esta Comunidad de un 65,2%.

En comparación con otras CCAA, y utilizando los datos del tercer trimestre de 2024, nuestra deuda por habitante se situaría en 2.876,7 euros, un 42% de la media de las CCAA que asciende a 6.850,2 euros. Y a nivel PIB, nuestra deuda se situaría en un 11,3% del PIB, diez puntos por debajo de la medida de las CCAA, un 21,3%. Y a nivel de lo que representa nuestra deuda sobre la cifra de ingresos corrientes estaríamos en un 64,2%, muy por debajo del 148,8% de la media de las comunidades autónomas.

No obstante, todas estas cifras pueden verse sustancialmente modificadas con la operación de condonación o asunción de deuda de las comunidades autónomas por el Estado que se ha planteado recientemente. Este sistema no trata de forma homogénea a todas las CCAA, ya que la metodología propuesta por el Ministerio de Hacienda para cuantificar los importes a condonar a cada comunidad incluye criterios como el volumen de la deuda existente a fin de 2023, que “premia” a las comunidades con mayor deuda, o el ejercicio al alza de las competencias normativas en IRPF, que penaliza a aquellas CCAA que, como Canarias, optaron por políticas de ajuste o contención del gasto o que incluso, para poder financiar los niveles de gasto público, optaron por ejercer al alza esa competencia normativa, como con las subida del IGIC del 5% al 7%, que no se considera.

A esto hay que añadir, la limitación de cierre de la metodología, que limita el importe a condonar al 50% de la deuda existente a fin de 2023, y que solamente se aplica a Canarias (al resto de CCAA no les afecta), y que provoca que no se condonen a la CAC 1.710 millones de euros que, por la aplicación del resto de criterios de la metodología, corresponderían de no haberse incluido esta limitación al archipiélago.

Con esa limitación del 50% la posición de Canarias en relación con el resto de CCAA puede verse afectada. Basta tener en cuenta que, de acuerdo con la información trasladada por el Ministerio, a cada canario se le condonarían 1.468 euros por habitante ajustado, por los 1.873,62 de media de las CCAA, un 22% menos. Sin esa limitación del 50%, a cada canario le condonarían 2.238 euros, y Canarias ocuparía el quinto puesto por importe a condonar, que es un importe y posición más acorde a la situación de Canarias en términos de efecto del ciclo económico y financiación, por debajo de la media en el Sistema de Financiación Autonómico.

El decreto de asignación de cantidades de referencia del plátano, a un paso de su aprobación

• El Consejo de Gobierno celebrado hoy ha acordado solicitar dictamen al Consejo Consultivo sobre el proyecto de decreto de asignación y reserva de las cantidades de referencia para los productores de plátano según lo establecido en el POSEI

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy, 17 de marzo, solicitar dictamen al Consejo Consultivo sobre el proyecto de decreto por el que se regula la asignación de cantidades de referencia y de reserva para las personas productoras de plátanos, conforme a lo establecido en el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI).

Así, una vez realizados todos los trámites y recabados todos los informes preceptivos, y tras la valoración de las alegaciones presentadas en el trámite de información y audiencia pública, la nueva norma se encuentra en la última fase de tramitación, esto es, la toma en consideración por parte del Consejo de Gobierno y la solicitud de dictamen al Consejo Consultivo. Una vez recibido el mencionado dictamen, el proyecto de decreto se elevará a Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva.

El propósito de dicha norma es la adaptación a las modificaciones del POSEI y promover la estabilidad y sostenibilidad del sector, estableciendo un nuevo marco regulatorio, coherente e integrado, de la asignación y método de cálculo de las cantidades de referencia, mediante la aplicación de un límite de asignación de dichas cantidades, la ampliación de su periodo de revisión, y la identificación de la superficie asociada para el cálculo del rendimiento individual.

Asimismo, dicho texto contiene una nueva regulación de la reserva de cantidades de referencia no asignadas, a través de la implantación de procedimientos más ágiles y transparentes, que fomenta también el relevo generacional.

Este consta de un preámbulo justificativo de la norma, una parte dispositiva y una final. Los tres capítulos en los que se estructura la parte dispositiva contienen las disposiciones generales, la revisión de cantidades de referencia y la regulación de la reserva de las mismas. La parte final contempla una disposición adicional única en la que se recoge la excepción para las personas afectadas por la erupción volcánica de La Palma o por expropiaciones para la realización de equipamientos de interés general.

Esta norma recoge lo aprobado en la Proposición No de Ley (PNL) aprobada por unanimidad de todas las fuerzas políticas en el Parlamento de Canarias.