Se trata de financiación estatal que aún no ha sido incorporada a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma pero que el Ejecutivo libera para poder cubrir las necesidades de las familias en vulnerabilidad social con menores a cargo

El Consejo Territorial de Servicios Sociales aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 23 de junio de 2017, destinó a la Comunidad Autónoma de Canarias la cantidad de 2.419.822,00 euros. Esta misma cantidad se ha recogido en el Presupuesto de esta Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, con destino a la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia para 2018. Esos créditos aún no se han liberado por parte del Estado.

Sin embargo, el departamento de infancia ha de tramitar con carácter de inmediato, con la financiación estatal que figura en el Capítulo IV del Presupuesto vigente, esto es, 1.269.822,00 €, una serie de expedientes de subvenciones, en parte a través de una convocatoria genérica.

El objetivo de esta disposición de créditos es el de no retrasar el inicio de las acciones que se financian ya que las entidades se verían con graves problemas para su ejecución y, como consecuencia de ello, se dificultaría la posterior certificación y justificación de la utilización de los fondos ante la Administración General del Estado por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Cabe señalar que a través de esta aplicación presupuestaria se financian proyectos cuyos objetivos se fundamentan en la atención de las necesidades sociales de las familias canarias con niños y niñas a su cargo, de acuerdo con el objetivo transversal del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del citado Ministerio, de lucha contra la pobreza infantil (vinculado a la Recomendación de la Comisión Europea de 20 de febrero de 2013: “Invertir en infancia”) y los objetivos de mejora de la protección social y económica de las familias, especialmente de las que presentan situaciones de especial necesidad, definidos en el Plan Integral de Apoyo a la Familia 2015-2017.

El artículo 78.1 de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018 prevé que, cuando por la inevitabilidad de los compromisos legales o contractuales o la gravedad de los perjuicios en que se incurriría fuese preciso disponer de crédito, por acuerdo del Gobierno se podrán modificar, por razones de interés general, las limitaciones establecidas en el mismo, pudiéndose adoptar medidas compensatorias reteniendo en otros créditos.